El viernes pasado la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP), realizó una diligencia judicial de inspección en anticipo de prueba.
Dicha prueba consiste en analizar el producto mineral encontrado el pasado 6 de junio, durante un allanamiento en un inmueble del municipio San José del Golfo, Guatemala.
Las muestra se tomaron a los 182 costales con concentrado mineral y el objetivo es hacer la determinación exacta y oficial del contenido.
La fiscalía también secuestró documentos, dispositivos electrónicos y clausuró el lugar mientras se continúan con las investigaciones.
Allanamiento
La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares, razón por la que fue allanada.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 24, 2016
Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación, detalló que la operación consistió en tres allanamientos en bodegas propiedad de Exmingua ubicadas en San Pedro Ayampuc —Exmingua planta Progreso VII Derivada—, San José del Golfo y San Antonio La Paz —finca Soprana o Pranatura—.
Resalta el hecho que en los inmuebles además de los sacos con material mineral también fue localizada una guacamaya roja, dos loros, piezas arqueológicas que se supone fueron descubiertas durante las operaciones y plantas que se creen son marihuana.
Antecedentes
El 30 de septiembre del 2011 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó el derecho de exploración de productos mineros de oro y plata a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A, por un plazo de 25 años.
El 29 de agosto del 2014 el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), interpuso una acción constitucional de amparo.
Calas alegaba que “era obligación del Estado de Guatemala contar con la participación de los pueblos indígenas en decisiones que puedan afectarles, consultarles y obtener su consentimiento previo, libre e informado de acuerdo con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales”.
Debido a esto el 11 de noviembre del 2015 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó el amparo provisional a Calas en el cual deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera.
El 18 de marzo del 2016 el MP comenzó con las investigaciones correspondientes por la posible comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales.
La empresa colocó una serie de amparos, pero el 5 de mayo del 2016 la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar los recursos.
El 07 de mayo del 2016 en seguimiento a la investigación se realiza inspección en el proyecto minero para verificar si la entidad continúa realizando sus operaciones para la explotación de oro y plata, ante lo cual se confirma que siguen operando. Actualmente el expediente se encuentra bajo reserva judicial.
