La ratificación se dio en la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, con la magistrada Elisa Victoria Pellecer, pesquisidora nombrada en este caso por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El avance de las pesquisas determina que el diputado Quej era un “jefe de línea” que habría organizado a los diputados para aprobar leyes por petición de Roxana Baldetti, quien fue vicepresidenta.
Los posibles delitos cometidos por el legislador podrían ser cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y violación a la Constitución.
“Se considera que pudo haber ostentado la calidad de ‘jefe de línea’ dentro del Congreso. Estructura creada dentro del -cancelado- Partido Patriota en el cual se subordinó el Organismo Legislativo al Ejecutivo”, añadió Mejía.
El fiscal mencionó que se estableció la función que tenía el diputado a su cargo y era avisarle a los diputados que estaban bajo su mando las instrucciones recibidas por el Organismo Ejecutivo, “específicamente por Roxana Baldetti”, y además asistían a su oficina para recoger los sobres con dinero a los cuales les denominaban “champurradas”.
La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
Otro antejuicio
Para el MP, el diputado Juan José Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso se planteó que se le retire la inmunidad el 6 de mayo pasado.
La investigación determinó que ambos legisladores, Quej y Porras, recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.
El documento de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se refiere a que producto de estos pactos y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el Decreto 12-2014 -Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos-, aprobado el 8 de abril de 2014.
El fiscal Mejía ya ratificó antejuicios contra los diputados Juan José Porras y Boris España, por este caso.
Esta semana deberá comparecer con pesquisidores para ratificar antejuicios contra los diputados Estuardo Galdámez y Gustavo Medrano, quienes también podrían estar involucrados en estos hechos.
El fiscal explica el avance de la investigación. pic.twitter.com/bqiyGfe0sy
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 23, 2019
Los señalados:
- Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): por asociación ilícita, cohecho activo.
- Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
- Juan José Porras Castillo (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
- Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
- Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
- Boris Roberto España Cáceres (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
- Haroldo Eric Quej Chen (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
- Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
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