“Soy un preso político y he sido tratado como tal”, dijo Zamora al insistir en su inocencia el primer día del juicio, el 2 de mayo.
La Fiscalía solicitó 40 años de prisión para Zamora por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, una pena desproporcionada, según su hijo, Ramón Zamora.
“Existen otros casos […] no se han dado las penas máximas y hasta se ha beneficiado a los imputados con medidas sustitutivas”, declaró Zamora hijo a la AFP.
El tribunal, presidido por la jueza Oly González, tiene previsto anunciar su fallo este miércoles.
Zamora dice que le vulneraron derechos
Zamora se dirigió al Tribunal y les pidió que le permitieran leer un escrito que tenía con detalles del caso, a lo que la jueza González dijo que no se permitía, pero que iban a anazliarlo.
Minutos despúes, la misma jueza le dijo a Zamora que debía ser más concreto y detallista en la última palabra que se le otorgaba.
Zamora leyó su escrito y dijo que valoraba que ese tribunal, en especial la presidenta, haya terminado con la violencia y terrorismo verbal con los que el juez contralor, la fiscal general -Consuelo Porras- y los querellantes del caso los estaban criminalizando.
Señaló que estuvo leyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se pudo dar cuenta que todos sus derechos fueron vulnerados.
Citó el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de mis derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra mi persona en materia penal”.
Zamora les dijo a los jueces que en la audiencia de primera declaración, en la etapa intermedia y en la audiencia de ofrecimiento de pruebas fueron atropellados, no se les dio acceso a indicios de prueba, pese a que llevaban 10 días aislados, incomunicados, sin dormir y sometidos a la presión psicológica.
Refirió que el juez, la fiscal y los querellantes, los retrataron como delincuentes, quedaron responsables de la carga de la prueba, aniquilaron y destruyeron la presunción de inocencia contraviniendo la ley.
En cuanto a las pruebas, citó el artículo 11 de esa normativa que dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Afirmó que este delito fue violado cuando en la audencia de ofrecimiento de pruebas le rechazaron casi toda la prueba indispensable para probar su inoncencia ante ese tribunal, pese a que su abogado explicó que era vital para el debate y para demostrar su inoncencia, pero fue rechazado violando su derecho de defensa.
“El propio juez anticipándose explicó que no le correspondía a él valorar la prueba y finalmente certificó lo conducente contra mi abogado y mi testigo, a quien coaccionó públicamente, y por cierto ambos terminaron en la cárcel.
“Quiero dejar constancia en este debate oral y público, a ministerio, se vulneraron el derechos siguientes: el derecho de defensa, el derechos debido proceso, artículo 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”
Dijo que dentro de su proceso penal ha sido atendido por más de 9 abogados defensores, tanto públicos como privados, la mayoría fueron perseguidos por el Estado de Guatemala, pues cuatro fueron encarcelados y 2 salieron del país y todo, según Zamora, para evitar una defensa técnica eficaz.
Zamora afirmó que cada abogado que tuvo tuvo menos tiempo de analizar su caso y eso lo perjudicó grandemente porque los plazos del tribunal ya estaban establecidos y no se pudo ejercer una defensa sólida.
El periodista comentó que se supone que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto y dignidad; sin embargo, cree que ese no fue su caso y como ejemplo dijo que en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el juez lo obligó a someterse a una prueba de voz, pese a que no era necesario, porque él ya había reconocido que los audios grabados y que están en el proceso correspondían a su voz.
También hizo ver que en esta última parte del debate, únicamente pudo hablar con su abogado unos 20 minutos de tiempo efectivo y eso le impidió hacer una buena estrategia de defensa, incluso cuando rindió testimonio el testigo estrella del MP y no se pudo presentar un buen interrogatorio.
Pide su libertad
“Concretamente, qué le pido al Tribunal: primero, que emita una sentencia absolutoria y se ordene mi libertad”, dijo. Zamora también aseguró que la pertición era porque el MP no pudo acreditar ningún delito, porque, según él, no lo hubo.
En cuanto al tráfico de influencias que se le señala, dijo que la acusación carece de elementos fundamentales como circunstancias de tiempo, modo y lugar y no indica cuándo, no establece fecha o período determinado, no indica dónde y no establece el lugar de comisión del delito y que esto hace inviable ejercer un correcto derecho de defensa, porque es impreciso y la ley establece que debe ser descrita la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible y que en su caso se cumple con este requisito.
Afirmó que su acusante, Ronald García Navarijo, en todo momento tenía el dominio el control y la potestad de acelerar o detener su propio proceso de colaboración eficaz en la Feci y que luego de la llamada de septiembre de 2021, entre esa fecha y enero hubo cuatro reuniones posteriores entre el MP y García Navarijo en relación a su colaboración eficaz.
