Además, 13 implicados más enfrentarán juicio, son empresarios que según las pesquisas del MP fueron financistas del cancelado Partido Patriota y luego se beneficiaron con contratos durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Alejos enfrentará juicio por el caso Negociantes de la Salud y tiene procesos en primera instancia penal en los casos Financiamiento del partido UNE, Transurbano y Red de Poder y Lavado.
Señalados
- Alberto Rafael de León Escobar
- Alvaro Mayorga Girón
- Julio Alejandro Quinto Tobar
- Ana Graciela López Gálvez
- Marco Antonio Recinos Sandoval
- Denis Leonel Linares Juárez
- Boris Alberto Linares Juárez
- Max Roberto Burgos Faillace
- Juan Luis Ortiz Álvarez
- Jack Irving Cohen Cohen
- Denis Benjamín González Zepeda
- Edna Maribel Berganza Colindres
- Gustavo Adolfo Alejos Cámbara
- Boris Orlando Navas Aguilar
- Adolfo Fernando Peña Pérez
El caso
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso el 2 de junio del 2016.
Las pesquisas se derivan de la información incautada en el caso La Línea, un año antes, por el que ya esperan debate el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La investigación adelantada, derivado del trabajo de investigadores financieros, develó un complejo esquema que detallaba una maquinaria de lavado de activos, meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota (PP) del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina y Baldetti.
El juez Miguel Ángel Gálvez envía a juicio a Gustavo Alejos y otros 13 empresarios por el caso Cooptación del Estado. Además, dicta sobreseimiento a Jack Cohen -no enfrentará debate- porque no hay suficientes indicios.| pic.twitter.com/l7HORxe60E
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 18, 2019
Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del PP, justo después de perder las elecciones del 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015), señala el expediente.
Esto llevó a las autoridades a la conclusión de que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.
En el caso del financiamiento electoral no registrado, a la estructura criminal del PP se Ie hizo fácil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo, según el Ministerio Público y la Cicig.
Actuación de empresarios
Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del referido partido les indicaban, a sabiendas de que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de los casos se trataba de empresas de cartón, indican las pesquisas.
Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear como el “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repitió constantemente, de acuerdo con la investigación.
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