Esta semana un bus de la empresa Rutas Nacionales, que circula entre la capital y San Marcos vía ruta al Pacífico, CA-2 Occidente, fue blanco de un ataque armado en su estación en la calzada Aguilar Batres. Le dispararon para hacer que paguen la extorsión, es la versión de las autoridades.
Ese mismo día, integrantes de una banda que opera en la ruta Interamericana, entre Los Encuentros, Sololá y Chimaltenango, no solo asaltaron a los pasajeros de un bus de transportes Aracely, sino que abusaron sexualmente de una adolescente de 17 años y una mujer de 18. El Ministerio Público (MP) aseguró que ya investigan el hecho en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), hasta ahora sin resultados concretos.
Aunque las empresas de transporte extraurbano no han presentado una denuncia formal, sí a trascendido que están bajo acecho no solo de extorsionistas, sino de bandas de asaltantes, según confirmó Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Lo mismo ocurre con el gremio de taxistas y mototaxistas. El 23 de agosto, en la avenida Elena y 9a calle zona 1 capitalina, murió baleado Juan Acevedo de 45 años, piloto de una unidad. Una mujer, que iba como pasajera, resultó herida y se recupera en un centro asistencial.
Al día siguiente atacaron a otro taxista, José Gómez, de 32 años, en la 3a avenida y 3a calle de la zona 9. La segunda víctima mortal en menos de 24 horas. A ambos conductores los atacaron sicarios en motocicleta.
De acuerdo con las cifras de la PNC, hasta julio de 2022 acumularon 9 mil 388 denuncias de extorsión, sin embargo, por la incidencia que se ha reportado en agosto, todo apunta a que se pueda superar las 14 mil 414 que se reportaron en 2019.
Las autoridades vinculan estos hechos con las pandillas, en especial la del Barrio 18 y personas que se hacen pasar por integrantes de esas estructuras, los imitadores, quienes continúan operando en el país.
Las cifras de la PNC en 2022 colocan al departamento de Guatemala como el que más denuncias recibe, con 4 mil 804, seguido de Escuintla y Quetzaltenango con 587 y 474, respectivamente.
Mientras que Sacatepéquez suma 436 casos; Suchitepéquez, 343; Santa Rosa, 322; Chimaltenango, 312; Retalhuleu, 249 y Baja Verapaz 235. Estos son los departamentos que conforman el top diez de los lugares con más extorsiones en el país.
El análisis de las autoridades, en primera instancia, es que, en Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango, están los principales centros carcelarios del país, y es desde ahí donde se están coordinando las extorsiones por medio de llamadas.
Además, es donde se mantiene presencia de grupos criminales como el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y los imitadores. Mapas de inteligencia policial han determinado que es en estos departamentos donde operan las pandillas y generan la violencia por medio de las extorsiones.
Aunque eso sí, según aclaró un investigador de la PNC, otras están ocurriendo desde otros lugares. De acuerdo con el análisis que hacen las autoridades, un factor que ha disparado las denuncias por extorsión son aquellas que se hacen por intento de estafa, pero “las personas denuncian por extorsión”, aseguraron.
Lo preocupante de todo es que muchas de las llamadas que se hacen las víctimas están pagando por temor a que los maten. Otro porcentaje solo queda en eso, en amenazas, confirmaron fuentes policiales.
Sin embargo, hay una cifra negra que por ahora se desconoce, porque hay personas que, por miedo, no denuncian las llamadas que reciben, de acuerdo con la fuente.
Menos pero igual tendencia
De acuerdo con Walter Menchú, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en el último Índice de Denuncia de Delitos (IDD), se estableció que “las denuncias por extorsión disminuyeron en julio, pero aún están por arriba de las mil” y la tendencia es al alza.
La tasa, según Menchú, está en 80.8 por cada 100 mil habitantes. A pesar de que a finales del año pasado cerró en 77. Según el analista hubo un aumento de 4 puntos en la tasa de extorsiones y sigue siendo un delito que afecta mucho a la población, y según él se debe cambiar la estrategia para combatirlas porque evidentemente hasta ahora no han funcionado los planes de las autoridades.
El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) también llevó a cabo un análisis de datos sobre las extorsiones. Coinciden con el Cien en la disminución de extorsiones en julio, pero alertan que no es tan significativa porque viene “fluctuando desde meses pasados”.
“Las extorsiones, como delito contra el patrimonio, que además atenta contra la integridad y tranquilidad de la ciudadanía, se han reportado más durante mayo y junio, mientras en julio se observó un descenso importante –1 mil 164–, como el segundo registro más bajo, solo por encima de enero –1 mil 135–”, explicó el experto de Iepades, Francisco Jiménez.
“Creo que las acciones de las autoridades han funcionado. Hay que decirlo. Lo importante es que las personas sigan denunciando el hecho y tengan confianza en hacerlo. Las extorsiones, aunque hubo un pequeño descenso, es significativo porque da la idea de que están trabajando en buena forma. Pero no deben descuidar ese aspecto”, expresó Jiménez.
