Guatemala
Gobierno remueve a cúpula de Caminos por no cumplir con la recuperació de la institución
Ministerio “ha sido tomado” por estructuras criminales y es urgente cambiar la forma en que funciona esa entidad, recomiendan la Cámara de Construcción y Fundesa.
Edificio de la dirección General de Caminos ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La destitución del director de Caminos no fue la única en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a raíz del reciente caso de corrupción desvelado. También fueron destituidos funcionarios recién nombrados por la extitular de esa cartera Jazmín de la Vega, a quien el presidente Bernardo Arévalo destituyó del cargo por incurrir en supuestos actos de corrupción.
El 11 de julio último Arévalo anunció que destituyó al director de la Dirección General de Caminos (DGC), Gilberto de Jesús Guerra, señalado de intervenir a favor de una empresa en el proceso de adjudicación del proyecto de reparación de la autopista Palín–Escuintla. Por este caso también fueron destituidos el subdirector administrativo y financiero. Se agrega también Flor Esmeralda Hernández Pelicó de la jefatura del Departamento de Compras e Importaciones, Iris Nicolette Gutiérrez del Departamento de Recursos Humanos y Karla Fabiola Lara Morales del puesto de subdirector ejecutivo III.
La Dirección de Comunicación Social de la cartera indicó que en el caso de Guerra, quien fue recién nombrado como director interino, se tomó en cuenta su conocimiento y experiencia técnica en la administración pública. "Se confirmó como director el 27 de junio último, con la invitación a recuperar la dignidad de los trabajadores que han sido tan golpeda dentro de esa dependencia, lo cual no cumplió".
El caso
El ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, explicó que inicialmente bajo el estado de Calamidad se adjudicó un contrato por más de Q100 millones para la reparación de la autopista Palín–Escuintla. Sin embargo, el evento fue rescindido debido a que solo una empresa ofertó por el monto total previsto por el CIV, lo que les provocó dudas.
El mandatario señaló que Guerra “hizo lo posible” por entorpecer el proceso de adjudicación para beneficiar a una empresa, e incluso de que habría influido en uno de los miembros de la junta calificadora para lograr su objetivo.
Fue por sabotaje a la atención del hundimiento en autopista
En un comunicado de prensa que publicó el CIV el 13 de julio, se menciona que el despido de "la cúpula corrupta en la Dirección General de Caminos fue por sabotaje a la pronta atención a la emergencia de la autopista Palín-Escuintla".
El texto señala que el CIV ha sido enfático en mencionar que "no tolerará ningún acto de corrupción en sus dependencias. En tal
sentido, el ministro Félix Alvarado hizo pública la destitución del director Gilberto Guerra y el subdirector Víctor Rosales, ambos de la Dirección General de Caminos (DGC), por haber interferido de formas activa y pasiva en el proceso de adjudicación de la reparación del
tramo Palín-Escuintla".
Se señala que "el proceso en Guate Compras número NOG 23587792 buscaba dar respuesta oportuna al daño por las lluvias a la ruta CA-9 Sur A (Autopista Palín-Escuintla). Dicha ruta es una de los más importantes tramos del país, pues allí transita el 51% del total del intercambio comercial nacional. El proceso estuvo activo durante 12 horas, habiéndose recibido una única oferta por Q105 millones, monto considerablemente superior al proyectado por el equipo técnico"
El documento agrega que el evento fue prescindido pues el monto y la única oferta sugerían actividades anticompetitivas. "A partir de ese momento se optó por un proceso de compra directa, basado en los términos de referencia originales, para lo cual se conformó una junta de calificación en el marco de la Ley de Contrataciones. Se recibieron 3 ofertas, la más alta por Q50 millones y la más baja por Q35
millones. Sin embargo, el ahora exdirector de Caminos, Gilberto Guerra, interfirió en el trabajo de la junta de calificación y uno de los miembros de la misma dio evidencia de colusión con el exdirector: luego de conocer las ofertas, tomar nota de los montos, adelantar
criterio y elaborar actas, se reunió en privado con el referido ex funcionario, presentando luego su excusa de la comisión, algo que a esa altura constituye falta administrativa y probablemente penal".
