Gustavo Alejos: el operador político y su lado oscuro

Dicha actividad llamó la atención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que describió al empresario como un “caso emblemático” por su papel de “recaudador” y lo señaló de “enriquecerse” y construir “redes de tráfico de influencias”. Su apogeo político, según la Cicig, llegó en el mandato de Colom.

En dicho gobierno, Alejos fue nombrado secretario privado de la Presidencia, el cargo de mayor cercanía y confianza del mandatario. La Cicig indicó que ello le permitió tener una mayor incidencia política y se convirtió en facilitador de “negocios propios y ajenos”.

“Influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante ese período (2008-2012), las empresas vinculadas a él fueron beneficiadas con contratos públicos”, expuso la Cicig. Los casos que después se abrirían en su contra apuntan a que esa participación en los asuntos públicos  trascendió a los gobiernos que sucedieron a Colom.

Fue así que las pesquisas lo vincularon a la venta irregular de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la entrega de sobornos a políticos,  enriquecimiento por la implementación del transporte público en la capital, el financiamiento irregular de dos partidos políticos y la manipulación de la elección de las  cortes.

Además, después del supuesto amaño para la selección de los magistrados judiciales,  declaró ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) que le había “gustado” el tema. Su intención, dijo, era arreglar sus “problemas”, que entonces constaban de cinco procesos judiciales. Ahora solo uno sigue activo, tres  fueron cerrados y en  otro aceptó los cargos.

Negociantes

El descubrimiento de una red que concentraba las compras de medicamentos en el IGSS provocó que Alejos huyera. El caso fue presentado el 27 de octubre del 2015 por la Feci y la Cicig, y fue denominado  Negociantes de la Salud.
 Eso lo llevó a ser uno de los hombres más buscados del país y por el que se ofrecía una recompensa de Q100 mil. A su vez, la Interpol activó una alerta para su detención donde se encontrara. Tras dos meses de estar prófugo, el exfuncionario se entregó a la justicia.
 Se le imputaron los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo, por ser uno de los empresarios que obtuvieron  contrataciones millonarias irregulares en el IGSS, por su cercanía y los sobornos entregados a los funcionarios del Seguro Social.
 Este es el único proceso en el que el exsecretario fue sentenciado, al acogerse a la figura de aceptación de cargos. Por ello, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal   lo condenó a ocho años y ocho meses de prisión conmutables, y lo obligó a pagar Q310,900 para reparar el daño por haber manipulado las ventas de fármacos en el IGSS.

Cooptación del Estado

Uno de los mayores casos de corrupción descubiertos en el mandato del PP involucró a Alejos, esta vez en el  denominado Cooptación del Estado, cuya investigación fue dada a conocer el 2 de junio del  2016. En el marco de esta pesquisa fueron detenidos numerosos políticos que, señaló el MP, estaban relacionados con actividades criminales.
 La Feci y la Cicig  imputaron a Alejos de financiar al PP con el fin de beneficiarse con contratos del Estado, una vez  Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti hubieran llegado al Ejecutivo. Los aportes no se hicieron de forma directa, sino por medio de empresas, al parecer, inexistentes.
 La acusación del MP sostuvo que para ocultar el origen del dinero y no reportar los ingresos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), las entidades “fantasma” facturaban las contribuciones como bienes o servicios que no se prestaron. En una de las audiencias, el empresario reconoció haber dado apoyo “en especie” a dicha organización política.
 No obstante, afirmó que los fondos en mención eran lícitos y salieron de sus cuentas bancarias. Pese a ello, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez lo envió a juicio, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó el cierre del proceso, porque la tipificación por la que se le acusó no estaba vigente en el momento en  que ocurrieron los hechos.

Caso Transurbano

“Intervino durante todo el procedimiento fraudulento”, insistió la Feci y la Cicig, al señalar al exfuncionario de haber participado en la sustracción de Q270 millones del Estado, dinero que serviría para la implementación de los autobuses de Transurbano en la capital.

 La erogación se concretó durante el mandato de Colom, quien también estuvo sindicado en el mismo caso. Según el MP, durante su gestión se cometieron varias irregularidades relacionadas con la puesta en marcha de ese nuevo sistema de transporte.

Una de ellas fue la suscripción de un acuerdo gubernativo que otorgó a la Asociación de Autobuses Urbanos los citados recursos, pero sin haber llevado a cabo   los estudios para determinar si dicha entidad tenía la capacidad operativa, técnica y financiera para echar a andar esa nueva forma de movilidad urbana.

La investigación puntualizó que Q1.96 millones que servirían para activar el Transurbano fueron transferidos a Alejos. El ex secretario privado de la Presidencia, de acuerdo con la imputación, habría empleado ese dinero para comprar acciones de una empresa de comida rápida. Este caso sigue activo y enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero, aunque él aduce que no firmó ningún “acuerdo gubernativo que beneficiara a nadie”, pues no estaba  entre sus funciones.

 Financiamiento electoral

La actividad política más recurrente del empresario fue conseguir y proporcionar financiamiento a los partidos. En este contexto, entregó  aportes al PP y después a la UNE, según el MP, de forma ilícita.

La Feci y la Cicig lo sindicaron de financiamiento irregular, por un supuesto aporte de Q500 mil para la campaña  de  Torres, de la UNE, en el 2015. Para ocultar el apoyo económico, según la investigación, el dinero no habría ingresado de forma directa a dicha agrupación, sino que se canalizaron a través  de la entidad Maariv, la cual simuló la venta de materiales de construcción a favor de uno de los hijos del empresario, con el propósito de darle apariencia de legalidad a la transacción. El mecanismo fue similar al utilizado por el PP.

