“Es una amenaza velada”, dijo Contreras en rueda al prensa sobre el oficio de la PGN dirigida a los miembros de la junta directiva que señala supuestos delitos cometidos por él, ante lo cual les recomienda la destitución.
Según Contreras, la PGN se refiere a los miembros de la directiva y no a ella como un ente colegiado y amenaza con responsabilidades penales si no atienden la recomendación.
Expresó que existe un requerimiento puntual de Jorge Luis Donado, procurador general, que habría llegado directamente a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social.
Bajo ese planteamiento, el IGSS considera que la PGN se está saltando la institucionalidad y, en vista de que el asunto no provoca daño al Estado, lo cual es parte de sus competencias, se evidencia que la Procuraduría podría estar accionando por instrucciones de la Presidencia de la República.
Así, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que otorgue el amparo porque “un acto -la recomendación de remoción- al margen de la ley no puede tener validez”.
“Estamos pidiendo amparo ante la CSJ ante una evidente acción al margen de la ley que pretende afectar seriamente la autonomía del IGSS y al violar la autonomía lo que se pretende es minimizar todos los recursos que la seguridad social orienta, debe orientar y ha estado orientando en esta administración para el beneficio de los derechohabientes, de sus familias, de sus afiliados, verdaderamente es un deber el que venimos a cumplir hoy para preservar la autonomía de la seguridad social de Guatemala”, manifestó Contreras.
“El procurador general de la nación ha pedido que los miembros pongan un punto de agenda para separar al presidente y se justifica con artículo 14 de la ley del Ministerio Público que dice que cuando intereses de la nación se vean afectados debe de hacérselos saber a la entidad correspondiente; en el memorial o en el oficio o la carta que envió el procurador general claramente en la redacción hace ver que son responsables, eventualmente, de no atender la recomendación que él está haciendo, eso verdaderamente es bastante delicado (…) la otra opción es que el procurador actúa por instrucciones del presidente de la república”, amplió Contreras.
En un oficio del 21 de julio, Jorge Luis Donado, procurador general de la nación, traslada documentación a la junta directiva que describe “una serie de hecho que podrían ser considerados delitos” relacionados con Contreras.
Esos delitos, a criterio de Donado, podrían ser incumplimiento de información pública, hallazgos por denuncias del 2016 al 2019, prórrogas contractuales injustificadas e innecesarias, carencia de asistencia médico hospitalaria adecuada al hospital de enfermedades de la institución, entre otros, que para la PGN podrían evidenciar “la ineficaz administración” de Contreras en el cumplimiento de sus funciones.
Si bien, agrega la PGN, los miembros de la junta directiva del IGSS son inamovibles, esta no es absoluta pues hay mecanismos de rendición de cuentas de los recursos públicos.
PGN afirma respetar al IGSS
Cuando se conoció públicamente que existía algún requerimiento de la PGN para buscar la destitución de Contreras, se buscó la postura de Jorge Luis Donado, procurador general, quien fue claro en decir que respeta la independencia del Seguro Social, pero sí explicó que lo que hizo fue trasladar señalamientos contra Contreras que le fue entregado por un diputado.
“Se hizo de mi conocimiento una serie, una denuncia, que presenta un diputado, que ahorita no recuerdo el nombre, entonces que tiene que ver con hallazgos de la CGC y varias cuestiones y se gira a mi despacho lo que yo hago del conocimiento a la Junta Directiva del IGSS porque ellos son los fiscalizadores y contralores de que las funciones para los cuales fue creado el IGSS sean cumplidos, entonces son ellos los que tienen que determinar, que ellos verifiquen lo que me están enviando porque yo como funcionario no me puedo quedar con ese tipo de conocimiento que se puso a mi disposición”, argumento Donado.
Fue claro en que lo único que pudo hacer fue trasladar los hechos que le fueron presentados, pero asegura que en ningún momento pidió de manera explícita la destitución de Carlos Contreras, “yo no puedo hacer nada, yo no ejerzo la persecución penal, el IGSS es autónomo, entonces lo que hago es decirle a la Junta Directiva consideren esto, ustedes son los que califican la función que está realizando porque ustedes pueden fiscalizar s se están cumpliendo o no con los fines”, puntualizó.
Roces con el Ejecutivo
Desde el inicio de la emergencia por el coronavirus Giammattei ha tenido diferencias con el IGSS. En principio, apeló, sin éxito, a que el instituto suspendiera a los trabajadores cuyos empleos estaban en riesgo. También le atribuyó retrasos en el traslado de información sobre pacientes de covid-19 al sistema de salud y que no estaba atendiendo a sus propios afiliados, posturas que en su momento el IGSS negó.
Uno de los puntos que más estuvo en el ambiente fue que en apariencia el Seguro Social no trasladaba de manera oportuna los datos de los pacientes con coronavirus que atendían, lo que habría ocasionado retrasos en los datos oficiales.
Carlos Contreras fue ministro de trabajo durante la administración de Otto Pérez Molina y posteriormente llego al seguro social cuando fue detenido su antecesor, Juan de Dios Rodríguez.
La acción de amparo deberá de ser elevada a la cámara correspondiente para que proponga conocerla en alguna de las sesiones plenarias de la CSJ, que regularmente son los miércoles durante la mañana.
