De acuerdo con Human Rights Watch, el nombramiento del nuevo fiscal general y jefe del MP en Guatemala debe ser el resultado de un “proceso público, transparente e independiente” y reiteró que los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala “deben monitorear de cerca el proceso y sancionar a los individuos, incluyendo del sector privado, que socaven el Estado de Derecho”.
Señaló que está programado que la Comisión de Postulación presente una lista de seis candidatos el 20 de abril próximo al presidente Alejandro Giammattei, quien deberá nombrar al sucesor de Porras, cuyo mandato expira en mayo próximo.
Además, Human Rights Watch enfatiza que Porras “durante sus cuatro años en el cargo ha socavado las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos”. También señala que el MP ha iniciado procesos penales “arbitrarios” contra periodistas, jueces y fiscales.
“El mandato de Consuelo Porras como fiscal general ha sido una desgracia para el Estado de derecho en Guatemala”, dijo Taraciuk Broner, quien agregó que “su sucesor tiene la posibilidad de desempeñar un papel fundamental para proteger las instituciones democráticas o podría, en cambio, darle un tiro de gracia al Estado de derecho en el país”.
“Porras ha usado su mandato para bloquear investigaciones de corrupción que implican a políticos de alto nivel y convirtió al sistema de justicia en un instrumento de persecución penal contra críticos del gobierno, periodistas y jueces y fiscales independientes”, señaló Human Rights Watch.
Bajo su liderazgo, el Ministerio Público debilitó los procesos penales al destituir o transferir a los fiscales que lideran los esfuerzos por investigar y enjuiciar a personas involucradas en corrupción y otros delitos.
Desde que Porras asumió el cargo, 13 fiscales y cinco jueces se han ido de Guatemala debido a investigaciones criminales aparentemente espurias. Varios otros fiscales renunciaron.
El proceso de selección del nuevo fiscal, que comenzó en enero pasado, está a cargo de una Comisión de Postulación de 15 miembros, la cual está integrada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de todas las facultades de derecho de las universidades del país y dos representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Actualmente, la comisión está considerando a 15 candidatos, incluidos la fiscal general Consuelo Porras; el actual procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado; y el jefe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Óscar Dávila.
En una carta enviada a la Comisión de Postulación el 16 de marzo recién pasado, Human Rights Watch instó a sus integrantes a evaluar “rigurosamente” si la trayectoria profesional probada de cada candidato indica que estarían dispuestos y serían capaces de garantizar el buen funcionamiento del sistema de justicia penal y de administrar justicia imparcialmente.
“La comisión debe asegurarse de que todos los candidatos preseleccionados hayan demostrado tener la más alta honradez. Cada miembro de la comisión debe proporcionar una justificación clara y pública de sus decisiones, incluidos sobre cuáles candidatos apoya”, refiere Human Rights Watch.
Sanciones
Human Rights Watch considera necesarios que los gobiernos de otros países deben fortalecer las sanciones en contra de quienes promuevan las corrupción y la impunidad en Guatemala.
“Los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala, incluidos los de Estados Unidos y Europa, deben monitorear de cerca el proceso de selección y ampliar sus sanciones contra quienes participan activamente en los esfuerzos para socavar aún más la independencia del Ministerio Público y desmantelar el Estado de derecho”, advirtió Human Rights Watch.
Agrega que también “deberían examinar la responsabilidad de los empresarios en los esfuerzos por debilitar las instituciones democráticas”, pues de acuerdo con dicha organización, “años de investigaciones en Guatemala han demostrado que los empresarios han actuado en coordinación con funcionarios corruptos para copar los tribunales y que el dinero obtenido a través de la corrupción y actividades delictivas a menudo se utiliza para financiar campañas electorales”.
“Los funcionarios y empresarios corruptos están poniendo en serio riesgo las instituciones democráticas de Guatemala”, dijo Taraciuk Broner. “La comunidad internacional debe urgentemente redoblar su atención y sus esfuerzos para proteger la democracia en el país”.
Interferencia
De acuerdo Human Rights Watch, el proceso de selección de fiscal general se ha visto afectado por “varios intentos de interferir con la independencia de la Comisión de Postulación y con la imparcialidad y rectitud del proceso”.
El 6 de abril último, la fiscal general Porras advirtió a los integrantes de la Comisión de Postulación que podrían sufrir “responsabilidades administrativas y legales” si examinaban la información proporcionada por un abogado que la acusó de haber plagiado su tesis doctoral.
Porras dijo que la Comisión no tenía mandato para investigar esta tacha, porque no existe una sentencia judicial que determine que ella cometió plagio.
