La Feci y la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso el 2 de junio del 2016.
Las pesquisas se derivan de la información incautada con el caso La Línea, un año antes, en el cual están involucrados el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según la investigación, derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina.
Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.
López Bonilla fue detenido el 11 de junio del 2016 y procesado en el caso Cooptación del Estado.
El 20 de septiembre del 2018, López Bonilla fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel por fraude, en el caso denominado Blindados.
