De momento, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han desarrollado investigaciones por el caso La Línea, TCQ, la Cooperacha y Cooptación del Estado de Guatemala con la ayuda de Monzón, quien por instrucciones de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti negoció el cobro de comisiones ilegales exigidas a contratistas del Estado, para ser beneficiados con el otorgamiento de contratos o la acreditación de pago de deuda y la compra de bienes de lujo, entre otros hechos.
De momento, la Fiscalía y la Cicig han desarrollado investigaciones por el caso La Línea, TCQ y Cooptación del Estado de Guatemala, con la ayuda de Monzón, quien por instrucciones de Baldetti, negoció el cobro de comisiones ilegales exigidas a contratistas del Estado, para se beneficiados con el otorgamiento de contratos o la acreditación de pago de deuda.
Monzón también colaboró con la Fiscalía contra Delitos Económicos en la investigación del caso El Bodegón, por la compra irregular de granos básicos.
Con fuertes medidas de seguridad, Monzón acudió ayer al Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se encontró con Jorge Alfredo Guillén, procesado por el caso La Línea.
Guillén fue encargado de la aduana Santo Tomás de Castilla, y los señalamientos que el MP y la Cicig hacen en su contra indican que permitía el paso de contenedores pertenecientes a empresarios asociados a la estructura La Línea, los cuales ya habían pagado soborno a la red para que se les disminuyera el cobro de aranceles.
Monzón y su abogado Alexis Calderón, Guillén y el mandatario de la Cicig, Luis Fernando Orozco, dialogaron por varios minutos previo a que comenzara la audiencia.
Logran petición
En la diligencia, que se desarrolló a puerta cerrada, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que se brinde mayor seguridad para el colaborador eficaz y el procesado, para evitar hechos en los que su integridad pueda resultar perjudicada.
El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, indicó que Monzón y Guillén informaron al juez sobre hechos por los que consideran que podrían estar en riesgo, y que también aprovecharon la audiencia para solicitar la visita de algunos familiares y personas allegadas.
La Cicig acusa a más de 30 personas, en las que figuran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por supuestamete integrar una red que defraudó las finanzas del Estado al exigir de manera ilegal el pago de comisiones a importadores para que se le redujera el cobro de aranceles por el ingreso de sus productos. En el caso también se tiene como colaborador eficaz a Salvador González, alias Eco.
