Largo camino
En diciembre pasado, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo recibió una queja. Según el denunciante, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) incumplió con presentar la acusación en el caso Cooptación del Estado, pese a que la ley establece que cuando hay personas detenidas este trámite no debe exceder los tres meses.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) llama Cooptación del Estado a “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota, del año 2011”.
La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, después de haber recibido el informe del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del caso, ordenó al juez establecer un plazo a los fiscales.
De acuerdo con fuentes de la sala, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió que determinaría ese término hasta concluir con la notificación a todas las partes en el proceso.
La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo aún se encuentra en la tarea de avisar a 135 partes involucradas en la causa, incluso hay personas que no han sido localizadas.
El juez Gálvez niega ese extremo. La Sala de Apelaciones, asegura, es la que aún no envía la ejecutoria —documento que establece que no hay ningún recurso pendiente en cuanto a una resolución—. “No ha venido la ejecutoria. De lo contrario lo habría hecho de inmediato porque sino caigo en desacato”, afirmó.
Recordó Gálvez que además está pendiente de resolución la apelación presentada por los abogados defensores para que Juan Carlos Monzón no sea tomado en cuenta como colaborador eficaz.
Pidieron ampliación
La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo informó que después de que la queja fue resuelta, la Feci pidió una ampliación al plazo ya establecido para concluir la investigación.
Los fiscales presentaron un recurso de reposición —se le da este nombre porque lo que se pretende es que el órgano superior reconsidere la resolución que emitió—.
Fuentes de la sala indicaron que esta acción de la Fiscalía fue rechazada, pues es el juez encargado del proceso quien debe establecer el vencimiento para entregar la acusación.
“No puedo fijar plazos de ninguna clase hasta no tener la ejecutoria. ¡Tengo que apegarme a la ley!”, reiteró Gálvez.
Se le consultó al jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, si en efecto pedirán alargar el período de las pesquisas, y omitió responder.
En una conferencia de prensa, en el Ministerio de Salud, Aldana dijo estar preocupada por la dilación en los procesos.
“Realmente quisiéramos que los casos llegaran a sentencia, pero eso es un hecho que escapa de nuestro control, puesto que corresponde al órgano jurisdiccional decidir de la agenda y, en todo caso, se pediría a la Corte Suprema de Justicia —CSJ— agilizar todos los procesos que se están conociendo”, comentó la Fiscal General.
“Si hay retraso en el trámite de los procesos que llevamos en manera conjunta Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se debe a la agenda de los jueces”, agregó.
En el caso de La Línea, aclaró Aldana, “se han presentado 25 amparos, 34 apelaciones, 4 exhibiciones personales y una queja. De tal manera que todas estas acciones impiden que avancen los procesos judiciales”.
Al preguntarle al jefe de la Feci si existían recursos pendientes que resolver en La Línea respondió que no.
La audiencia de etapa intermedia —que se centra en la discusión de la existencia o no de fundamentos para creer que el sindicado es culpable o no— se celebrará el próximo 26 de enero, aunque estaba prevista para el 18.
Las pesquisas en La Línea comenzaron en mayo del 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en un posible contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos, de acuerdo con la Cicig.
“Para ello, la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como La Línea, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT —Superintendencia de Administración Tributaria—”, según la Cicig.
Prensa Libre intentó comunicarse con la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, pero no respondió a las llamadas.
Lo que dice el código
El artículo 324 Bis, del Código Procesal Penal, señala: “A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución concediéndole un plazo máximo de tres días”, para que presente la acusación.
Ese mismo código establece que si el fiscal incumple, “el juez lo comunicará al Fiscal General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente, para que tome las medidas disciplinarias correspondientes” y ordene la formulación de la acusación.
Abogados penalistas consultados coincidieron en que se incumple con lo establecido en el Código Procesal Penal.
“El juez no tiene por qué esperar ninguna ejecutoria”, afirmó el abogado penalista David Pineda.
“En una investigación cuando la gente está detenida el plazo es de tres meses. La Fiscal General habla de que los jueces han retrasado los procesos, pero ¿Y en el caso de Cooptación del Estado cuál es la actitud de la Fiscalía?”, se cuestionó el abogado Gustavo Juárez.
“El Ministerio Público sabía en qué plazo vencía la investigación y tenía obligación de presentarla. El juez Gálvez no podía emitir ninguna resolución en cuanto a emplazarlos porque había una apelación que lo inhibía de conocer el proceso”, comentó la jurista Sandra Bárcenas.
