Ahora, grupos de abogados ven con preocupación esta persecución y ante la pasividad del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), temen que su único opción sea acudir a cortes internacionales para que puedan proteger el ejercicio de la abogacía.
Además de pasividad, el Cang se ha mantenido en silencio y al ser buscado en repetidas ocasiones vía telefónica y por chat, no respondió a las solicitudes de entrevista de este medio.
Hasta el momento, al menos 14 exoperadores de justicia se encuentran en el exilio, siendo el último el exfiscal Carlos Antonio Videz quien estuvo a cargo del interrogatorio del Testigo A, quien acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber recibido sobornos para financiar la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.
Pero quienes no lograron salir al exilio, se encuentran actualmente procesados y guardando prisión preventiva. Ha tomado relevancia el caso de la abogada Leyli Santizo, exlitigante de la extinta Cicig y quien ejercía la defensa de varios exfiscales de la Feci.
A Santizo la acusan de pedir que se anexe el caso de su defendida Xiomara Sosa, también capturada, al juzgado de Mayor Riesgo a cargo de Erika Aifán quien tiene en sus manos todo el expediente relacionado al caso Odebrecht.
Días después de la captura de Santizo, el MP informó sobre la captura de los también exfiscales Willy Roberto Recanac López, Paola Mishelle Escobar Quiñónez y Aliss Noemía Morán Mejía por supuestamente coaccionar a un acusado en el caso de Comisiones Paralelas 2020 para que declarara como testigo protegido.
Para evitar su aprehensión, el exfiscal Rudy Herrera Lemus logró salir al exilio.
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La última fiscal capturada por las autoridades es Virginia Laparra, jefa de la Feci en Quetzaltenango.
En el último mensaje que dio la fiscal general, Consuelo Porras, aseveró que todas estas investigaciones corresponden a “hacer cumplir la ley” rechazando cualquier señalamiento que mencione una criminalización contra estos operadores de justicia.
“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, dijo Porras al referirse al caso de las abogadas Leyli Santizo y Eva Sosa.
¿Amenazas contra la abogacía?
Ante la pasividad de la junta directiva del CANG, el expresidente de este colegio y actual presidente del comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, Marco Tulio Sagastume, expresó su preocupación ante la criminalización de abogados, fiscales y jueces.
“El MP debe perseguir la criminalidad y en su lugar está persiguiendo a los que persiguen la corrupción. La única solución es ir a nivel internacional porque a nivel nacional hay un acomodamiento terrible” aseveró.
A decir de Sagastume, una acción concreta que puede realizar el CANG es adherirse como querellante en el caso de Leyli Santizo y en favor de la profesión de abogado.
Ramón Cadena, abogado y exmiembro de la Comisión Internacional de Juristas también aseveró que la única opción es apoyarse en organismos internacionales para parar esta ofensiva.
“Lo que se esperaría es que el CANG interviniera en la protección y defensa de estas personas, pero ha sido totalmente pasivo. Necesitamos manifestaciones que velen porque la función del abogado sea la correcta”, agregó.
Al contrario de lo que pasa en el ámbito nacional, las instancias que sí se han pronunciado sobre la situación que pasan abogados en el ejercicio de su profesión han sido el Colegio de Abogados de Nueva York y la Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y Magistrados.
“Expreso mi rechazo a los ataques y persecución en Guatemala contra jueces, fiscales y abogados ocurridos en días recientes, destinados a despojarlos de sus inmunidades, forzar sus renuncias o su exilio, y de su derecho a la defensa técnica ante la justicia” dijo el relator Diego García-Sayán.
Contra jueces
Las manifestaciones hechas contra jueces que llevan casos de mayor riesgo también son contadas como parte de los ataques hacia los profesionales del derecho, explican los entrevistados y por esta vía iba el comunicado del Colegio de Abogados de Nueva York quien calificaba como acoso las constantes solicitudes de antejuicio contra la jueza Erika Aifán.
La jueza Bélgica Deras, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, aseveró que la resolución de la Corte de Constitucionalidad en prohibir la participación de jueces para la elección de Fiscal General también es una decisión que vulnera sus derechos.
“Deja mucho en qué pensar cuál es el trasfondo de estas últimas disposiciones y el interés de sacarnos de esta participación para cargos públicos. Nosotros como jueces no dejamos de ejercer la profesión solo porque seamos jueces y para ser juez se necesita ser abogado y ahí nos está coartando ese derecho de participar” agregó.
Para Deras, la falta de un respaldo institucional los podría llevar a acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser escuchados y crear un precedente de lo que está pasando en el país.
