Esta mañana comparecieron todos los procesados en este caso que investigó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Alejos, quien también está procesado en los casos Cooptación del Estado de Guatemala, Financiamiento Electoral a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Negociantes de la Salud, accionó y la audiencia se detuvo en el Juzgado Undécimo Penal.
La recusación de Alejos se centra en lo sucedido la semana pasada cuando se reprogramó la apertura a debate en donde el juez Cojulún explicó el motivo de la audiencia en una sala de la planta baja de la Torre de Tribunales.
El empresario alega que el juzgador había adelantado su resolución, algo que le sorprendió al fiscal Hugo González porque fue el quinto intento para realizar la audiencia desde el año pasado.
El 3 de octubre del 2018 fue la primera vez que se reprogramó la apertura a debate por la ausencia de algunos sindicados que no fueron llevados a Tribunales por los guardias de Presidios.
Este año se realizaron tres intentos desde el 22 de abril sin que inicie la audiencia. Otro intento fue el 22 de mayo con excusas de los abogados y el 21 de junio porque la sala de audiencias era pequeña para los 34 procesados.
La investigación
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) plantearon la investigación en la judicatura explicando que durante 2008 y 2009 integrantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la administración del presidente Álvaro Colom. Alejos era el Secretario privado del exmandatario.
Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009, inclusive.
Las pesquisas se remontan a 2008 cuando en el seno de la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público se tomó la decisión de implementar un sistema prepago en buses de la ciudad capital. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por agentes públicos y privados para lograr la sustracción de Q270 millones.
Según la investigación del MP y la Cicig, el supuesto fraude para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 y con ello la erogación de los recursos. De esta manera, el Acuerdo Gubernativo fue la llave que permitió la asignación financiera a la AEAU de Q270 millones, sin mayores controles. Es decir, los responsables de la guardia y custodia del patrimonio estatal utilizaron una serie de artificios para defraudar al Estado y con ello a los agremiados de la AEAU y a la sociedad en general. El Acuerdo traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a la AEAU.
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La fase dos
El evento Seguridad y Transporte fue conocido el 13 de septiembre del 2018.
Según la investigación del MP, después de la aprobación del subsidio en 2008 y 2009 un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado Q80.1 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público. Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporada de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del Proyecto.
La investigación preliminar evidenció que, para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.
La Feci informó que la investigación determina la sustracción de Q17.7 millones por parte de la estructura criminal. En esta etapa ya están procesados el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, quien fue candidato a la presidencia por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) y Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, quien dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).
Líder en la fase tres
La Feci y la Cicig explicaron también el lavado de dinero u otros activos en el caso Financiamiento electoral ilícito partido Líder que se conoció el 13 de diciembre pasado.
La sociedad Expansión Corporativa Milenium junto con Rutas Metropolitanas del Transporte, S.A., sustrajeron al menos Q6.5 millones de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar al partido Libertad Democrática Renovada (Líder) durante las campañas de Manuel Baldizón en 2011 y 2015, según el MP.
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