Rolando Solís, quien dirige la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo institucional (Jepedi), explicó que cada mes ingresan en el software denominado “Crime analyst con arcgis 10” la información que reciben del Departamento de Estadísticas de la PNC.
Ese programa informático ordena los hechos y los ubica con base en la dirección donde ocurrieron, y de esa forma, si en un área hubo cinco o más casos similares en un mes, el lugar queda definido como zona roja, por lo que en cada período pueden cambiar las áreas conocidas como peligrosas, según la Policía.
Solís indicó que sobre esta información definen la estrategia policial por seguir con la comisaría de cada lugar, con lo cual han logrado dispersar la delincuencia y evitar que continúe concentrada en lugares específicos.
Percepción y servicios
Hay áreas que ya no se encuentran en esa división hecha por la Jepedi, ya que no son escenario de muchos hechos delictivos. Sin embargo, la percepción de la población es que se trata de áreas peligrosas.
La Policía ha identificado áreas de las zonas 5, 6, 7 y 18 de la capital, y de Villa Nueva, Mixco, Villa Canales y Chinautla como sitios donde se refugian integrantes de grupos delincuenciales, lo cual aumenta esa percepción de peligrosidad, aunque allí no se cometan los hechos delictivos.
La percepción de inseguridad y estigmatización de los vecinos de esos sectores es permanente.
Integrantes del comité de vecinos de la colonia Alameda, zona 18, afirmaron que en este lugar han disminuido los hechos violentos, pero para ellos los servicios siguen restringidos.
En áreas que la población percibe que son peligrosas los recibos de servicios de agua, luz, teléfono y cable no llegan hasta la puerta de las casas, sino son entregados en farmacias específicas, adonde la población sabe que debe ir a recogerlos.
Los vecinos tampoco aspiran a que un taxi llegue a traerlos a la puerta de su vivienda, que un banco les preste dinero, alquilar o vender un inmueble, o conseguir un empleo.
La comida a domicilio tampoco es un servicio del que gocen en estos lugares. Esos pedidos llegan a las 17.30 horas, lo más tarde, y algunas empresas no hacen entregas en esas áreas.
Extorsiones no cuentan
Solís refirió que para la definición de zonas rojas no se analiza el flagelo de la extorsión, ya que es muy subjetivo, debido a que no hay muchas personas que denuncien el delito, y además para analizarlo deben adentrarse en la investigación, lo que es más difícil para la Jepedi.
Para esta definición, que hacen desde noviembre del 2011, cuentan los delitos contra la vida —homicidios y lesiones con arma blanca o de fuego—, los cuales se concentran en Guatemala y Escuintla, y los delitos sexuales, como violaciones, que ocurren con más incidencia en el occidente, en especial en San Marcos y Huehuetenango.
Además analizan delitos contra el patrimonio, como robos y asaltos, denunciados en mayor cantidad por hombres del departamento de Guatemala.
También evalúan los hechos contra la libertad, como secuestros, que ocurren principalmente entre grupos del narcotráfico.
Los departamentos que reportan menos delitos a la PNC son Totonicapán y Sololá.