El 23 de enero pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa acusando a las embajadas, incluidas las de Estados Unidos y otras de países europeos, de “inmiscuirse en asuntos internos” luego de que solicitaron a la Comisión una reunión para conocer sobre su trabajo y cómo las embajadas podrían apoyarlos. Después de que el Gobierno se pronunciara, las embajadas cancelaron su solicitud de reunión.
Además, la Fundación contra el Terrorismo ha presentado varias acciones judiciales que “parecen destinadas a socavar la independencia e imparcialidad del proceso de postulación”.
Refiere que denuncias anteriores de la Fundación contra fiscales, jueces y funcionarios anticorrupción han dado lugar a varias investigaciones y procesos penales durante el mandato de Porras, y en ocasiones la Fundación “ha indicado que conocía decisiones del Ministerio Público antes de que estas se hagan públicas de forma oficial”.
Destaca que Estados Unidos ha sancionado a varios miembros de la Fundación contra el Terrorismo por presuntamente obstruir procesos penales sobre corrupción y enumera las más recientes acciones judiciales:
El 1 de febrero de este año, la Fundación presentó una denuncia penal contra David Gaitán, entonces miembro de la Comisión de Postulación y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, quien “había liderado esfuerzos en la Comisión para examinar exhaustivamente los antecedentes de los candidatos”.
La denuncia acusaba a Gaitán del delito de “abuso de autoridad” por no tener una maestría, un requisito para ser decano según las normas internas de dicha universidad; sin embargo, la Facultad de Derecho dijo que había suspendido la aplicación del requisito en este caso, pero el MP “avanzó rápidamente” con una investigación penal y el 2 de febrero solicitó información a la Facultad de Derecho sobre el nombramiento de Gaitán, quien Gaitán renunció a la Comisión el 3 de febrero.
También el 1 de febrero, la Fundación contra el Terrorismo presentó una demanda solicitando que el plazo durante el cual los candidatos han ejercido como jueces de primera instancia no se contabilice como parte de los 10 años de experiencia profesional que la Constitución exige para ser fiscal general.
Por lo anterior, el 17 de febrero, la Corte de Constitucionalidad emitió un “amparo provisional” a favor de la Fundación, lo cual revierte un precedente del mismo tribunal de 2014 y si bien los precedentes de la CC no son vinculantes, el “repentino cambio de reglas” bloqueó la candidatura de varios jueces anticorrupción de alto perfil que habían expresado su interés en postularse, entre ellos la exjueza Erika Aifán, “quien investigaba un caso de corrupción que implicaba al presidente Giammattei”.
El 17 de febrero último, el presidente de la fundación amenazó con presentar una denuncia contra la Universidad Landívar, cuyo decano de la Facultad de Derecho es miembro de la Comisión de Postulación, luego de que la universidad realizara un evento académico virtual con Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), sobre quien hay varias órdenes de captura “que parecen ser totalmente espurias” y ha solicitado asilo en Estados Unidos.
Con posterioridad, el presidente de dicha fundación presentó una denuncia penal contra el decano de derecho de la Universidad Landívar, acusándolo de ser un “instrumento” de la defensora de derechos humanos Helen Mack y de la embajada de Estados Unidos en Guatemala para “presionar” a la Comisión de Postulación para que nombrara a un fiscal general “de izquierda”.
Human Rights Watch refiere que, en años anteriores, las investigaciones del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), respaldada por las Naciones Unidas y cerrada por el gobierno del expresidente Jimmy Morales en 2018, “expusieron esquemas de corrupción en los tres poderes del Estado”; sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras “ha hecho retroceder a Guatemala varios pasos en la lucha contra la corrupción y la impunidad por violaciones de derechos humanos”.
En septiembre de 2021, Estados Unidos incluyó a Porras y a su secretario general, Ángel Pineda, en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como la Lista Engel, luego de que las autoridades de Estados Unidos señalaron que Porras “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales”.
Rechazan señalamientos
En tanto, el MP rechaza los señalamientos que hace Human Rights Watch y asegura que “cumplir con su mandato legal jamás puede considerarse algo arbitrario”.
“Bajo ninguna circunstancia. La Constitución Política de la República establece claramente cuál es la función del Ministerio Público. En ese sentido, el Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar todas las denuncias que se presentan”, señaló la Fiscalía.
Agregó que “cumplir con su mandato legal jamás puede considerarse algo arbitrario, es del deber ser del ente investigador, como en cualquier democracia”.
La Fiscalía refiere que “la actual administración del Ministerio Público ha sido garante del estado de derecho, actuando siempre con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la ley. Ninguna persona es superior a la ley y el Ministerio Público debe investigar para poder establecer así si existe o no la comisión de algún delito, para que posteriormente, si el caso es presentado ante juez, sea un juez de garantías quien resuelva conforme al debido proceso”.
