En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.
“El último proceso de Mauricio López Bonilla que fue procesado dentro de lo que el Ministerio Público lo denominó Cooptación del Estado fue detenido el 11 de junio de 2016 e inicié la audiencia con 56 sindicados y se realizó la audiencia en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, porque en la sala de audiencia -del Juzgado- no cabían, allí estaban Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se inició el día hábil siguiente el 13 de junio, día lunes. Luego de iniciarse la audiencia de forma ininterrumpida el día 27 de junio se dictó el auto de procesamiento y el día 4 de agosto se dictó la prisión preventiva”, explicó Gálvez.
El juez luego señaló que “la resolución del 15 de junio no se afirma categóricamente que el abogado Miguel Ángel Gálvez no cumplió con la normativa legal, lo cual no se encuentra dentro de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia al responder el antejuicio planteado ya que únicamente le es permitido hacer referencia al antejuicio y no prejuzgar si existe una violación a la normativa jurisdiccional”.
La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.
“El juez prevaricador a sabiendas de que este es el único acto por medio del cual una persona ingresa a un centro de detención decidió arrogarse facultades legislativas y crear su propio procedimiento legal, su propia reglamentación por virtud de la cual no escuchó a las personas sindicadas, no escuchó a los abogados y, violentando los más elementales derechos de un ser humano decide remitirlos a prisión provisional”, criticó Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el 15 de junio recién pasado a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.
La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.
La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.
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Denunció amenazas a su función
Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez Gálvez enfrentarse a algún tipo de intimidaciones, lo que lo llevó a señalar pasividad de parte de los magistrados de la CSJ para atender el tema, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).
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En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez señaló que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.
En esa oportunidad Gálvez Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.
“A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, señaló Gálvez.
“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”, reiteró.
