—¿Una integración parcial de la nueva CC debilita el estado de Derecho?
Ni lo fortalece ni lo debilita. Esta es una situación perfectamente prevista en la Ley de Amparo, y existe un antecedente. Hace unos años la designación del magistrado Mauro Chacón fue impugnada y tardó siete meses para asumir. El segundo párrafo del artículo 156 de la Ley de Amparo es bien claro. Las designaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y del Consejo Superior Universitario son impugnables, y si se impugnan, sean de la clase que sean, los magistrados que deben ser sustituidos continúan en el cargo.
—¿Hubo algún error de procedimiento en la juramentación del Congreso?
El Congreso y el Organismo Ejecutivo son organismos políticos y los procedimientos que utilizan cambian con el tiempo. Por ejemplo, cuando se han hecho reformas constitucionales nunca se ha repetido el mismo procedimiento, porque no está regulado. El Congreso tiene libertad para establecer los protocolos necesarios para llevar a cabo la juramentación que está prevista en la Constitución Política. Se ha vuelto una lucha política la designación de magistrados. Los inconformes tratan de encontrar uno y mil vicios a cualquier procedimiento, pero la Constitución y la Ley de Amparos son claras. También está complementado con el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Con toda la experiencia constitucional que tengo, de tantos años y de haber sido profesor de esa materia en la universidad, no le encuentro ningún problema, más que las objeciones políticas que los grupos inconformes presentan.
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—¿Está bajo amenaza la certeza jurídica?
No, al contrario. La certeza jurídica se ha perdido en los últimos 10 años por las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. En realidad, algunos de los magistrados salientes se convirtieron en asesinos seriales de la Constitución. Esa es la razón por la cual la mayor parte de la gente, no solo por la insatisfacción, sino porque se ha dado cuenta de lo que ha estado pasando, de la manipulación y ha dado como resultado que ahora, por ejemplo, la gente que había manipulado la Corte, digamos la Fundación Myrna Mack con la Embajada de Estados Unidos, no pudieron lograr lo que querían.
—¿Habrá consecuencias?
La lucha continuará. De hecho, lo hemos estado viendo con las declaraciones de la asistente del Departamento de Estado —de EE. UU.— diciendo que fue una maniobra, cuando es un procedimiento establecido en la Ley de Amparos. Se ha politizado la justicia. Mientras no se despolitice, vamos a seguir viendo este tipo de luchas que lleva la política a los tribunales.
—¿Cómo se debe entender la integración de la Corte?
La Corte está integrada, de acuerdo con los postulados de la Ley de Amparo. Está integrada con los magistrados nombrados, y con aquellos que no pudieron ser juramentados serán sustituidos por los que sí estaban en el cargo por la institución que los designó.
