El agente fiscal del MP, Saúl Sánchez, concluyó con la lectura de la imputación de los hechos de Cindy Dávila, secretaria ejecutiva de la Asociación Gente Positiva y de la estudiante Andrea Nicole Prera, quienes forman parte de la carpeta de investigación por la toma de las instalaciones de la Usac en 2022.
El MP tenía previsto efectuar la reproducción de videos como parte de los indicios de prueba; sin embargo, esto no fue posible debido a fallos en el equipo de cómputo, por lo que dio inicio con la calificación jurídica, es decir, la exposición de los hechos que supuestamente encuadran en un delito. La reproducción de videos se hará en la próxima audiencia.
Los sindicados escucharon la exposición de los hechos planteados por el ente investigador, desde la denuncia presentada por las autoridades de la Usac, la recopilación de indicios de investigación y una serie de publicaciones en redes sociales.
Uno de los señalamientos principales que plantea el MP, es que el cierre de la Usac fue por un interés político para ser utilizado como una plataforma para darse a conocer como figura política, debido a que varios de los sindicados forman o formaron parte de alguna agrupación política que participó en los comicios de 2023.
El fiscal también expuso que las acciones en 2022 no fueron para expresar rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector, sino que fue hecho con un interés político.
Luego de varias horas, el juez decidió continuar con la audiencia el próximo martes 20 de febrero.
En la audiencia anterior, el Ministerio Público (MP) efectuó la imputación de hechos a seis de los ocho acusados, entre ellos Hada Alvarado, excandidata a rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Paulo Roulet, estudiante de esa casa de estudios; y a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Usac Miguel Vásquez, Juan José García y Amílcar Enrique Bremer, quien indicó ser el secretario del sindicato, además es hermano del juez Jimi Bremer.
El caso
De acuerdo con el MP, en el 2022 la Usac presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.
El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la Universidad durante los 385 días que estuvo tomada.
La Fiscalía ha informado que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.
Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.
