En esa diligencia, el legislador y los abogados Emilio Dávila y Eduardo Velásquez solicitaron que se suspendiera el arraigo, aunque el juez Moto denegó la petición.
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La resolución del juez Moto se realizó una semana después que el legislador Blanco acudió a la Torre de Tribunales y pidió agilizar la investigación en su contra.
“Es increíble, es el colmo, que después de siete meses que se retiró la inmunidad el Ministerio Público todavía no haya hecho el análisis correspondiente a mi caso”, dijo Blanco al salir de la audiencia.
Apelarán
Curruchiche explicó que sí existe un proceso en el Juzgado Sexto Penal y hace falta solicitar la conexión del caso.
“Aún estamos en la fase de investigación, las pesquisas avanzan. Esta resolución se va a impugnar”, adelantó Curruchiche.
El diputado de la UNE está señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde el 24 de agosto del 2017.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a Blanco el 7 de marzo pasado.
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Señalamiento
La acusación se centra a que la agrupación política usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio, como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.
De hecho Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.
En cambio, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas sino que recayó en el rubro de aportes anónimos, según la acusación.
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Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros, detalla la investigación del MP y la Cicig.
El antejuicio que fue planteado señala que la UNE hizo pagos por Q1 millón 130 mil 725 en su mayoría en efectivo, que incurró en ilegalidad debido a que el dinero usado en campaña debe tener trazabilidad por el sistema bancario.
Feci señaló al juez
La Fiscalía solicitó el antejuicio contra Moto el 28 de noviembre de 2017 debido al retraso, durante más de un año, para que cumpliera con una orden de Sala de Apelaciones para enviar a la cárcel a la jueza separada Marta Sierra, quien está procesada en el caso Bufete de la Impunidad.
Según la Cicig, ese bufete era una “proveedora de impunidad” que contactaba clientes y ofrecía abogados con contactos con el Organismo Judicial para fallos a su favor.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el antejuicio de la Feci en contra de Moto y el caso aún se conoce en apelación.
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