El pasado 14 de diciembre, las autoridades guatemaltecas ubicaron un jet G3 en Petén, donde incautaron 1 mil 28 kilos de cocaína (una tonelada). Datos del gobierno de Colombia indican que la droga había sido producida en un laboratorio operado por la Nueva Marquetalia, un grupo disidente de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en ese país, y que la aeronave despegó de una pista clandestina en Venezuela.
“Guatemala, por su posición geográfica, es un embudo en la ruta principal de droga hacia los Estados Unidos”, dice Gerson Alegría, jefe de la Fiscalía de Narcoactividad.
Los datos del gobierno colombiano revelan que el citado cargamento de diciembre estaba dirigido hacia miembros o socios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo fue posible debido a información recabada por las autoridades colombianas en un laboratorio que ubicaron en junio pasado. El mismo 14 de diciembre, las autoridades de Guatemala también capturaron a tres oficiales militares, entre otras personas, vinculados al CJNG: el mayor de Aviación Carlos Enrique Durán Cáceres, el capitán segundo de Material de Guerra Ángel Eliberto Vargas Urízar, y el teniente de Infantería Walter Vinicio Contreras Munguía. Sólo tres semanas antes, Durán Cáceres mostraba al mandatario Alejandro Giammattei un nuevo equipo aéreo adquirido por la Fuerza Aérea de Guatemala para operaciones antinarcóticas.
El poder de infiltración de las organizaciones del narcotráfico está demostrado con la cooptación también de altos funcionarios públicos, afirma el analista Mario Mérida, exoficial de inteligencia militar y exviceministro de Gobernación. Dos ejemplos son la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla (que EE. UU. vinculó al narcotráfico hace cuatro años). También está el caso del expresidenciable del desaparecido partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Estrada. El excandidato fue capturado por cargos vinculados al narcotráfico en abril de 2019 en EE. UU., poco después que, en una reunión con policías encubiertos que fingían ser miembros del Cartel de Sinaloa, admitió que también había sido abordado por el Cartel Jalisco.
Los tres detenidos en diciembre pasado tenían acceso a información privilegiada que filtraban a la red de trasiego para burlar operativos de búsqueda de las aeronaves, y la incautación de cocaína, particularmente en Petén y Retalhuleu. Estos departamentos son el destino de al menos el 60% de los aterrizajes de aeronaves del narcotráfico. El Ministerio Público (MP) no ha vinculado a los detenidos oficialmente con el caso del 14 de diciembre en Petén, pero sí a la incautación de 200 kilos en noviembre en Quetzaltenango. El MP agregó que la estructura también operaba en Sacatepéquez, Alta Verapaz y Escuintla.
En un caso no relacionado, la Fiscalía consiguió la captura en 2019 y condena en diciembre pasado de Otoniel Lima Recinos, el primer alcalde procesado por narcotráfico en el país. Lima era alcalde en Nueva Concepción, Escuintla, un caso en el que hubo otros 35 condenados.
Es la primera vez, en años recientes que las autoridades vinculan decomisos y capturas (como las de diciembre pasado) a una estructura particular, como el CJNG, que fue relacionado extraoficialmente con un tumbe de droga supuestamente ocurrido mayo 2021 en Raxruhá, Alta Verapaz. El citado cartel se abroga la propiedad de la droga en un vídeo que circuló en redes sociales en septiembre pasado, pero además también ha anunciado que opera en el sector de La Democracia, Huehuetenango, un dato no confirmado por las autoridades. En México, el gobierno sí ha admitido que el Cartel Jalisco le disputa el estado de Chiapas al Cartel de Sinaloa, y a ello obedecen varios hechos armados ocurridos en la zona fronteriza el año pasado.
Ningún otro aterrizaje había sido vinculado a otro cartel, incluyendo el de Sinaloa en los últimos dos años. El hecho de que el CJNG tiene rutas de trasiego en el país, les disputa espacios a rivales de más larga data, y que ha logrado penetrar estructuras estatales, demuestra que Guatemala todavía es un puerto de llegada importante en Centroamérica para la cocaína.
Esa condición, al menos desde diciembre de 2018, la comparte con el sur de México, particularmente en cuanto al trasiego aéreo. Apenas dos días después del hallazgo del jet en Petén, las autoridades en México ubicaron una aeronave en Chiapas, que aterrizó a unos 160 kilómetros de la frontera con Guatemala.
Mismo papel, nuevos detalles
La novedad está en los detalles. Por ejemplo, la fluctuación que muestra EE. UU. en incautaciones desde 2018 es un zigzag: subió en 2019; bajó en 2020, el primer año de la pandemia; y volvió a subir en 2021: de 23 toneladas a 45, después bajó a 26, y volvió a subir a 44 el año pasado. Vigil explica que volvió a los volúmenes previos a la pandemia porque ya no hay tantas restricciones en las fronteras, como en 2020, que impidan el contrabando de precursores hacia Sudamérica. El último trimestre de 2021 es el que menor incautación mostró desde 2019, según cifras del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
En Guatemala, no se observa el mismo movimiento. En 2021, incautó 10 toneladas, en contraste con las 13.6 de 2020, y en 2019, otras 18.8 toneladas (el mayor número a la fecha), según datos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC). El año pasado, por cada kilo incautado, tres llegaron a EE. UU. De hecho, El Salvador incautó más cocaína que Guatemala, con 10.7 toneladas, según fuentes de gobierno, de las que 4.1 toneladas eran trasportadas por vía marítima. No obstante, Alegría y Vigil señalan que el tráfico es mayor en Guatemala.
El volumen de las incautaciones no necesariamente es paralelo al volumen trasegado, y lo comprueba la diferencia en las cantidades de cocaína incautadas en EE. UU., 90% de la cual, según ese país, pasa por Guatemala. En este contexto, la corrupción en fuerzas del estado, como en el caso de los tres militares, podría jugar un papel en los bajos decomisos.
