Fue magistrado de la Sala de Apelaciones de Femicidio y coordinador técnico del MP. Posee una maestría y un doctorado en Derecho penal y ve imperativo reforzar la capacitación y formación del personal. Asegura que se debe despojar de tintes políticos e ideológicos al ente de investigación.
¿Qué le motivó a postularse al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público?
Consideré que era el momento, pues cumplía con los requisitos para poderme postular para el cargo de fiscal general. Trabajé aproximadamente 10 años en la institución. Empecé por la fiscalía de Jutiapa, después fui trasladado a la metropolitana en Guatemala y posteriormente tuve un cargo administrativo.
Estos factores laborales me permitieron conocer a la institución desde diferentes perspectivas, desde lo netamente jurídico a lo administrativo.
Es una institución que aprecio mucho y que es muy importante para el sistema justicia porque lleva la carga de la prueba, de la persecución penal. Es una institución que debe ser técnica y profesional. Debe estar investida de tres principios fundamentales: la objetividad, la imparcialidad y el respeto a las leyes. Considerando esas circunstancias tomé la decisión de postularme para ver cómo aporto a la institución y al país.
¿Cuáles deberían ser las estrategias legales para descongestionar el sistema judicial?
Para hacerle frente a esta situación es importante que el Ministerio Público, que es una institución que por mandato legal tiene el monopolio de la investigación, tenga la capacidad de poder dotar al personal humano de todas las herramientas profesionales, técnicas y académicas para poder determinar si hubo o no un hecho delictivo.
Le voy a poner un ejemplo de cuando yo estuve en la fiscalía de Jutiapa. Quizá le sonará irrisorio, pero es cierto. En la fiscalía llegaban denuncias que creían que el otro le estaba haciendo brujería. Estas situaciones suenan irrisorias, pero el fiscal debe tener la capacidad para determinar si el hecho es o no delictivo para darle una salida inmediata, como lo establece la ley.
Se ha hablado mucho de la desestimación, pero para desestimar el fiscal debe tomar en cuenta dos factores importantes que están contenidos en el artículo 310 del Código Procesal Penal: que el hecho no sea constituido como delito o que no se pueda proceder.
Entonces, pienso que la desestimación es una salida importante. También existen otras salidas alternativas que se pueden aplicar; por ejemplo, el criterio de oportunidad.
También hay acuerdos y circulares de parte del Ministerio Público para llevar a cabo esto, pero se deben revisar acuerdos para determinar cuáles están obsoletos, cuáles realmente se apegan a la realidad o ya dejaron de funcionar. Porque esto genera burocracia y los fiscales ya no saben ni qué acuerdo aplicar.
¿Cómo evitaría la inclinación en beneficio hacia partidos políticos, agrupaciones o personas en el ejercicio de la acción penal pública por parte de los funcionarios de la institución?
Es un tema que se ha abordado mucho porque el Ministerio Público perdió su rumbo desde hace varias administraciones. El Ministerio Público no puede ser visto como una institución que tenga una ideología.
En primer lugar, hay que despojar de ideologías a la institución, no puede existir ningún interés ideológico porque se rompen principios que son los pilares, hablo de la imparcialidad y objetividad.
¿Cómo se asegura usted que sus acciones están impregnadas de objetividad, imparcialidad y se ajustan a la ley y tratados internacionales ratificados por Guatemala?
A lo largo de mi carrera no he tenido ninguna inclinación política, eso me permite tener la solvencia. Al final de cuentas yo he estado desprovisto de estas situaciones de interés político-partidistas y eso es lo que yo quiero llevar al Ministerio Público, para que se persiga a las personas que han cometido un crimen, casos en los que hay indicios racionales suficientes, y no estar persiguiendo personas por ciertos intereses sectarios o ideológicos.
Describa las iniciativas estratégicas que deberían llevarse a cabo en aras de cumplir los objetivos institucionales, y el mandato constitucional y legal.
El mandato constitucional y legal es que el Ministerio Público es una entidad auxiliar de la administración de justicia y de los tribunales. Entonces, partiendo de esa premisa, la institución debe tener mucho fortalecimiento académico.
He propuesto dentro de mi plan de trabajo fortalecer la unidad de capacitación. El personal debe ser evaluado periódicamente para que tenga las capacidades de poder llegar a un tribunal y hacer un buen planteamiento de los casos. Hemos visto a lo largo de la historia del Ministerio Público que o se hace una mala investigación, o se hace una buena, pero con una mala presentación ante los tribunales. Eso va en detrimento del trabajo.
¿Qué considera que sería lo más relevante para el jefe del Ministerio Público y fiscal general al momento de expresarse en público?
Lo más importante es hablar con la verdad, pero sobre todo respaldado por la ley, porque el Ministerio Público, el fiscal general, tiene que buscar la aplicación de la ley, pero para buscar la justicia, no para buscar venganza ni para complacer a sectores políticos. Tampoco para favorecer a sectores ideológicos, sino para aplicar la ley en la búsqueda de la verdad. La prueba es imparcial, no tiene ideología.
