El objetivo: evitar que estos sujetos continuaran dirigiendo sus operaciones extorsivas desde dentro de la prisión y reducir los ataques contra aquellas personas que no pagaran estas exacciones ilegales.
Un día después, el jueves 19 de mayo, el Mingob publicó en sus redes sociales, con bombos y platillos, que habían logrado evitar que en 24 horas muriera en forma violenta alguna persona en el territorio nacional.
Carlos Mendoza, director de la organización civil Diálogos, sobre este anuncio, consideró como un “apresurado triunfalismo del Mingob con lo de cero homicidios el 19 de mayo”. Argumentó que “los esfuerzos deben ser sostenidos para que los resultados también los sean”.
Mendoza indicó que a las autoridades les había tomado 8 mil 410 homicidios, – 784 días – volver a tener un día sin violencia.
Sin embargo, entre el viernes 20 y sábado 21 las cosas cambiaron dramáticamente. De las 68 muertes violentas que registra la Policía Nacional Civil (PNC) hasta ayer, 20 fueron entre aquellos dos días en que se desató esa espiral de violencia en el departamento de Guatemala, especialmente, y en municipios como Chimaltenango, Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango.
¿Las razones? Un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) visualizó tres variables que desencadenaron esta oleada criminal.
La primera: la disputa de territorios entre pandillas rivales para extorsionar y vender droga al menudeo. La segunda: el aislamiento de los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) (casi 200 en la prisión de Pavoncito) y Barrio 18 (unos 76 en Fraijanes II). Y la tercera: la disputa de pandilleros por apoderarse de las clicas de los sujetos que están en aquellas prisiones.
Los dos años de pandemia redujeron la operatividad de estas estructuras, no obstante, con la liberación de restricciones los casos se elevaron.
El último informe sobre extorsiones de la organización civil Diálogos revela que durante abril de 2022 “en la República de Guatemala se registró un total de 2 mil 83 extorsiones”. Una cifra que pone en contexto la lucha que se vive a lo interno de los grupos criminales y que aqueja a la población.
En lo que va del año, según Diálogos, se han registrado 5 mil 700 extorsiones en todo el país. En 2019 este flagelo alcanzó las 15 mil 945 denuncias; en 2020, 13 mil 104 y en 2021 fueron 13 mil 780.
No obstante, a pesar de que las últimas semanas se había presentado una escalada de violencia por esta razón, el Mingob articuló esfuerzos con el MP para combatir a los grupos. Entre allanamientos, requisas y traslados de reos, lanzó el mensaje de que quería frenar la situación.
Para contrarrestar la situación, que dio inicio desde el viernes y sábado pasados, y se fue agudizando hasta ayer, las autoridades organizaron requisas en algunas de las cárceles del país para frenar la ola criminal que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas, entre ellos un niño de 11 años.
Después de haber llevado a los integrantes del Barrio 18 a Fraijanes II pudieron ingresar en el sector 11 del preventivo de la zona 18 donde no solo hallaron a un mapache, sino que tres granadas de fragmentación, armas de fuego, más de 60 celulares, licor y cerveza, y más de Q3 mil en efectivo.
¿Cómo comenzó todo?
En el primer año de gobierno de Alejandro Giammattei todo apuntaba que su principal ofrecimiento de campaña lo cumpliría: combatir a las pandillas para frenar la criminalidad.
Sin embargo, la pandemia de covid-19, los constantes estados de excepción y las restricciones de movilidad, detuvieron sus planes.
Sin embargo, el 20 de agosto de 2020, después de que el gobierno reabrió el comercio el fenómeno de las extorsiones volvió a aparecer, no en gran medida, pero sí afectó a la población.
Esto llevó al Mingob y la DGSP a trasladar de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, en Escuintla hacia el preventivo de la zona 18 a los lideres del Barrios 18.
#Escuintla | Autoridades del Ministerio de Gobernación informan que reos de la cárcel El Infiernito se amotinaron y mantienen retenidos a unos seis guardias del Sistema Penitenciario por desacuerdo al traslado de reclusos que se lleva a cabo. pic.twitter.com/SXNHrfG3Dq
— Prensa Libre (@prensa_libre) August 31, 2020
En septiembre hubo problemas con uno de estos, Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, condenado a más de mil años de prisión por diversos asesinatos, y lo llevaron a la cárcel de Matamoros.
Lo mismo ocurrió con cabecillas de la MS-13 que los trasladaron a Pavoncito y otras prisiones para evitar que siguieran delinquiendo.
En agosto de 2021 ocurrió una situación parecida, solo que esta vez el resto de los integrantes de la pandilla 18 apresados en El Infiernito, provocaron una revuelta y tomaron como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario.
Después del diálogo los liberaron, pero desde ese día, según investigadores de PNC, este grupo se separó del que había sido trasladado un año antes al preventivo de la zona 18 y cada quien operó independientemente.
Fue entonces que con la liberación total de las restricciones cada grupo quiso retomar el poder de sus territorios y eso desencadenó la ola de violencia que se vive actualmente.
Debido a la toma de rehenes en “El Infiernito”, las autoridades establecieron una mesa de diálogo para liberar al personal penitenciario retenido. https://t.co/OBK1DK7jLc
— Prensa Libre (@prensa_libre) August 13, 2021
¿Pero qué la agudizó? Según las fuentes del Mingob y el MP fueron nuevamente los traslados hacia otras prisiones de los líderes de ambas estructuras criminales.
El 18 de mayo trasladaron a los 76 peligrosos miembros del Barrio 18 hacia Fraijanes II. El resto se quedó en El Infiernito, y desde allí mantienen sus operaciones. Esta disputa pudo haber sido, según expertos, un punto de quiebre para generar los hechos violentos de los últimos días.
El portavoz de la DGSP, Carlos Morales, confirmó que el traslado del 18 de mayo fue una estrategia de ordenamiento en los centros carcelarios ordenada por el titular del Mingob, Napoleón Barrientos y las autoridades del Sistema Penitenciario.
“El objetivo es ordenar los centros carcelarios y reducir los índices de extorsiones que se planifican y ejecutan desde allí. El plan es de reordenamiento de privados de libertad”, argumentó.
Asaltos, balaceras, extorsiones, asesinatos: las cifras y el relato de pobladores durante un recorrido por las zonas más afectadas por la violencia en Guatemala. https://t.co/lLzJqc5dXS
— Prensa Libre (@prensa_libre) May 25, 2022
El jefe del Mingob aseguró que las requisas continuarán porque les han dado resultados para frenar la ola criminal actual.
La jefa de la Fiscalía contra la Extorsiones, Emma Flores, expuso que continuarán con los operativos para desarticular a las estructuras que siguen extorsionando a los guatemaltecos.
Coincidió con el jefe de Gobernación que, entre los allanamientos y las requisas, insistirán en reducir los índices de la violencia en el país.
La Fiscalía contra el Delito de Extorsión del @MPguatemala y apoyo de @PNCdeGuatemala realizan las 51 cateos contra las extorsiones en Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez, Villa Nueva y en Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu. pic.twitter.com/F5GgopHNXO
— Prensa Libre (@prensa_libre) May 19, 2022
Mendoza, de Diálogos y Sandino Asturias del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (Foss), el gobierno mantiene intacto el ejemplo de El Salvador para reprimir a las pandillas.
Ambos expertos consideraron que “las autoridades creen que el populismo penal es la solución”. Lo que pasa en El Salvador es gravísimo, consideró Asturias, y va a empeorar la situación de la violencia, argumentó.
