La Audiencia Nacional juzgará a partir de ese día a Carlos Vielmann, exministro de Gobernación, acusado de autorizar y supervisar entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006 la ejecución de ocho presos que se amotinaron o intentaron la fuga en dos cárceles del país centroamericano.
La Fiscalía pedirá para Vielmann 160 años de prisión, 20 años por cada uno de los asesinatos, además de la inhabilitación absoluta con el límite de cumplimiento de 40 años.
Asimismo, el exministro deberá indemnizar en 300 mil euros (unos Q2.4 millones) a los familiares de cada uno de los fallecidos.
La vista oral que celebrará la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y que está señalado hasta el próximo 22 de febrero, tendrá lugar casi tres años después de que la Sección Cuarta confirmase el procesamiento del exministro.
En noviembre de 2013, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de este órgano judicial Javier Gómez Bermúdez decidió sentar en el banquillo a Vielmann al considerarlo autor de la creación de una “estructura criminal parapolicial” y “un cuerpo clandestino del seguridad dentro del propio Ministerio de Gobernación”, equivalente al de Interior, para “ejecutar extrajudicialmente” a los reclusos.
Por su parte, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indicaron en su auto que existen indicios de la participación de Vielmann “en la cadena de hechos que determinaron el fallecimiento, en trágicas circunstancias del fugado de la cárcel conocida como 'El Infiernito' y de los siete penados que aparecieron muertos después del asalto a la cárcel de Pavón”.
Decisión
El escrito del Ministerio Público relata que Vielmann, de nacionalidad española desde 2009, diseñó el denominado plan Gavilán para la “búsqueda y recaptura” de 19 reclusos fugados en octubre de 2005 de la cárcel de Máxima Seguridad, conocida como 'El Infiernito'. Según apunta el fiscal –y así lo recogió en su auto Bermúdez–, el exministro y sus subordinados decidieron que tras la captura de los fugados, éstos no sería entregados a las autoridades penitenciarias, como estipulaba el 'plan Gavilán, sino que serían puestos a disposición del equipo policial para “matarlos”.
En esta operación, el 3 de noviembre detuvieron en una vivienda, a la cuál se accedió sin orden judicial –recuerda el escrito de la Fiscalía– al prófugo Edwin Santacruz Rodríguez, el cuál apareció muerto.
En el mes de junio de 2006, el procesado diseñó otra operación para retomar el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón', ubicada en Fraijanes. Según el fiscal, en esta ocasión el denominado plan Pavo Real tenía un objetivo “paralelo y oculto: causar la muerte a los reos que lideraban la población privada de libertad”.
Este plan, que se puso en marcha el 25 de septiembre de ese mismo año, fue presentado al entonces presidente de la República, Óscar Berger, quien “dio su autorización a la realización del asalto con el objetivo oficial de recuperar la gestión del centro”, dice el fiscal. En esta operación murieron siete personas.
En los dos casos Vielmann dio la versión oficial de que los prófugos trataban de huir y murieron tras un enfrentamiento armado con la policía. En el caso de la víctima de 'El Infiernito', se publicó un vídeo en el que se informa de que el prófugo viajaba en el vehículo, en el que apareció muerto, debido a un enfrentamiento con armas de fuego con la policía.
En cuanto a los prófugos del 'Pavón', también se difundió otro vídeo en el que se reconstruyeron las imágenes tomadas en el lugar de los hechos de la operación, “ocultando los hechos acaecidos”, señala el escrito de la Fiscalía, pues se alteró la escena del crimen colocando a los ejecutados con granadas de mano y un fusil para simular que murieron en otra reyerta con la policía.
El exministro guatemalteco fue detenido el 13 de octubre de 2010 en Madrid aunque quedó libre el 23 de noviembre después de que la Corte de Constitucionalidad no ejecutara la petición de extradición que había formulado.
