“La intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción, son reprensibles y deben cesar“, señaló en una declaración emitida por su oficina en Ginebra.
Señaló que se ha constatado un aumento de la criminalización de los operadores de justicia en los últimos doce meses en Guatemala, lo que claramente va contra la independencia del poder judicial y el Estado de derecho en el país.
Llamó la atención en particular sobre la situación de la exfiscal anticorrupción del Ministerio Público, Virginia Laparra, liberada recientemente de la cárcel para pasar a arresto domiciliario.
“Me preocupa que el proceso penal en su contra no haya cumplido con las garantías del debido proceso y que, en consecuencia, su detención durante cerca de dos años haya sido arbitraria”.
“Ella debería ser liberada incondicionalmente“, exhortó.
En este sentido, repitió su llamamiento a las autoridades para que tomen las medidas para garantizar la independencia del sistema judicial y brindar protección a los operadoras de justicia.
