El 7 de junio pasado, la empresa Forza Cash Logistics denunció en un comunicado que dos de sus colaboradores se encuentran desaparecidos luego de que una de sus unidades fuera incendiada por supuestos pobladores en un camino entre Ixchiguán y Tajumulco, cuyos habitantes se encuentran en conflicto territorial.
En el comunicado, la empresa dijo que sus colaboradores fueron “secuestrados” por pobladores.
“Los ocupantes del automotor, quedando en medio de la balacera, siguieron los protocolos de seguridad establecidos”, dice el texto, que agrega que y al no transportar valores no opusieron resistencia al asalto.
El 10 de junio pasado, trascendió que en el lugar las fuerzas de seguridad habían localizado dos cadáveres carbonizados, cuyos restos fueron remitido a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de San Marcos, pero fue imposible determinar de quiénes se trataba.
Por lo anterior, los restos fueron remitidos a la sede central del Inacif de la capital, donde, de igual manera, no fue posible la identificación, por lo que ahora se procederá a otros análisis a cargo de antropólogos forenses, según se informó.
“Recibimos una serie de restos calcinados, los cuales están siendo analizados y posteriormente serán trasladados al área de antropología para determinar en primera instancia si corresponden a restos humanos, de ser así, se aplicarán los métodos científicos pertinentes para su identificación”, informó el Inacif.
Estado de Sitio
El Gobierno de Guatemala decretó el 8 de junio pasado un estado de Sitio en Tajumulco e Ixchiguá, San Marcos, fronterizo con México.
La Secretaría de Comunicación Social del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, indicó en un comunicado de prensa que el estado de Sitio obedece a la “vulnerabilidad de la zona”, tras un informe emitido por el Ministerio de la Defensa.
El Gobierno de Giammattei explicó que la decisión tiene como origen los “actos violentos” ejecutados por “habitantes y grupos armados” de la zona que han atacado “a la población y fuerzas de seguridad”.
Dichos ataques, añadió la nota de prensa, ponen “en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo” de la región.
La decisión del mandatario guatemalteco restringe garantías constitucionales como la libre locomoción y la posibilidad de llevar a cabo detenciones sin orden judicial, según la Ley de Orden Público y Estados de Excepción.
