El juez Toledo también otorgó arresto domiciliario a los integrantes del concejo municipal de Santa Catarina Pinula e impuso fianzas de Q25 mil hasta Q100 mil y prohibió a los acusados acercarse a la Municipalidad.
Los sindicados Pedro Peña Hernández y Cruz Fernando Pineda Ramírez, para salir de prisión deberán págar una fianza de Q100 mil, mientras Clara Luz Salvatierra, Augusto Silvestre Ramírez, Manuel de Jesús Barillas Guzmán, Manuel Antonio López Benítez, Héctor Augusto Jaime de Paz, Luis Francisco Concuá Rustrián, Felipe Chávez, y Julia Dolores Morales de la Roca deberán cubrir una caución económica de Q25 mil.
Los 10 integrantes del Concejo avalaron el pago de Q3.4 millones como indemnización para Coro. “Existen suficientes indicios para ser investigados”, resolvió el juez Toledo.
La acusación se centra a una demanda laboral que interpuso Coro. El síndico segundo, Pedro Peña, estuvo ausente ante una jueza de trabajo, lo que derivó en el pago de salarios atrasados. La suma fue de Q3.4 millones.
En este caso, el alcalde de la localidad, Víctor Alvarizaes, enfrenta un antejuicio que planteó la Fiscalía contra la Corrupción.
El caso
El caso contra Coro refiere que, en enero de 2015, el Concejo de Santa Catarina Pinula le otorgó prestaciones de forma “excepcional y por única vez” por Q330 mil 234, que incluían Q291 mil 831 por indemnización.
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El exalcalde se vio obligado a devolver ese dinero por una auditoría de la Contraloría que determinó que era ilegal, pero posteriormente demandó a la comuna ante un juzgado laboral para cobrar la indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 durante los 15 años de función pública ahí, con lo cual obtuvo un pago de Q3 millones 459 mil.
La investigación sostiene que Coro cobró cada año las prestaciones que reclamó en la demanda, con lo cual hubo una duplicidad en el cobro.
Los concejales de la administración de 2012 y 2016 están relacionados con este caso, fueron procesados del delito de peculado por sustracción, por haber avalado el pago de los Q330 mil 234.
Coro declaró: “Señor juez estaba contento con la indemnización de Q330 mil que me habían dado. Después me dicen que por un reparo de la Contraloría debo devolverlo un año después. Como mi tesis fue el derecho laboral internacional, interpuse la demanda. El monto de la indemnización no lo calculé yo”, declaró el exfuncionario.
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