Guatemala
Fuerzas se disputan el control de las postuladoras
Magistrados, decanos y representantes del Cang no logran acuerdos luego de un mes que iniciaran a trabajar las comisiones.
Reunión de la comisión de postulación para magistrados de la CSJ. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Las comisiones de postulación para las cortes de justicia se mantienen en un estancamiento por la ausencia de mayoría de votos para aprobar decisiones. Una forma de explicar la dinámica es la constitución de una fuerza de veto, conformada por la mayoría de los decanos y los comisionados de Unidad por la Justicia que rompió con la dinámica tradicional, según la Asociación Diálogos.
En la elección de secretario y las discusiones por la sede, el Movimiento Projusticia ha identificado una primera correlación de fuerzas en la comisión para Corte Suprema de Justicia: 15 comisionados que se inclinan por mantener la sede en la Universidad Rafael Landívar y 22 entre los grupos afines a Nester Vásquez, Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez.
María del Carmen Peláez, de la Asociación Diálogos, identifica tres grandes sectores, que tienen que ver con el diseño de las comisiones, la academia, es decir los decanos y el presidente de la comisión, que “muestran tendencia a privilegiar criterios técnicos; los magistrados de Apelaciones cuya conducta y toma de decisiones se orienta a conservar el sistema con las reglas de juego, hay un claro incentivo de que esto sea así porque hay que recordar que la mayoría tiene interés por reelegirse”. El tercero se compone por los comisionados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) que representan una mayor amplitud, por la magnitud de electorado: 15 mil 500 agremiados que participaron en la elección.
En otros procesos los comisionados del Cang han tenido criterios similares a los de los magistrados, detalla Peláez, pero en este proceso la planilla 8, “el reformismo” supone una fractura del poder tradicional.
El grupo de veto -que representa de 14 a 15 votos-, de acuerdo con Peláez, es positivo porque abre la oportunidad para que sea “difícil que se adopten decisiones nefastas, porque hay un actor fuerte que se opone a ellas”.
Inercia
El grupo responde a la inercia, de acuerdo con Gregorio Saavedra comisionado electo por la planilla 8. “La coincidencia son los principios democráticos”, dijo Saavedra en el arranque del proceso y señala que no hay acercamientos más allá de la primera sesión que se ha prolongado por dos semanas.
Sobre la posibilidad de que articule un grupo que pase del veto a la toma de decisiones, que permitan la recuperación de las cortes de justicia, Saavedra consideró que “es necesario llegar a consensos, pero tenemos que lograr que sea dentro de la comisión, sobre todo por elevar el nivel de los perfiles, lo que puede inspirar a la participación de aspirantes idóneos”.
En oposición, Armando Ismael Ajín es uno de los actores con más interacciones en las comisiones de postulación, un abogado conocido por la defensa de Gustavo Alejos; exasesor del bloque Vamos y hasta junio, docente de posgrado de la facultad de Derecho de la USAC, entre otros aspectos de su trayectoria.
En las elecciones del Cang se postuló por la planilla 5 afín a Walter Mazariegos. Ajín ha dicho a la prensa que únicamente vota por lo que considera correcto.
En opinión de Peláez, Ajín y los comisionados que votan en línea, tienen al parecer la representación de intereses bastante claros porque “las cosas se mantengan como están, porque las reglas de juego sigan funcionando como hasta ahora; no es difícil pensar que detrás hay intereses perversos como la instrumentalización de la justicia o garantizar impunidad en algunos casos concretos”.
El costo y garantía
El grupo de 14 comisionados, tiene como base a diez decanos, excepto los representantes de la Usac y Regional. En otros procesos, los decanos han estado del lado de la transparencia, la meritocracia, la independencia y objetividad según María del Carmen Peláez de Asociación Diálogos.
Para este proceso, el grupo ha crecido y ahora es un actor veto. Hay un estancamiento, pero nos da una garantía para que se adopten decisiones contrarias a la transparencia, la independencia y la objetividad, puntualizó Peláez.
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