En la administración anterior, el Ministerio de Gobernación ( Mingob) autorizó desembolsos millonarios para comenzar con los estudios que daban paso a la construcción de la cárcel que según los planes, será de máxima seguridad.
La promesa fue del presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, no lograron comenzar su construcción, puesto que las fincas donde se edificará el penal fueron invadidas por familias que aseguraron ser ajenas a la decisión de construir la cárcel y solo buscaban dónde vivir.
A pesar de que las familias optaron por retirarse de los terrenos sin ninguna confrontación, se generaron contratiempos y el proyecto se quedó en la “primera fase de diseño, estudios y licencias”, y “sería el gobierno entrante que tendría la decisión de continuar con el proyecto”, aseguró en su momento el entonces ministro del Interior, David Napoleon Barrientos, quien no precisó cuánto tiempo fueron ocupados los terrenos, ni qué se les ofreció para que se retiraran.
Entre los trámites que quedaron pendientes están los permisos en la Municipalidad de Masagua y los resultados de estudios de impacto ambiental.
El pago más reciente que el Mingob hizo a la inmobiliaria Rancho Sierra a cargo de los estudios de suelo fue en agosto del 2023, por US$54 mil 395 -unos Q435 mil 160-.
Verificarán contratos
A menos de un mes de haber asumido el cargo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirma que buscan acercamiento con los contratistas para revisar los contratos y no perder un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Jiménez explicó que el gobierno anterior estuvo a punto de rescindir el contrato y ahora buscan una salida para que este año comience la construcción de dicho centro carcelario.
El plan original de construcción estipulaba dos fases que durarían 18 meses. Cinco para la pre inversión y trece para la construcción y equipamiento.
Inversión
El 20 de enero del 2023, el Mingob resolvió aprobar el contrato de prestación de servicios de consultoría 001-2022, firmado el 23 de diciembre del 2022 y donde se autorizó el desembolso de US$2.175,833 —unos Q17 millones— a la Inmobiliaria Rancho Sierra, para que hiciera los servicios de consultoría para la elaboración del diseño de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla.
El consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, integrado por las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación, S. A. de C. V. (Itecsa), y Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc., es el encargado de construir el centro de cumplimiento de condenas para hombres. El Mingob adjudicó el 11 de agosto del año pasado a Itecsa, y el contrato es por US$87.9 millones —unos Q668 millones—.
Según el plan del costo total de la cárcel de máxima seguridad, se destinarán Q16.5 millones para el diseño, Q581.8 millones para la edificación, y Q69.7 millones para equipamiento. Los fondos para la construcción del centro penal provendrán del préstamo 2181 adquirido con el BCIE.
Según publicaciones de medios de comunicación en México y Honduras, Itecsa, del grupo Tradeco en México, enfrenta señalamientos y procesos legales por obras inconclusas y haber hecho negocios con los hermanos Hernández Alvarado —expresidente de Honduras y su hermano— extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
Otra promesa
El ministro Jimenez destacó que parte del plan de gobierno es construir dos cárceles más, principalmente para deshacinar los 23 centros carcelarios y clasificar a los reos dependiendo del delito que cometieron, aunque de momento no tienen los terrenos establecidos.
“En cuatro años no se va mejorar totalmente el Sistema Penitenciario, pero esperamos dejarlo con mejores condiciones”, afirmó.
El funcionario destaca que también se busca el remozamiento de todos los centros carcelarios y replantear la gestión penitenciaria.
“No solo se trata de remozar y construir cárceles, se deben tener nuevos modelos de gestión penitenciaria”, agregó.
El funcionario subrayó que las requisas que hasta ahora se han efectuado en los centros carcelarios son para evitar las extorsiones, pero también para levantar un censo sobre la cantidad real de reos, puesto que existe la sospecha de que hay reclusos que no cumplen su sentencia y fueron suplantados por familiares u otras personas a cambio de dinero.
“Todo lo que comenté fue en base a dos reos que no estaban en el Sistema Penitenciario y que ha sido difícil identificar porque cambiaron de Documento de Identificación Personal, eso nos hace pensar que hay más casos, por ahora tenemos complicaciones administrativas para hacer ese proceso pero lo vamos a hacer cuando tengamos todo el censo de los reos”, acotó Jiménez.
El Sistema Penitenciario tiene a su cargo 23 centros carcelarios, los cuales se encuentran hacinados, razón por la que gobiernos anteriores han prometido la construcción de más cárceles. Sin embargo, desde los tres últimos nadie ha cumplido con lo prometido.
