En abril llegarán al país miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), de Colombia, y de la Fiscalía, quienes capacitarán a 200 funcionarios nacionales, entre policías nacionales y fiscales.
Según Gobernación, en este momento el dinero obtenido por extorsiones se destina a la compra de drogas, armas, sicariato y otras actividades en la cadena de logística de los criminales.
90% de las extorsiones provienen de las cárceles.
Q500 semanal es el promedio de una extorsión a micronegocios.
Apoyo de Cicig
La ejecución de las nuevas herramientas surgió con el apoyo de la Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala (Cicig) y que el jefe de esa instancia, Iván Velásquez, confirmó el pasado viernes, durante el programa Diálogo Libre.
Gaula entrenará a cien agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y cien fiscales del Ministerio Público (MP).
“Una de las soluciones para erradicar las extorsiones es impactar a las cúpulas por la fuente económica”, afirmó Velásquez.
La cooperación se concreta luego de cinco meses en que integrantes de este cuerpo policial colombiano, convocados por la Cicig, realizaran un estudio sobre el fenómeno de las extorsiones, en el cual brindaron diversas recomendaciones.
El grupo Gaula es una unidad élite dedicada a evitar y actuar en contra del secuestro y la extorsión en ese país, para llevar a cabo operaciones de rescate de secuestrados y desmantelamiento de bandas criminales.
En un esquema del Ministerio de la Defensa de Colombia, en el Grupo Gaula participan las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General y las unidades de inteligencia, todas articuladas.
Confiscación
Edi Juárez, viceministro de Gobernación, explicó que con el conocimiento y la experiencia de Colombia, y el funcionamiento de la Fiscalía contra las Extorsiones del MP, ahora entrarán en la siguiente etapa, que es la confiscación de los bienes obtenidos por los grupos pandilleros y bandas aplicando la Ley de Extinción de Dominio.
“Estamos desarrollando las capacidades para que los investigadores que se encargan de perseguir este delito puedan ubicar los bienes producto de la extorsión”, puntualizó.
El objetivo, dijo el viceministro, es reducir las capacidades económicas de los chantajistas, tal como ocurrió con las bandas de secuestradores, a las cuales fueron debilitadas sus estructuras por medios financieros.
Juárez dijo que el dinero obtenido de la extorsión, las maras 18 y Salvatrucha lo destinan a la compra de drogas, armas y logística criminal.
En el caso de la segunda, explicó el viceministro, está adquiriendo micronegocios, como tiendas, panaderías, expendios, así como invirtiendo en mototaxis y unidades de transporte urbano que ellos mismos extorsionan.
Carlos Ruiz, secretario general del MP, afirmó que los bienes que están adquiriendo las pandillas los registran a nombre de terceros y la línea de investigación se concentra en la ruta del dinero, compras y traspasos de los bienes para poderlos identificar.
“Estamos coordinados con Gobernación y Cicig, y ellos están poniendo más personal y nosotros más fiscales”, aseguró.
Aporte colombiano
Juárez y Ruiz informaron que la idea es replicar los mecanismos que el grupo Gaula desarrolla al vincular los casos de extorsiones y secuestro con la Ley del Crimen Organizado.
Gaula proporcionará instrumentos a los investigadores en situaciones operativas, y para los fiscales, estrategias para llevar los casos a tribunales.
El secretario general del MP reconoció que uno de los tropiezos en este momento es una desvinculación entre las acciones operativas que ejecuta la PNC al momento de las capturas en fragancia, y por el otro lado la Fiscalía no conoce lo que defenderá al momento de litigar ante los jueces.
El comisionado Iván Velásquez expresó que las extorsiones deben ser tratadas en un ámbito macrocriminal.
“La magnitud en este campo es tan alta que se deben diseñar lineamientos macrocriminales del fenómeno, en vez de ir caso por caso”, destacó.
Velásquez recordó que hay “grandes” jefes de estructuras criminales, muchos de los cuales guardan prisión, que cuentan con una red de personas a su servicio, inclusive niños que recaudan el dinero o dejan el mensaje extorsivo a las víctimas.
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