En el proceso también se investiga el proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado €7.4 millones a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.
De acuerdo con “El Periódico de España”, el juez pone el foco sobre Tauler por el pago de una comisión de €30 millones para la concesión de un contrato para el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, así como para directivos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
Se detalla que lo que se investiga es la adjudicación a la empresa TCQ del proyecto de construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal en Guatemala, pero que por medio de sobornos se habría buscado “eludir la vigente normativa de contratación de Guatemala, logrando de este modo la sustitución del procedimiento normado de una concesión pública por la obtención sin una previa licitación”.
El juez sitúa a Tauler en el centro de la operación, ya que en la fecha de los hechos “era el presidente del Consejo de Administración de COPISA”. Precisamente, TCQ habría contratado a Copisa Constructora Guatemala en octubre de 2013 mediante un contrato cuyo objeto era la proyección y ejecución material de la terminal de contenedores.
En este sentido, García-Castellón señala que de las diligencias practicadas se desprende la relevancia de la intervención de Copisa, ya que se ha constatado la facturación a sociedades instrumentales a través de contratos de obra ficticios por importe de más de Q36 millones.
Detalles
Correos electrónicos interceptados dentro del “Caso Villarejo”, que se desarrolla en España, revelaron un pago millonario en sobornos de empresarios españoles al gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), también investigado en Guatemala por el caso TCQ (Terminal de Contenedores de Quetzal).
Según una publicación del diario digital español El Confidencial, las comunicaciones arrojaron más datos sobre “el cobro de mordidas” por concesiones en Guatemala en un caso que implica también al excomisionado español José Manuel Villarejo.
De acuerdo con la investigación de El Confidencial, los correos interceptados y que ya estaban en manos del juez del caso, van de marzo a diciembre del 2012, y revelan que los empresarios españoles Ángel y Álvaro Pérez Maura junto a varios directores de sus empresas ofrecieron al gobierno de Pérez Molina €30 millones por que fueran favorecidos con un proyecto en la terminal de contenedores de Puerto Quetzal.
Las comunicaciones se dieron entre los empresarios navieros y Juan Carlos Monzón, entonces secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, según el diario.
La investigación aclara que, una vez descubiertos por las pesquisas, los implicados españoles contrataron al excomisionado de ese país José Manuel Villarejo para que los librara de la extradición a Guatemala para enfrentar a la justicia, de donde toma su nombre el caso español. El diario revela que con Villarejo los empresarios pactaron US$10 millones en 2016 “para que moviera sus hilos”.
¿Qué dicen los correos?
El primer correo, fechado el 29 de marzo de 2012, está redactado con órdenes de Ángel Pérez Maura a sus directores para que siguieran al pie de la letra el proceso de “negociación” que se tenía con Guatemala, así como las formas de pago respecto de la misma. Los pagos deberían hacerse de una forma “que no sea discutible y nos dé tranquilidad para los próximos 25 años”, cita EL Confidencial.
Especial atención para las pesquisas merece el correo interceptado con fecha 21 de noviembre de 2012, donde la exvicepresidenta Baldetti les pide otros Q6 millones, que completarían Q30 millones, para ser favorecidos con el contrato de construcción en la portuaria. Sin embargo, en el comunicado Pérez Maura se queja con sus directivos de que la vicepresidencia “quiere imponerles al constructor” del proyecto, lo que le parece una alternativa que no puede ser aceptada.
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“Vuelve a la cifra de 30 (…) y para colmo (la vicepresidenta) se saca ahora que el constructor tiene que ser obligatoriamente amigo suyo”, se queja el empresario español. El correo, resalta la nota del diario digital, es enviado por el entonces secretario privado Monzón.
Los próximos correos develan las claras instrucciones de los empresarios españoles de enfocar esfuerzos para que todos los procesos “aparenten normalidad en el ámbito público”.
El último correo lo recibió personalmente Ángel Pérez Maura. En este se detalla la reunión de ese empresario con Juan Carlos Monzón, en donde abordan temas como la situación de ese entonces de la portuaria, la postura de Baldetti, cómo quedarían las comisiones y las formas y calendario de los pagos por las concesiones.
