Sobre esa investigación se podrían desprender otras informaciones que pueden involucrar a políticos y empresarios, y para evitar el avance de esas pesquisas, a la coordinadora de la Cicig en Quetzaltenango, María Martin y el investigador financiero de la comisión, Fernando Robles les revocaron las visas.
El proceso penal de Quetzaltenango vincula a los capturados con contrataciones municipales que ascienden a Q73 millones, por los que se habrían dado comisiones ilegales de unos Q25 millones.
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Otro a quien se le revocó la visa es al investigador financieron, Vicenso Caruso, que es de nacionalidad italiana y que es un experto en rastreo de capitales y lavado de dinero.
Caruso es uno de los investigadores que dio seguimiento al caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). La revocatoria se dio luego de exponer ante la Comisión Pesquisidora del Congreso que conocía el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, aunque finalmente el Congreso decidió no retirarle la inmunidad al mandatario.
Niegan visas
La Cancillería, luego de tener casi tres meses los pasaportes de los investigadores de la Cicig, denegó la visa de cortesía a César Rincón y Luis Fernando Orozco, quienes son litigantes en varios procesos donde la Comisión es querellante adhesiva.
Rincón representa a la Comisión en los casos IGSS-Pisa y Botín Registro de la Propiedad, en este último están involucrados Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente.
Orozco es el responsable de llevar el proceso penal denominado La Línea y es el mandatario de la Cicig en el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación. Ambos son colombianos y tiene más de 10 años de trabajar en el ente internacional.
A Yilen Osorio, quien estuvo a cargo de la investigación del caso Traficantes de influencias, en la que se señala al diputado Felipe Alejos, también se le revocó la visa. Roque Veliz, investigador uruguayo que participa en el caso contra Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia separada del cargo, corrió con la misma suerte.
Seguirán trabajando
Por considerar que son visas de cortesía, los funcionarios de la Cicig seguirán prestando sus labores al ente internacional como expertos en misión de Naciones Unidos, en el marco del derecho internacional público.
El acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala establece en el artículo 6, que el Gobierno de Guatemala proporcionará toda asistencia necesaria para la realización de sus funciones, tendrán libertad de movimiento sin restricción alguna a través del territorio de Guatemala.
También el artículo 10 detalla sobre los privilegios e inmunidades del comisionado y personal de la Cicig por lo que disfrutará de inviolabilidad personal, inmunidad jurisdiccional penal, civil y administrativa, inviolabilidad de cualesquiera papeles y documentos, las mismas inmunidades y facilidades respecto a su equipaje, propio o personal.
El exviceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, indicó que no renovar y revocar las visas es más un tema político que administrativo.
Según el exfuncionario, “el trámite de renovación de ese tipo de visados, en otros tiempos era una cuestión totalmente automática”.
La experiencia de Martínez señala que los documentos para los expertos de Cicig o de cualquier otro organismo, “se enviaban con una nota verbal y la Cancillería simplemente le daba trámite, no entraba a conocer si procedía o no porque son visas de cortesía”.
El exfuncionario explicó que en el país hay varios organismos internacionales que están acreditados en Guatemala y que ante esto “no cabe ningún cuestionamiento, simplemente darle el trámite y máximo en el caso de los funcionarios que tienen 10 años en Guatemala, porque han tenido una renovación de visa automática”.
Por lo anterior, el exviceministro afirma que “no hay una explicación que sustente -la no renovación de las visas-, a no ser una explicación política”.
No otorgar estos documentos genera inestabilidad en los expertos extranjeros y sus familias -dos de las visas son para familiares-, en especial si hay menores de edad entre los afectados, según Martínez, quien afirma que esta acción no permite que hagan su trabajo de la mejor manera.
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“Creo que es el momento de inestabilidad y de inseguridad que se ha creado alrededor de la Cicig”, señala el exfuncionario.
Sancionan a trabajadores
Al menos seis trabajadores de la Comisión que estuvieron involucrados en la agresión en contra de Alfredo Andrés Zimeri Sandoval en junio del 2017, ya no trabajan para la Cicig, según se tuvo conocimiento.
Al personal involucrado, ya no se le renovó el contrato y fueron devueltos a sus países de origen.
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