Otro factor de vulnerabilidad del país es la situación socioeconómica agudizada por la pandemia, según Mérida. “Se generó desempleo, y el aislamiento de varias comunidades las hizo propicias para utilizarlas como lugares de trasiego”, señala el exfuncionario.
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La baja en la incautación de cocaína en Guatemala también se atribuye a dos factores: la reducción en la producción de cocaína en Colombia en 2020 debido a la dificultad para el contrabando de precursores, ante las restricciones en las fronteras impuestas a raíz de la pandemia del Covid-19; y la captura de 72 extraditables por narcotráfico, a pedido de Estados Unidos, entre 2020 y 2021, una cifra que supera las 64 capturas realizadas durante cuatro años del gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). No obstante, el argumento se desploma al observar que las incautaciones aumentaron en EE. UU. el año pasado, retornando casi al nivel de 2019, mientras en Guatemala siguieron bajando.
El número de aeronaves ubicadas en tierra, y vinculadas al narcotráfico, también bajó de 54 en 2019 a 18 el año pasado. Paralelamente, el trasiego marítimo, origen del 50% de la cocaína traficada en 2018, se redujo a menos del 5% en años siguientes, para volver a ser al menos la mitad del modo de transporte de los trasiegos el año pasado. Estos datos muestran que los narcotraficantes siguen buscando las rutas menos vigiladas para hacer llegar la droga a Guatemala.
Guatemala todavía es un país de tránsito para cocaína enviada directamente desde Sudamérica o vía Honduras, por vía marítima o aérea. También es un punto clave para lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según Michael Vigil, exagente de la DEA (Agencia Antridrogas de EE. UU.). Alegría coincide en que parte del tráfico terrestre en Guatemala corresponde a cocaína transportada desde Honduras. Aunque en julio pasado, el entonces presidente, Juan Orlando Hernández, decía que, ese país era un “territorio hostil” para el narcotráfico.
Para el 8 de noviembre, Honduras había incautado 14.5 toneladas, casi cinco toneladas más que Guatemala en 2021, y habiendo capturado a 27 extraditables, menos la mitad de cuantos capturaron las autoridades guatemaltecas el año pasado: 57.
El fiscal Alegría afirma que las extradiciones acaban desarticulando estructuras. Sin embargo, Mérida afirma las capturas no tienen impacto en las estructuras de narcotráfico, que tienen una funcionalidad descentralizada, que impide que sufran un impacto en el tema operativo. “La repercusión de la captura de los extraditables es que Guatemala aparece como un estado comprometido con la agenda de EE. UU. para limitar o contener el narcotráfico”, dice el analista.
Otra parte importante del trasiego por tierra obedece a los cargamentos trasladados por aire que las autoridades no logran incautar después de ubicar la aeronave. Un ejemplo es el caso de los 200 kilos ubicados en Quetzaltenango en noviembre, y que fuentes militares vinculan a un jet que aterrizó en Retalhuleu. Mérida subraya que Guatemala también es clave para la recepción de droga por la facilidad para trasladarla por tierra hacia México. “Se dice que hay más de 100 pasos ciegos en la frontera con México, pero en realidad es toda la frontera, y lo mismo ocurre con El Salvador y Honduras”, afirma el analista. “No hay capacidad para vigilar, tal vez sólo los 15 o 20 kilómetros donde está la unidad militar, pero nada más”.
Según Alegría, la estrategia de regionalizar las investigaciones ha permitido salvar algunas distancias, como por ejemplo en el caso del Arpón de Neptuno, que incluyó colaboraciones con Colombia, Ecuador y EE. UU. El caso de diciembre pasado también incluyó un intercambio con Colombia y autoridades estadounidenses. Alegría afirma que las investigaciones conjuntas son claves particularmente para la detección de una aeronave, que requiere tomar acción de inmediato. Una reacción que demore más de tres horas impide llegar hasta la aeronave antes que los traficantes huyan con la droga.
Otros indicios
Las incautaciones, y la ubicación de aeronaves, también revelan cuán claves son Guatemala y el sur de México como últimos puertos de llegada aérea de la cocaína (también por vía marítima) para continuar el trasiego por vía terrestre hacia Estados Unidos.
México, por ejemplo, contabilizó 81 aterrizajes entre 2019 y 2020, comparados con 93 en Guatemala, según el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa. Los aterrizajes continuaron el año pasado y siguen, aunque en menor número. El trasiego siguió por otras vías.
Para noviembre de 2021, México había incautado 15.7 toneladas de cocaína. Los decomisos también incluyeron 36 aeronaves (contra 18 en Guatemala) y otras 35 embarcaciones, además de 19 mil vehículos. Una parte de la cocaína, al menos, la transportada por vía terrestre, debió pasar por Guatemala.
El trasiego de la cocaína persiste pese a que México también trafica otras drogas en grandes cantidades hacia EE. UU., como las metanfetaminas (de las que incautaron 44 toneladas), que producen localmente. Las autoridades estadounidenses incautaron 4.8 toneladas de fentanilo en 2021, según cifras del CBP. Vigil afirma que el fentanilo, mezclado con heroína y metanfetaminas principalmente, es altamente mortal. Además, fue la causa de 100,300 muertes por sobredosis en EE. UU. entre mayo 2020 y abril de 2021.
Sin embargo, un mayor tráfico de otras drogas de México a territorio estadounidense tampoco explica la reducción en las incautaciones de cocaína en Guatemala. De hecho, esta ocurrió paralelamente a una mayor disponibilidad de cocaína en EE. UU., que pasó por suelo guatemalteco, y que llevó a un alza en las incautaciones en ese país en 2021.
