“Creo que los elementos probatorios son fuertes y espero que la valoración de la fiscal llegue a una conclusión similar (…) en las próximas semanas”, apuntó.
Morales era secretario general del partido FCN-Nación en 2015 cuando esa agrupación habría recibido financiamiento electoral ilícito. El mandatario es señalado de haber solicitado financiamiento para el pago de fiscales de mesa.
La vocera del MP, Julia Barrera indicó que la fiscalía de Delitos Electorales está trabajando en los hallazgos de la investigación que surgieron de la información que ingresó al MP luego de que la tercera fase se judicialiazara.
“Hay algunas autorizaciones judiciales que se necesitan y los fiscales han avanzado en ello. Esa información dará un mejor panorama para decidir la siguiente fase”, dijo Barrera.
En el caso también están señalados varios empresarios que se acercaron al Ministerio Público (MP) y reconocieron haber otorgado fondos a FCN-Nación, por medio de la empresa Novaservicios S. A., que pagó directamente a los fiscales de mesa y emitió facturas por “conceptos varios”.
Tras su paso por Berlín y La Haya, Velásquez acudió a Bélgica para abordar la situación del país con los responsables para América Latina del Servicio Europeo de Acción Exterior, así como con el grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea para esa región.
“Todavía hay tantas fuerzas que confrontan la lucha contra la corrupción que no tenemos la tranquilidad de que vamos sin duda hacia adelante”, explicó el titular de este órgano independiente, que echó a andar en 2007 mediante un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y recomendar políticas para erradicarlos.
Con septiembre de 2019 en el horizonte como fecha en la que concluye el mandato de la Cicig, Velásquez quiere sumar apoyos para garantizar su continuidad en un país “aún capturado por las redes criminales”.
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Lamentó en particular que “el avance en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en materia de violación de derechos humanos” haya generado una “resistencia de los sectores que se han visto afectados”, como ciertos militares o empresarios o el propio Gobierno, que “van conformando un frente de reacción para impedir que avancemos”.
“No existe ningún sector intocable, que las investigaciones se hagan donde haya que hacerlas y, si encontramos elementos probatorios, los casos se presentan ante los jueces independientemente de quiénes sean los investigados”, dijo.
Según Velásquez, esta situación “se ha traducido en una campaña muy fuerte en contra del Ministerio Público, de la Cicig”, y recordó que en agosto del año pasado Morales lo expulsó a raíz de una investigación por financiación ilícita de su campaña electoral de 2015 y también por “una investigación por la que resultaron comprometidos el hijo y el hermano del presidente”.
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Sobre la nueva fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, Velásquez, dijo que tiene “esperanzas” en ella tras la buena colaboración mantenida con su antecesora, Thelma Aldana.
Velásquez rechazó haber recibido amenazas de muerte, pero sí lamentó enfrentarse a “una gran campaña de difamación”. “No nos sentimos amedrentados por acciones del Estado”, afirmó, aunque reconoció que “naturalmente hay dificultades”.
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Ante las tensiones con el actual Gobierno guatemalteco, Velásquez apuntó a tres claves para que la Cicig logre prolongar su mandato.
En concreto, se refirió al “gran respaldo ciudadano” del que goza la Comisión, con una aprobación del “71 %” entre la población, además de a las elecciones presidenciales previstas para junio del próximo año y a los “rendimientos electorales” que dijo genera mostrar apoyo a la Cicig al hacer campaña.
Por último, confió en el respaldo a la Comisión por parte de la comunidad internacional, en especial de la UE o Estados Unidos, que a su juicio tiene también un interés en mejorar el nivel de vida en el país para frenar la inmigración procedente de la región.
Velásquez consideró “indispensable” en Guatemala que, junto a la acción de la justicia, se logren las “reformas necesarias” para garantizar la independencia del sistema y su “capacidad de respuesta”, ya que actualmente “cerca del 90 % de los municipios de Guatemala carece de Ministerio Público”.
“Hay un 97 % de probabilidades de salir impune” si se comete un crimen, una cifra que anima a la reincidencia, señaló.
El jurista sentenció que, hasta ahora, “hemos conseguido realmente muy poco”.
“Los éxitos en investigación pueden ser considerados unos triunfos”, dijo, pero advirtió de que en la tarea de fortalecer el Estado de derecho “ni siquiera” se ha dado “el paso definitivo como para decir que éste es un proceso irreversible”.
Lo apoyan
Peter Lamport, integrante del Frente Ciudadano contra la Corrupción, que integra a varios sectores de la población, incluidos empresarios y organizaciones sociales, afirmó que hay necesidad de que la Cicig continúe por varios años en el país.
“Sentimos que aún hay un esfuerzo muy importante de colaboración con las autoridades del Estado de Guatemala para cumplir con la misión que originalmente fue solicitada”, explicó Lamport a Prensa Libre.
El excandidato presidencial también afirmó que el comisionado cuenta con el apoyo del frente y este tiene representatividad de varios sectores; además, dijo, en el momento oportuno el colectivo podría hacer un pronunciamiento respecto a la necesidad de la ampliación del mandato de la Cicig.
Se solicitó una postura del Ejecutivo a través del secretario de Comunicación Social, Alfredo Brito, sin embargo al cierre de esta nota todavía no se tenía una respuesta.
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