Un claro ejemplo de las sospechas por posible corrupción saltaron a la luz cuando en una citación legislativa, del pasado miércoles, la ministra de Salud, Amelia Flores, comentó que están investigando algunas plazas fantasma de las que ya la cartera tiene certeza, pero hace falta que se cumpla con todos los trámites administrativos para que su auditoria interna pueda ser utilizada como una herramienta legal que podría dejar como resultado una nueva denuncia.
“En cuanto nosotros tengamos terminado todo el análisis de la auditoria lo vamos a presentar, espero que a mediados de este mes ya podamos tener un avance al respecto, tengo una investigación ahorita realizándose en recursos humanos, contamos con grabaciones de personas que se han atrevido a presentar los casos y eso es importante porque antes no había nada”, relató la funcionaria.
Cuando el ministerio de Salud estaba encabezado por el doctor Hugo Monroy, de la administración de Alejandro Giammattei, siempre en una citación parlamentaria quedó expuesto como un grupo de empleados, aparentemente, reciben honorarios por arriba de su preparación academia. Por este caso la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizó una auditoria dentro del ministerio que está próxima a evaluar.
Pandemia atrasa investigaciones
Aunque la Fiscalía Contra la Corrupción, que se encuentra a cargo del fiscal Stuardo Campo, trata de dar seguimiento a cada una de las denuncias recibidas en los últimos meses lo irregular en el horario de atención de algunas dependencias públicas ha ocasionado que las investigaciones no marchen en de la forma deseada.
“Relacionados con la pandemia tenemos bastantes denuncias algunas encaminadas al ministerio de Salud, de las ex autoridades del ministerio de salud, tenemos algunas denuncias contra el ministerio de Desarrollo Social, son varios los frentes investigativos que están abiertos y todos los casos van avanzando, hay algunas limitantes por la irregularidad en la atención de las diferentes instituciones pero estamos trabajando en todos los expedientes que se han recibido”, señaló Campo.
Una de las denuncias más conocidas por aparentes actos de corrupción durante el inicio de la pandemia fue la que presentó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción del Organismo Ejecutivo, en ella se señaló aparentes vicios en la adquisición de los medicamentos metilprednisolona, succinato y ceftriaxona, al mismo tiempo que salieron de la cartera salubrista los exviceministros Rodolfo Galdámez y Héctor Marroquín.
Una herencia de malas practicas
Aunque la mayoría de guatemaltecos se preocupe en cuidar su salud durante la pandemia y poder llevarle un plato de alimentos a su familia hay quienes continúan con malas prácticas y quizás hasta se aprovechan que no existan muchos ojos para la fiscalización. Un ejemplo de ello son las denuncias a instituciones públicas y hasta los antecedentes en materia de justicia que tiene nuestro país.
“Parece que este tema de la corrupción y sobretodo el tema de las plazas fantasmas representa un problema endémico para el país y es algo que se traslada de gobierno en gobierno y que ha sido muy difícil desaparecer incluso a partir de los múltiples esfuerzos para combatir lo de las plazas fantasmas esto sigue siendo un gran reto para el Estado de Guatemala, no es únicamente lo que ya está incrustado sino cada gobierno lleva consigo una cantidad de plazas de las cuales debe de otorgar y eso continúa debilitando el sistema de servicio civil en el país, sin hablar de los altos costos que se pierden producto de estas plaza corruptas”, refirió David Gaitán, consultor en temas de transparencia.
Decidimos verificar con el titular de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Óscar Dávila, si tenía conocimiento de las plazas fantasma advertidas por la ministra de salud y a su vez consultar cuantas denuncias han recibida directamente, pero como es costumbre con la mayoría de funcionarios del Organismo Ejecutivo no atendió la comunicación.
La recomendación del experto es clara: es necesario vigilar el uso que los funcionarios e instituciones de gobierno están haciendo de los fondos públicos para evitar despilfarros en las arcas del Estado, que tarde o temprano todos pagaremos al momento de cumplir con las responsabilidades fiscales o al sufrir todo un calvario para lograr atención en los hospitales públicos.