La Secretaría de la Paz, indica el acuerdo 97-2019, deberá “solventar” los convenios, contratos vigentes, acreedores, deudores, impuestos y otras actividades, además de realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles y otros activos, atender las obligaciones contraídas y pedir a la Contraloría General de Cuentas que realice “las auditorías que sean necesarias”.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, explicó a la Agencia Efe que el Consejo de Ministros realizó “las consideraciones” y un “análisis” en el que se determinó que la Comisión Nacional para el seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la Justicia no continuará para “evitar la dualidad de funciones”.
Brito mencionó que el Gobierno decidió la disolución de la entidad “en aras de la eficiente administración del gasto público”, pues ya existe una “Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia”.
Por su parte, la portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, indicó que la fiscal general, Consuelo Porras, se reunirá con su equipo “para analizar el acuerdo y tomar las decisiones que en derecho correspondan”.
Además del Ministerio Público (como coordinador de la Comisión de Apoyo), la entidad estaba integrada por dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Gobernación (Enrique Degenhart), el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho de las universidades San Carlos (pública) y Landívar (jesuita) y miembros de la sociedad civil.
La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia “forma parte de la denominada institucionalidad del Proceso de Paz”, según el sitio oficial de la entidad ahora disuelta por la Presidencia de Guatemala.
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