Así lo expuso Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), quien considera que el mensaje es muy claro al señalar que “está involucrado en procesos de tan alta gravedad que son de trascendencia transnacional, lo que obliga a las autoridades de Estados Unidos a imponer esas medidas”.
El Departamento de Estado del referido país prohibió el ingreso al empresario y exfuncionario guatemalteco por señalamientos de corrupción en el Gobierno de Álvaro Colom.
La decisión se da en un momento en el que Alejos es sospechoso, según un informe circunstanciado con base en investigaciones efectuadas por el Ministerio Público (MP), de buscar influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.
El mensaje del Departamento de Estado, según Sandoval, es que “el fenómeno de la corrupción, pese a la crisis sanitaria -por coronavirus-, es un tema que no debe desaparecer del mapa; por el contrario, las personas que se dedican a la corrupción aprovechan los estados de Calamidad para enriquecerse”.
El jefe de la Feci define a Alejos como “una persona vinculada en muchos de los casos de corrupción, y muchos de los ataques que recibe la Feci se acentúan cuando se hacen diligencias relacionadas con él -Alejos-”.
Los ataques son por medio de redes sociales y campañas de desprestigio, agregó.
En la investigación más reciente denominada Comisiones Paralelas 2020, los fiscales denunciaron seguimientos por personas que conducían vehículos a inmediaciones de un hospital privado ubicado en la zona 2, y en el que el exsecretario privado de la Presidencia recibió, a pesar de tenerlo prohibido, a diversas personalidades que aspiraban a una magistratura.
Argumento
El comunicado emitido ayer por Estados Unidos expone: “En su capacidad oficial como Jefe de Gabinete del expresidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de Derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su Gobierno”, y está firmado por Mike Pompeo, secretario de Estado de EE. UU.
“Además del Sr. Alejos, el Departamento designa públicamente a su esposa, Beatriz Jansa Bianchi; su hijo, José Javier Alejos Jansa; su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa, y su hija menor”, añade.
La semana última, el embajador de EE. UU. Luis Arreaga reconoció la labor del Ministerio Público y del fiscal Sandoval.
El diplomático resaltó la importancia de casos como “Comisiones Paralelas”, que evidencia la corrupción en procesos viciados y la cooptación del sistema de Justicia.
Ranferí Díaz Menchú, abogado defensor de Alejos, vía telefónica afirmó que hasta ayer no había recibido notificación de las autoridades de EE. UU. sobre prohibición de ingreso y relaciones financieras con ese país.
“El señor Alejos tiene ocho años de no salir del país y su familia se ha limitado a no abandonar la República de Guatemala, y esa es la razón por la que en los procesos en los que se encuentra ligado ha obtenido medidas sustitutivas porque ha demostrado el arraigo en el país”, defendió el jurista.
Díaz Menchú adelantó que sostendrán una reunión con la familia Alejos para analizar la decisión.
Informe revelador
El informe respecto del caso Comisiones Paralelas refiere que se identificaron redes que operan desde dentro y fuera del sistema de Justicia para influir en la toma de decisiones. “Incluso algunos grupos se han especializado en vender servicios de impunidad”, señala.
Entre los resultados de la investigación, el MP sostiene que Dina Ochoa, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), tuvo contacto con Gustavo Alejos mientras estaba ingresado en un sanatorio privado.
“Las cortes que resulten electas en el proceso que debió finalizar en 2019, y que a la fecha continúa en trámite, serán las que en definitiva resolverán la situación en los distintos procesos de Alejos Cámbara”, puntualiza la Feci.
Mensaje al Congreso
Luego de una resolución de la CC, deberán ser los diputados al Congreso de la República quienes elijan a los magistrados.
Al ser consultada por Prensa Libre, la diputada del bloque Winaq Sonia Gutiérrez aseguró que la decisión del Departamento de Estado responde al contexto en que se encuentran.
“Estamos en el Congreso ya próximos a elegir a los magistrados de las cortes. Entonces, este mensaje viene a posicionar la postura de Estados Unidos en cuanto al proceso en el que nos encontramos. Es un mensaje en el sentido de que EE. UU. se desmarca, de alguna manera, ante todos los vínculos de corrupción”.
Por su parte, Boris España, del partido Todos, asevera que esto no implica algún mensaje para los diputados, ya que son decisiones que toman las autoridades de Estados Unidos que van acorde a los actos de las personas.
Refirió que, si existen personas ya vinculadas o señaladas en casos de corrupción, ellos toman las decisiones en los hechos que cometen, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema de cortes. El informe de la Feci no es vinculante, insistió, y hay inconstitucionalidades, por lo que lo califica de poco claro.
