Guatemala

Fundación Myrna Mack se suma a proceso por muerte de investigador

La Fundación Myrna Mack se adhirió como querellante en el proceso contra tres exagentes de la extinta Policía Nacional (PN) por la muerte del investigador, José Miguel Mérida Escobar, que inició las pesquisas por el crimen contra la antropóloga en 1990.

Alberto Encarnación Barrios Rabanales, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva. (Foto Prensa Libre: Jerson Ramos)

Alberto Encarnación Barrios Rabanales, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva. (Foto Prensa Libre: Jerson Ramos)

CIUDAD DE GUATEMALA – También se programó la exhumación de los restos humanos, ubicados en el cementerio de Coatepeque, Quetzaltenango para determinar si se trata de Gonzalo Cifuentes, uno de los detenidos y obligado a inculparse por el hecho.

Julio David López Aguilar, José Miguel González Grijalva y Alberto Encarnación Barrios Rabanales enfrentan proceso por los delitos contra los deberes de la humanidad.

Investigaciones dan cuenta que los sindicados participaron en la muerte de Mérida Escobar, hecho ocurrido el 5 de agosto de 1991, cuando la víctima se encontraba en el parque Concordia, zona 1.

Por este asesinato fueron detenidos Alfredo de Jesús Guerra Galindo y Gonzalo Alfredo Cifuentes, quienes supuestamente fueron torturados para que admitieran que habían matado a Mérida Escobar

Los dos hombres fueron juzgados y declarados inocentes por el asesinato de Mérida Estrada.

Tras ser absuelto, Guerra Galindo no volvió a ser visto, pero Cifuentes fue hallado muerto en la zona 11. Tenía una herida de bala en la cabeza.

El juez Adrián Rodríguez, quien sustituye a Silvia de León, jueza Sexta Penal, autorizó programar una exhumación de los restos de Gonzalo Cifuentes, en Coatepeque, Quetzaltenango, para determinar la causa de su muerte.

Antropóloga asesinada en 1990

Myrna Mack fue apuñalada el 11 de septiembre de 1990, en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1. Era antropóloga e investigaba las movilizaciones de comunidades indígenas durante el conflicto armado.

El 7 de septiembre de 1990 había presentado un informe en el que detallaba que los desplazamientos humanos se relacionaban con las políticas de tierra arrasada, puestos en marcha durante los gobiernos militares de la década de 1980.

Por el caso fue condenado en 1993 el especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta Álvarez, declarado responsable como autor material del crimen contra Mack.

El fallo, emitido por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, cobró firmeza en 1994, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia de primera instancia.

*Con información de Jerson Ramos

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