Añade que fue por eso que el ministro Alvarado removió del cargo al director, subdirector y personal de la DGC involucrado, quienes, según el CIV, "actuaron de forma maliciosa y corrupta al buscar debilitar la transparencia y competencia de los procesos".
Señala que el CIV ha iniciado las denuncias correspondientes y que no permitirá que personas sin escrúpulos sigan dañando con sus actos a millones de guatemaltecos.
Ministra destituida
Estas no son las primeras destituciones en esa cartera durante este gobierno. El 17 de mayo pasado fue removida la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, señalada de haber autorizado pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado.
Un reporte al que recientemente tuvo acceso Prensa Libre da cuenta de que la administración anterior del CIV dejó programados de enero a marzo el pago de Q326.6 millones a más de un centenar de empresas. De acuerdo con los documentos, dichos proveedores realizaron obras en Covial, Caminos y el Fondo Social de Solidaridad (FSS).
El referido ministerio arrastra una deuda millonaria que, de acuerdo con estimaciones de las autoridades de la cartera, es superior a su presupuesto de dos años, por lo que solventarla es una situación complicada. La deuda de arrastre de Q13 mil millones que tiene el CIV se ha acumulado desde hace varias administraciones.
Mal funcionamiento
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, reiteró que desde el 2017 han insistido en que es necesario cambiar la forma en la que se da un mantenimiento a la red vial, al asegurar que “es evidente que existe un sistema que no funciona y este caso de corrupción se suma a otra serie de casos y que son parte de un sistema inoperante”.
Zapata refiere que con la destitución de funcionarios y el nombramiento de otras personas en los cargos no se solucionará el mal funcionamiento de esa cartera, al argumentar que no es un tema de personas, sino un tema de sistema.
“Tenemos que salir un poco del tema de personas. Pasarán muchos ministros, pero si no se cambia el sistema de gestión vamos a seguir igual. Hay que separar la parte política de la técnica”, acotó.
Para lograr cambios, Zapata propone la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial. La iniciativa de ley 5431 propone un modelo con mayor control sobre la gestión de proyectos de obra pública, le da más responsabilidad a quien está gestionando la obra, no solamente de ejecutarla y diseñarla, sino dar el mantenimiento y asignarle los recursos para dar seguimiento a los indicadores.
Más castigos
Fernando Orellana, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, refiere que el ministerio de Comunicaciones es una entidad “fundamental”, puesto que es la única que tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la red vial del país, a pesar de que se han buscado otras alternativas privadas.
Orellana enfatiza que se deben seguir tomando acciones para tomar el control de ese ministerio. No obstante, considera que el principal problema por el que no se puede erradicar la corrupción en esa dependencia es la falta de castigos para quienes incurren en esos delitos.
“Hay corrupción en otros ministerios, no sólo en Comunicaciones, pero si no hay certeza de un castigo difícilmente se eliminará la corrupción”, afirmó.
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Los escándalos
Félix Alvarado es el ministro número 12 que ocupa el cargo en los últimos 16 años en el Ministerio de Comunicaciones. El listado de cambios constantes inicia en el 2008, cuando la administración del entonces presidente Álvaro Colom, quien juramentó como titular de la cartera a Luis Alfredo Alejos, quien fue investigado por el Ministerio Público en el caso Transurbano y fue señalado del delito de peculado y fraude.
Los escándalos en el CIV no solo son por corrupción y por el nombramiento de funcionarios señalados. La anterior ministra De la Vega denunció una supuesta red de trata de personas que operaba en esa cartera desde el gobierno de Alejandro Giammattei.
Según las declaraciones de la exfuncionaria, existía un “catálogo de mujeres jóvenes” contratadas y que gozaban de un salario pagado por ese ministerio. Sin embargo, su función real era acompañar o atender a funcionarios fuera del horario de labores.
La Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) informó por medio de su departamento de Comunicación Social que brindan asistencia técnica en esas denuncias. Incluso, solicitaron una serie de documentos para evaluar la ruta legal a seguir.
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