El informe precisa que durante el 2018 se intensificaron las tensiones sociales y políticas, y se observaron reacciones adversas a la lucha contra la impunidad y la corrupción. En este contexto, se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas lideradas por estudiantes universitarios, pueblos indígenas y grupos campesinos.
“Se registraron cambios radicales en el Ejecutivo, incluidas remociones y renuncias en ministerios claves. Como resultado, importantes políticas y reformas relacionadas con los derechos humanos sufrieron retrocesos, especialmente en el Ministerio de Gobernación”, cita el informe.
En cuanto al Congreso de la República, expresa que no avanzó en la adopción de leyes en áreas críticas de derechos humanos. “En lugar de ello, promovió una agenda regresiva que podría profundizar la impunidad, restringir el espacio cívico y debilitar los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
Liliana Valiña, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Guatemala, dijo que este informe se efectúa todos los años y se evalúa la evolución de la situación de los derechos humanos. Este año, “el informe parte de la base de la desigualdad, discriminación, la pobreza la impunidad, la migración, el narcotráfico y como caso especial los efectos de la erupción del Volcán de Fuego”, comentó en esta entrevista.
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¿Cuáles son los avances y retrocesos en temas específicos?
Uno de los temas centrales es la justicia, porque garantiza la protección de los derechos y ahí vemos que los temas de siempre, la lucha contra la impunidad y la corrupción, la independencia judicial, no solo si los jueces y magistrados son independientes, sino también las condiciones para el ejercicio de su función de manera independiente y autónoma se dan, y cómo actúa el entorno en el que trabajan desde lo interno y lo externo.
Se tienen como precedentes, ataques, amenazas de hostigamiento para tratar de desacreditar la credibilidad del sistema de justicia sobre todo en los casos de alto impacto. Uno de los avances que destaca en el marco de la justicia transicional son las sentencias emblemáticas que se dieron en el caso de la familia Molina Theissen, Dos Erres y el genocidio Ixil; sin embargo, hay una serie de retos que también determinan el contexto del 2018 en tensiones de luchas contra la impunidad y la corrupción, las tensiones sociales que eso genera y la agenda legislativa regresiva porque ahí finalmente en el Congreso podrían hacer retroceder varios años este tema.
Pero esa agenda tomó fuerza este año, con las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.
Efectivamente, eso ya lo señala el informe, porque estas propuestas legislativas ya vienen desde el año pasado, cuando tuvieron sus primeras lecturas, entonces este documento ya las revela como preocupantes porque comenzaron el año pasado y en el 2019 continuaron, por eso ya ha habido pronunciamientos de la comisionada Bachelet, así como de expertos internacionales, incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos.
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Ese es un tema que nos preocupa porque el acceso a la justicia es un tema central y la lucha contra la impunidad y pensamos que la reconciliación no puede darse sobre la base de la impunidad, al contrario, la justicia hace que las víctimas puedan seguir pensando en un futuro en el que haya respeto por sus derechos, entre ellos a la verdad, la justicia, la reparación digna y la garantía que esas situaciones no volverán a suceder, entonces el tema de justicia es un tema central.
Además, se reconocen los avances que ha habido en un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el escenario de tensiones que se dieron el año pasado a raíz de la decisión de manera unilateral del Gobierno de cortar el mandato con este organismo y las decisiones de amparo de la Corte de Constitucionalidad.
Las reformas a esta Ley no las programaron esta semana ¿será por los mensajes internacionales?
Sería irresponsable de mi parte hablar de eso, pero sí vemos que esta semana programaron otra legislación que puede llevar hacia a la impunidad, que tiene que ver con la posibilidad de liberar a personas que podrían estar siendo investigadas ya sea por la justicia transicional o por casos de corrupción, quienes podrían ser liberadas por la prisión preventiva. Esperamos del Congreso que mantengan vivas las necesidades y derechos que tienen las víctimas.
¿Qué opina de las denunciado de algunos jueces que han dicho que son amedrentados y el caso del señor Roberto Mota, ex jefe de seguridad del OJ?
La alta Comisionada Bachelet se ha manifestado en las últimas semanas sobre el tema de la seguridad y por las preocupaciones que han manifestado los jueces y magistrados en cuanto a los riesgos por su seguridad, entonces creo que efectivamente es un tema central. El informe que se presenta hoy en Ginebra plantea una verdadera preocupación en relación con la situación de presión para los jueces y juezas, en algunos casos internamente, a través de mecanismos de sanciones disciplinarias o de visitas a las audiencias del juez, el mismo día de la audiencia, situaciones que muestran que es muy difícil para estos jueces ejercer su función de manera independiente.
¿Qué tanto debilitan estas presiones al sistema de justicia?
Lo debilitan terriblemente porque trabajar casos de alto impacto, de mayor riesgo, justicia de transición y corrupción, evidentemente, plantea retos de seguridad para los fiscales, jueces y abogados, entonces el mensaje del sistema como tal, no es de que se está tratando de asegurar las mejores condiciones para que la justicia sea creíble, independiente y se desarrolle sin intimidaciones.
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