“La serie de sucesivas grabaciones ilegales que emprende García Navarijo como agente encubierto, por cierto todas en su beneficio, a partir del 15 de febrero de 2021 fueron para parte de un proceso deliberado y guiado y sobre todo consciente de provocación de delitos que la Ley contra el crimen organizado, en su artículo 21 incluso prohíbe al propio Ministerio Público la aplicación de esta ley… la provocación de delitos no se diga un ciudadano común actuando por cuenta propia sin supervisión de ninguna naturaleza”, citó Zamora.
También dijo que el MP no pudo acreditar que él había cometido chantaje y que los testigos no señalaron ese delito. También dijo que uno de ellos refirió hechos que están fuera del período de imputación.
En ese momento la fiscal Cinthia Monterroso interrumpió a Zamora y le dijo a la jueza presidenta que según el artículo 366, dirección debate, que está en el Código Procesal Penal señalaba que: El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las protestas solemnes, moderará la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la libertad de defensa. Si una disposición del presidente es objetada como inadmisible por alguna de las partes, decidirá el tribunal”.
Fue por ello que la presidenta del Tribunal le pidió a Zamora que no siguiera utilizando los documentos que tenía porque se estaba refiriendo a situaciones que no eran pertinentes y le pidió que fuera más concreto y que hiciera sus peticiones.
Zamora insistió en que era inocente y relató que nunca, en las muchas denuncias que ha recibido por su trabajo, le hicieron algún señalamiento por chantaje.
Insistió en que el dinero que se le señala de haber lavado fue bancarizado y que hay un video y fotografías que muestran que en la diligencia cuando fueron a recogerlo las autoridades le cortaron los cintos bancarios a los fajos de billetes y los tiraron a la basura.
Previo a las palabras de Zamora, habló también Samari Gómez, exfislcal del MP señalada de revelación de información confidencial, quien pidió al tribunal que dictara sentencia absolutoria pues nunca se demostró que hubiera cometido ese delito.
También dijo que si en caso la sentencia era condenatoria, no se fijara una audiencia para reparación digna.
“Persecución y presión”
La Fiscalía acusa a Zamora de intentar blanquear unos Q300 mil “producto de chantajes y extorsiones” a empresarios para no publicar información en su contra.
Pero el periodista de 66 años afirma que ese dinero provenía en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto hace casi 11 meses.
“Si hubieran aceptado las pruebas que mi padre quiso aportar podíamos acreditar el origen lícito del dinero”, dijo su hijo.
Zamora acusa al presidente del país, Alejandro Giammattei, y a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de haber fabricado el caso para silenciarlo por publicaciones sobre corrupción en el gobierno.
Tras denunciar “persecución penal y presión económica”, el diario, fundado por Zamora en 1996, cerró definitivamente el 15 de mayo. En diciembre ya había dejado de circular en papel y solo mantenía la edición digital.
El Periódico había recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.
Algunos periodistas del medio se exiliaron luego de que un juez autorizó investigarlos por la cobertura de los procesos penales contra Zamora.
“Cargos espurios”
La Fiscalía abrió otros dos casos contra Zamora, uno por presuntamente intentar frenar una investigación por lavado de dinero y otra por el supuesto uso de firmas falsas en las boletas para viajar al extranjero entre 2015 y 2017.
Estados Unidos ha criticado estos procesos. “Criminalizar la labor de los periodistas […] atenta contra las normas democráticas y el respeto de la libertad de expresión”, dijo en marzo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Organismos de derechos humanos y gremios de prensa internacionales también han criticado el juicio contra Zamora, que tiene lugar en medio de la campaña de las elecciones generales del 25 de junio.
“Hemos documentado cómo están a punto de extinguir a la prensa independiente en este país”, dijo la semana pasada Juanita Goebertus, de la oenegé Human Rights Watch (HRW), al cierre de una visita a Guatemala.
Alertó que el proceso contra Zamora se suma a la “criminalización” y ataques a periodistas críticos, quienes enfrentan “cargos espurios” y sufren acoso. En Guatemala “faltan” garantías para la libertad de prensa, agregó.
“Modelo autoritario”-
El juicio contra Zamora y la nueva investigación que incluye a ocho periodistas y columnistas del desaparecido diario también son rechazados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que los tilda de “acto de intimidación” y “caza de brujas”.
“Estamos ante un claro acto de intimidación en contra de todo el periodismo de Guatemala”, dijo el viernes el presidente de la SIP, Michael Greenspon, en un comunicado.
El caso Zamora ocurre tras la detención de varios exfiscales y jueces que investigaron sonados casos de corrupción, quienes ahora son señalados en su mayoría de abuso de autoridad. Según HRW, ocho están presos y más de 30 exiliados.
La fiscal Porras “se ha dedicado a usar todas sus capacidades para perseguir a quienes en el pasado lucharon contra la impunidad”, afirmó Goebertus.