 La pesquisa sostuvo que estas operaciones buscaban ocultar al TSE las colaboraciones que la UNE recibió de parte de Alejos y otros donantes. El caso fue cerrado a finales del 2022 por la jueza Claudette Domínguez, quien determinó que la investigación no tenía sustento legal.

Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero

El exfuncionario se convirtió en el centro de un conjunto de maniobras para la recepción y entrega de sobornos millonarios, que le sirvieron para enriquecerse y mantener su influencia en la política, fue  la tesis de la Feci y la Cicig en el caso denominado Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

 Las dependencias lo señalaron de recibir como dádiva US$7.29 millones del constructor José Maynor Palacios Guerra, para que le gestionara en el gobierno de Colom el pago de la deuda que el Estado tenía con las empresas Sigma Constructores, H.W. Contractors y Lanello Contratistas Generales.

 Ese dinero habría servido para comprar apartamentos en un exclusivo edificio   capitalino, que a su vez habrían sido dados como soborno a Juan de Dios Rodríguez cuando este se desempeñaba como secretario privado de  Pérez Molina y los habría seguido utilizando cuando asumió como presidente del IGSS, donde Alejos tenía negocios.

La pesquisa señala que parte de la dádiva entregada por Palacios Guerra habría sido invertida en la adquisición y construcción de una vivienda en la zona 15 capitalina. El inmueble fue dado en alquiler a la hija de Pérez Molina, a quien Alejos pudo haber sobornado con otra casa. El caso fue cerrado y, según la defensa de Alejos, mucha información en ese expediente no fue corroborada por el MP y tampoco se desarrolló una “investigación profunda”.

Comisiones Paralelas 2020

El ex secretario privado de la Presidencia se encontraba preso por el caso denominado Red de Poder, pero obtuvo autorización para recibir atención en un sanatorio de la zona 2 capitalina del 2019 al 2020. En ese lugar, la Feci constató que se movilizaba con libertad fuera del centro médico, no tenía custodia y se reunía con poderosos operadores de la elección de cortes.

 Estos hechos fueron sometidos a conocimiento de la exjueza Erika Aifán, quien decidió agregarle el delito de evasión en el caso Red de Poder, después cerrado. Sin embargo, fue a causa de los movimientos del empresario que dicha unidad de investigación documentó que, al parecer, hubo amaño en la selección de los  magistrados.

 Alejos brindó información a los fiscales y describió la forma en la cual, se supone, se cooptaron las instancias judiciales por medio de negociaciones ilícitas, la elaboración de una lista de aspirantes afines y mecanismos de votación en las sesiones de las postuladoras.

 Varios abogados fueron detenidos por el caso denominado Comisiones Paralelas 2020. En cuanto a Alejos, el MP no le imputó ningún delito por dicha causa judicial. De momento, el expediente sobre la posible manipulación en el nombramiento de los togados está bajo reserva y no han registrado avances desde hace dos años.

Niega las acusaciones

 Gustavo Alejos envió por escrito su postura sobre los casos en los que ha sido señalado, como una petición directa a este medio, luego de que su abogado ya había respondido sobre los mismos.

Alejos manifestó que, por generaciones, su familia se ha dedicado a la agricultura y la agroindustria. También dijo que su padre, Roberto Alejos Vásquez, fue un líder político de su época, tanto en su partido como en el Congreso. “Esto hizo que, desde pequeño, tuviera contacto con el mundo político y empresarial”.

“Es cierto que tuve cierta facilidad para involucrarme en política, debido a mi contacto previo con políticos, pero nunca me involucré en política con el afán de participar en actividades penadas por la ley ni mucho menos en negocios ni tratos oscuros. No tenía ninguna necesidad de hacerlo”, acotó. Respecto de las referencias hechas por la Cicig, el empresario subrayó que en ningún momento se enriqueció ni fue facilitador de negocios propios o ajenos.

Además, refirió que apoyó a Álvaro Colom en su campaña presidencial y realizó varias actividades con el sector empresarial para obtener su apoyo. “Sin embargo, en ningún momento fui el encargado de las finanzas del partido ni de recibir aportes de otras personas. Es más, mi paso por la política me ha hecho perder más dinero del que he ganado”, añadió.

Asimismo, comentó que ha financiado varias campañas políticas, “siempre con dinero lícito y propio”. Explicó que no tenía los registros acerca de si contribuyó con el PAN. Sí apuntó que su apoyo ha estado dirigido a personas y proyectos en los que ha creído que pueden hacer un cambio positivo para el país. “Lamentablemente, algunas de estas contribuciones fueron aprovechadas para perseguirme penalmente, como fue el caso del financiamiento al Partido Patriota y a la UNE, a pesar de que en ningún momento fueron actos ilegales ni ilícitos”, aclaró.

En torno a sus expedientes judiciales, expuso que se “han cerrado por sí solos, algo que, al leer las acusaciones y revisar las supuestas pruebas, era obvio”. “Los fiscales lo sabían, pero utilizaban un juego mediático para sentenciar a las personas públicamente, lo cual influenciaba tanto a la población como al Organismo Judicial”, declaró.

Alejos dijo que en un caso en específico —Negociantes de la Salud—, tomó la recomendación de sus abogados y aceptó los cargos para “finiquitar el proceso” y evitar los desgastes que implica un “juicio prolongado”. Por último, el exsecretario aseguró que las investigaciones de la Feci y la Cicig, en su caso, fueron utilizadas como “herramientas de persecución política”. “Además, intentaron atacarme psicológicamente, cambiándome varias veces de centros de detención, para desestabilizarme”, puntualizó.