Guatemala
Guatemala sigue entre los países con alta restricción a la libertad de prensa, según índice de la SIP
El Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirma que el cambio de gobierno no produjo en el corto plazo mejores condiciones para el ejercicio del periodismo y los medios.
Periodistas y activistas han protestado contra la censura y la persecución en Guatemala. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)
Guatemala está dentro de los países que no garantizan la libertad de expresión, debido a que existe una “instrumentalización” del sistema de justicia, que se opera desde el Ministerio Público (MP) y que criminaliza la labor periodística, expuso el Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El índice Chapultepec fue desarrollado por la SIP para medir el estado de la libertad de expresión y de prensa en los países de América, con este mecanismo se evalúan las condiciones en las que trabajan los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos. Para elaborar el informe se toman en cuenta factores como la censura, la violencia contra periodistas, las restricciones legales y los intentos de control o manipulación de la información.
En dicho índice, Guatemala se ubica en la franja de alta restricción, con 33.98 puntos. Esto quiere decir que no hay garantías a la libertad de expresión, debido a que, según el informe, "el MP garantiza la impunidad y continúa criminalizando el trabajo de los periodistas".
“El severo deterioro a las garantías de la libertad de expresión y de prensa ha dejado profundas secuelas, tales como la oclusión de ciertos temas en la agenda, silenciamiento, censura y autocensura de parte de periodistas y temor a manifestarse públicamente en la ciudadanía”, se cita en el documento.
“El nuevo gobierno tiene severos desafíos para garantizar la libertad de expresión y de prensa en Guatemala", agregan.
En el informe de Chapultepec se resaltan panoramas en los cuales se han evidenciado intimidaciones a la sociedad en general por manifestar su opinión, como según el índice, ocurrió durante el proceso electoral de 2023, y cuando se produjo la toma de posesión de las nuevas autoridades, el 15 de enero de 2024.
“El contexto nacional estuvo marcado por el incremento de acciones intimidatorias, detenciones y acciones represivas hacia quienes tuvieran una postura crítica acerca de la corrupción imperante en los tres poderes del Estado”, refieren.
El silenciamiento de la ciudadanía para deliberar sobre asuntos públicos, según el informe, debilitaron aún más el Estado de derecho, "ya disminuido por años de desmantelamiento de la institucionalidad democrática".
Organismo Ejecutivo
El Índice destaca que hubo una importante transición en la relación entre el Poder Ejecutivo y la prensa en Guatemala, marcada por el cambio de gobierno entre Alejandro Giammattei y Bernardo Arévalo.
Durante el mandato de Giammattei, la SIP registró más de 400 agresiones a periodistas, y califica al Ejecutivo como uno de los actores más denunciados por acciones violentas contra la prensa.
También destacan que el presidente Arévalo se comprometió a defender la libertad de expresión y a cesar la criminalización y violencia contra periodistas, lo que redujo significativamente las agresiones y la influencia negativa del gobierno en la libertad de prensa.
Sin embargo, a pesar de estos avances, afirman que persisten casos aislados de restricciones al ejercicio periodístico, y menciona casos ocurridos en mayo de 2024 en Alta Verapaz y Quetzaltenango.
Mencionan que uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación fue el intento para implementar un protocolo para regular el acceso de periodistas a los actos oficiales en el Palacio Nacional de la Cultura, lo que interpretan como una amenaza a la libertad de prensa y una violación de la Constitución.
Poder legislativo
En cuanto al poder Legislativo de Guatemala, la SIP lo calificó con una "influencia leve en el entorno de la libertad de expresión y prensa". Se le otorgó una puntuación moderada (3.28) en la dimensión de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, mientras que en control de medios y periodismo obtuvo una de las puntuaciones más bajas (0.83).
Destacan que el Congreso tampoco impulsó medidas para garantizar la seguridad digital de periodistas y defensores de derechos humanos, a pesar de que muchos de ellos sufrieron agresiones e intimidaciones en redes sociales, especialmente durante el proceso electoral.
“Las acciones de la fiscal general del MP, Consuelo Porras, y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, han apuntado a amordazar a la prensa en Guatemala y pretenden impedir el derecho ciudadano a la libertad de expresión y organización”, indican.
Acciones lesivas
Guatemala obtuvo una calificación de 11.33 puntos de 30 posibles en la Dimensión de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, lo que según la SIP, refleja una alta restricción en esta área. Este resultado, según el índice se debe en gran parte a las acciones lesivas de actores del Ministerio Público (MP)
Como ejemplo, citan la solicitud de la fiscal general en agosto de 2023 para evitar una manifestación ciudadana, lo que la Corte de Constitucionalidad rechazó, al anteponer el derecho de la ciudadanía a expresarse.
También subrayan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2024 identificó varias prácticas, como la presentación de denuncias infundadas, el uso abusivo de la prisión preventiva y la afectación del debido proceso, con el fin de intimidar y hostigar a las personas afectadas.
En ese sentido, citan el caso la “criminalización” de periodistas vinculados al caso de José Rubén Zamora, que, a pesar de haber sido encerrado por la justicia, fue reabierto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
“Estas acciones no solo buscan debilitar la credibilidad del periodismo, sino que también fomentan el miedo entre los ciudadanos a manifestarse por temor a ser criminalizados”, señalan
“Este ambiente de hostigamiento a la prensa y a la ciudadanía ha llevado a que la CIDH incluya nuevamente a Guatemala en su informe IV.b, destacando el uso abusivo del poder y la falta de voluntad política para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho”, puntualizaron.
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Resultados del Índice de Chapultepec
La franja de "baja restricción" del Índice de este año está conformada por Chile, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá.
El grupo de países en donde las libertades de expresión y de prensa se encuentran "en restricción", lo conforman Paraguay, Costa Rica, Argentina – estos aún sobre el promedio global de la región -, Ecuador, México y Colombia.
Los países con "alta restricción" son Honduras, Perú, Guatemala, Bolivia y El Salvador, lo que equivale al 23% de la representación total del Índice. Se destacó el descenso de Perú en cuatro posiciones con relación al período previo. Honduras repite como cabeza de grupo, y el resto intercambia posiciones respecto de la edición anterior.
Finalmente, en la franja "sin libertad de expresión" repiten Cuba, Venezuela y Nicaragua en las mismas posiciones desde hace dos ediciones. Venezuela muestra una caída de 6,23 puntos, la mayor diferencia de los resultados entre los tres países de este grupo.
Por otra parte, destaca la variación positiva de Brasil en relación con los resultados de la edición pasada, con un ascenso de ocho posiciones.
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