La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) encontró en la contabilidad de la firma 365 facturas emitidas por 15 proveedores inexistentes extendidas entre enero y diciembre del 2009.
En el curso de las pesquisas, los fiscales descubrieron que uno de los supuestos proveedores era en realidad un indigente que había muerto ocho años atrás.
Indigente muerto
Editora Educativa, según el sistema de Guatecompras, ha sido adjudicada con contratos de Q106 millones 640 mil 384.77. En el 2009, el año por el que la fiscalía investigó la defraudación, ganó contratos por Q22 millones 709 mil 555.30.
La SAT investigó la procedencia de facturas que sumaron Q10 millones 233 mil 712 y encontró proveedores falsos.
Carlos Rodas Godoy, de Central de Repuestos CRG, extendió, en teoría, a Editora Educativa Q1 millón 273 mil 983 por el mantenimiento de maquinaria para impresión.
La casa de la viuda de Rodas Godoy es una modesta vivienda en un municipio de las afueras de la ciudad. Néstor Chinchilla se muestra incrédulo cuando se le pregunta por quién fue su cuñado. “Él está muerto desde hace muchos años”, indicó.
“Se fue de la casa en el 2004, la bebida lo perdió, meses después supimos que vivía en las calles”, señaló Chinchilla.
“Desde ese año sabemos que ya no renovó su licencia ni gestionó algún préstamo, no tuvimos alguna pista que nos dijera lo que sucedió con él”, agregó.
Rodas Godoy nunca tuvo la capacidad para montar un negocio. “Trabajaba como mensajero en supermercados, en restaurantes, pero no podía dejar de beber. Para 2009 él ya estaba muerto. Ahora tendría unos 45 años”, comentó.
Su familia vivía en la zona 3, él vivió allí durante algunos meses y después desapareció. La madre de Rodas Godoy no dejó de buscarlo y hace ocho años tocó la puerta de la casa de sus tres nietos para contarles que su padre había muerto.
Las facturas extendidas por el indigente “no sobrepasaron los Q50 mil cada una para evadir la obligación de bancarizar los pagos”, explicó el fiscal Andrei González, quien estuvo a cargo de la investigación en el 2015.
El domicilio fiscal que el supuesto proveedor reportó en la 32 avenida 7-39, colonia Justo Rufino Barrios, zona 21 es una vivienda particular en la que aseguraron a los fiscales no conocerlo.
Durante cuatro días, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses buscó entre los registros de las personas sin identificar, pero no encontró el de Rodas.
Proveedores dudosos
Surtidores de juguetes, de ropa, hasta de insumos médicos figuran en la lista investigada por el Ministerio Público.
Además de la supuesta empresa de Rodas Godoy fueron auditadas facturas de la Importadora y Distribuidora Montego, que de acuerdo con la fiscalía, aparece en una decena de procesos.
David Enrique Fernández, quien en la patente de comercio figura como importador de cardamomo facilitó facturas por Q833 mil 674.
Heylin Fabiola Zúñiga, una aparente abastecedora de materiales de construcción, habría cobrado Q416 mil 784.42.
Luis Fernando Herrera Pérez, un supuesto aprovisionador de equipo médico, según la patente de comercio que tiene la fiscalía, giró facturas por Q1 millón 176 mil 240.
Sebastián Ordóñez Morales supuestamente brindó servicios de fumigación por Q1 millón 197 mil 694.
Muchos de los domicilios fiscales eran viviendas particulares, tortillerías o inexistentes, según las pesquisas.
Entre otros clientes, De León Pérez ha sido proveedor de los Ministerios de Salud y Educación, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Municipalidad de Mixco y el Organismo Judicial.
Error administrativo
De León Pérez explicó a Prensa Libre, por teléfono, que el proceso judicial en el que está involucrado es “un error administrativo y que se tomó la decisión de cancelar el adeudo”.
“Editora Educativa es una institución individual por eso aparezco yo allí”, comentó.
La compañía a la que representa pasa por un mal momento económico y tiene deudas de gobiernos anteriores, refirió De León Pérez y aseguró que antes de comenzar el debate parte del adeudo estaría cancelado.
El fiscal González afirmó que la persecución penal no se extinguirá aún cuando el sindicado pague a la SAT y deberá responder por los delitos de defraudación y casos especiales de defraudación tributaria en el juicio programado por el Tribunal Noveno.
