Tobar fue dado en adopción irregular en 1997 a una familia estadounidense, cuando tenía 9 años, luego que fue alejado junto a su hermano de su madre por supuesto abandono cuando se iba a trabajar.
El caso de los hermanos Tobar fue una adopción irregular realizada entre 1990 y 2000, aunque su mamá y otros familiares interpusieron varias acciones para mantener sus custodias, fueron dados en adopción. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Guatemala en el 2018 y ordenó restaurar el vínculo de Osmin con su familia guatemalteca.
El Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) coinciden que, más del 90 por ciento de los niños y adolescentes que están bajo su cuidado en los hogares, tienen papá, mamá, padrinos o familiares que podrían hacerse responsables de sus tutelas.
En Guatemala más de 4 mil 500 mil niños y adolescentes institucionalizados en hogares públicos y privados de todo el país. Francisco Molina, jefe de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), afirmó que hasta el pasado 4 de marzo, 773 menores estaban repartido en los 21 centros estatales de todo el país.
Asimismo, advirtió que, “lo primero que asusta es que más del 90 por ciento de los menores tienen madre o padre. Lo que significa que hay un recurso idóneo para que los niños no estén institucionalizados, porque les ocasiona daños irreversibles en su desarrollo.
Molina añadió que, muchas de las situaciones de los niños y niñas que están en los hogares es porque fueron maltraídos por sus padres, padrastros o familiares y es el juez quien decide el lugar al que debe ir para que no vuelva a su mismo entorno.
CNA supervisa hogares
Érick Cárdenas, director del Consejo Nacional de Adopción (CNA), explicó que la institución debe supervisar y autorizar la abertura de hogares públicos y privados de todos el país, en donde cuidarán a niños y adolescentes.
Añadió que antes que los menores lleguen a la instituciones, están bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras entidades, ya que este protocolo fue creado después de la tragedia del Hogar Seguro.
El 8 de marzo de 2017, la protección estatal para la niñez y la juventud se desmoronó por completo cuando 41 menores murieron calcinadas en un incendio provocado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Han pasado tres años de la tragedia y varios exfuncionarios de la SBS enfrentan un proceso para legal por la muerte de las niñas.
El CNA registró hasta el pasado 5 de marzo que, 4 mil 514 niños y adolescentes estaban resguardados en hogares públicos y también en los 124 centros privados, que en total son 145 centros instalados en su mayoría en la ciudad, Sacatepéquez y Quetzaltenango.
Cárdenas dijo que los niños llegan a esos lugares desde 20 días de nacido hasta 17 años. Asimismo, las mujeres simbolizan el 65 por ciento de la población en los hogares y el 35 por ciento son hombres.
Riesgos de institucionalización
Un estudio realizado por la iniciativa Changing the Way We Care (cambiando la manera de cuidarnos, en español), que promueve el cuidado familiar y la reforma de cuidado infantil, indica que el 49 por ciento de menores institucionalizados fueron ingresados a las residencias por riesgo social, negligencia y situación económica familiar.
Asimismo, señala que el 14 por ciento de menores institucionalizados, en su mayoría mujeres, fueron ingresadas a los hogares por ser víctimas de violencia sexual, el tres por ciento son huérfanos y el 34 por ciento restante no especifica.
El jefe de la SBS y el director del CNA coinciden que la institucionalización de los menores debe ser el último recurso utilizado para protegerlos, ya que les genera problemas sociales biológicos y psicológicos.
Osmin Tobar con base a su experiencia, sabe que ingresar a niños y adolescentes a hogares no es la mejor decisión. “No necesitamos reformas a la Ley. Se debe eliminar el sistema y crear uno nuevo que beneficie a los niños y los prepare para los obstáculos del mundo real. La atención residencial tiene mucho éxito y no existe un límite de edad como el que tenemos actualmente en las instituciones”, opinó.
Cárdenas explicó que, de los más de 4 mil 500 menores, solo aproximadamente 300 son adoptables, después que realizaron las investigaciones correspondientes para encontrarles su recurso idóneo.
“De los 300 adoptables, durante el proceso de ubicación, se estableció que no tienen ningún familiar, padrinos, tíos, o no hubo nadie que asuma su protección y por eso se les declaró la adoptabilidad como última opción para restituir sus derechos”, añadió.
Aunque la mayoría de los internos son adolescentes y las familias tienen preferencia para adoptar a bebés y que sean niñas saludables.
Asimismo, Molina indicó que una de las iniciativas que impulsa la SBS para evitar la institucionalización de los menores, es buscar familias sustitutas.
Changing the Way We Care propone que, las instituciones no deben separar innecesariamente a los menores de sus familias. Asimismo, indica que se deben cuidarlos mediante protección familiar alternativo y establecer mecanismo de reunificación y reintegración.
Además, sugiere que debe existir una inversión pública y privada en prevención y detección temprana de casos para evitar la separación de los menores de su ambiente familiar.
