No obstante, Gálvez optó por enviar a juicio a Charchal por los dos delitos. “Los delitos tienen relación”, dijo.
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Argumentos
Gálvez sustentó su resolución con el testimonio, como colaborador eficaz, de Juan Carlos Monzón Rojas, del 12 de abril de 2016. “El señor Monzón se sentó acá y explicó la ayuda que tuvo del señor Charchal. Esto se sustenta con las llamadas telefónicas que salieron de la Corte (Suprema de Justicia)”, explicó.
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La acusación que hizo la Feci contra Charchal Ramos el 9 de marzo del 2017 contiene 152 páginas y se sustenta de 103 medios de convicción, entre ellos el testimonio de Monzón Rojas.
La declaración dice que Monzón contactó a Charchal antes de ser elegido por el Congreso para la magistratura 2014-2019 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El fiscal Juan Francisco Sandoval recordó que Charchal Ramos debía “llevar a buen término” el acuerdo de TCQ para obtener el usufructo millonario en la Portuaria Quetzal durante la administración de Otto Pérez.
Las pesquisas contra Charchal Ramos se derivan de la “ayuda” que le hizo a Monzón Rojas para que se otorgara un amparo en definitiva que favoreció a TCQ. La Municipalidad de Puerto San José denunció a la entidad para que pagara Q24 millones que incluían el trámite, la licencia de construcción y el pago del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).
El exmagistrado “usó su poder y la jerarquía de su investidura para servir a la agrupación del (extinto) Partido Patriota”, mencionó el fiscal Juan Francisco Sandoval.
El amparo en definitiva fue otorgado el 10 de abril de 2015 después de “las influencias” de Charchal Ramos, mencionó Sandoval.
Esa trama de TCQ se desprende de las negociaciones que hizo para obtener el usufructo de Puerto Quetzal, para lo cual, según Monzón, la compañía acordó dar US$30 millones en sobornos, pero que solo llegó a dar US$10 millones
El exmagistrado renunció al cargo el 3 de septiembre de 2016 después que el Congreso le retiró la inmunidad. Estuvo dos años en prisión.
En este caso, la semana pasada fue sentenciado a cinco años José Daniel Luna Argueta, secretario de un juzgado, por el delito de cohecho pasivo, quien aceptó su responsabilidad de haber recibido la suma de Q50 mil a cambio de una resolución favorable para la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
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