La juzgadora también ordenó lo conducente contra José Curruchiche, fiscal de Delitos Electorales, para que la fiscal General, María Consuelo Porras, determine si él incurrió en falta o delito por haber realizado el acuerdo de criterio de oportunidad con los procesados sin la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), querellante adhesivo, y la Procuraduría General de la Nación (PGN). el representante del Estado.
“¿Por qué el Ministerio Público no convocó al querellante adhesivo, la Cicig, y a la PGN a esa reunión del criterio de oportunidad? Esa pregunta no puede ser respondida”, dijo la juzgadora Aifán. “Es importante establecer cuál es ese daño causado. El juez debe mantener la equidad de todas las partes, que se cumplan las garantías constitucionales y procesales”, añadió.
Aifán ejemplificó que al acuerdo de criterio de oportunidad le falta certeza jurídica y puso en duda las fechas en las que se llegó a acuerdos entre el MP y los sindicados. En específico, el convenio fue el 15 de marzo último y se amplió el día 27, pero en las notificaciones al juzgado precisa que el acuerdo fue el día 25.
“El trabajo del MP implica hacer una petición responsable y adecuada”, señaló la jueza, porque uno de los acuerdos se refiere al cese de la persecución penal en dos procesos cuando ella solo conoce un caso. “¿A qué otro proceso se refiere el MP?”, cuestionó.
También se refirió a que el caso es complejo y recordó que hay 122 mil folios.
No hubo postura
Luego de la resolución y de la audiencia, los abogados de los empresarios abandonaron la sala sin dar declaraciones a la prensa.
El acuerdo
Durante la mañana, el fiscal Curruchiche dijo a la jueza que se había llegado a un acuerdo con los empresarios mediante un criterio de oportunidad en aquellas fechas, 15 y el 27 de marzo pasado.
Curruchiche detalló que los empresarios se comprometieron a organizar y financiar tres capacitaciones regionales relacionadas con el evento electoral y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Las capacitaciones serían en tres sesiones de tres horas cada una. Asistirían integrantes de defensores de pueblos indígenas, estudiantes y vecinos, así como implementar documentos en sistema braille para explicar la importancia del evento electoral.
Bosch se comprometió a brindar las capacitaciones en la cabecera de Jutiapa, asistiría gente de Santa Rosa y Jalapa, y pagaría Q1 millón al Instituto de Formación y Capacitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las capacitaciones que organizaría Paiz serían en la cabecera de Quetzaltenango y estarían invitados los vecinos de San Marcos. Además, debería pagar Q116 mil 550 al órgano electoral, el mismo monto que aportó a la agrupación política en 2015.
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Castillo tendría sus capacitaciones en la cabecera de Zacapa y asistirían los pobladores de Chiquimula, Izabal y El Progreso. También pagaría Q2 millones al TSE.
Torrebiarte organizaría las capacitaciones en la cabecera de Sololá para los pobladores de Quiché y Totonicapán.
Vila iría a la cabecera de Escuintla, donde estarían invitados los vecinos de Sacatepéquez y Chimaltenango. Además, pagaría Q200 mil y Q2 millones 204 mil al TSE.
“Recordemos que fue en el marco de un evento electoral en que se hicieron los aportes dinerarios que no fueron registrados” por el partido FCN-Nación al TSE, explicó el fiscal Curruchiche.
La Cicig se opuso
El abogado Leopoldo Zeissig, mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), explicó que no era viable el criterio de oportunidad y manifestó su oposición.
“El daño grave es necesario que se establezca. Existe un grave daño a la pureza del evento electoral. No existen las condiciones, no sería viable el criterio de oportunidad”, dijo Zeissig.
Explicó que se debe compensar a los demás partidos políticos que participaron en la contienda electoral de 2015.
La PGN, sorprendida
Mynor Ortega, representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), dijo que le sorprendía el criterio de oportunidad que planteó el fiscal, del cual la institución no fue incluida en el convenio.
Por tanto Ortega pidió el sobreseimiento a favor de los cinco empresarios y que fuera ordenado lo conducente contra el fiscal Curruchiche por incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y abuso de autoridad.
Al final Aifán declaró sin lugar la petición de la PGN sobre el sobreseimiento a favor de los empresarios.
Argumentos de los abogados
Los abogados de los sindicados explicaron que los empresarios están comprometidos con la reparación integral y le pidieron a la jueza que avalara el beneficio, aunque no tuvieron éxito.
El primero en exponer fue el abogado Omar Contreras, en representación de Vila Girón. “Mi cliente hizo la petición porque se considera que sí se cumplen los requisitos del Código Procesal Penal para la aplicación de la medida desjudicializadora. Se está confundiendo como un posible procedimiento abreviado, que son dos situaciones completamente diferentes”, mencionó.
“Es cuando el MP considere, no cuando las demás partes lo consideren. y es el fiscal quien lo planteó. Se han celebrado acuerdos. Por eso en ese sentido la facultad del MP es considerar que la seguridad ciudadana y el interés público no están afectados. Esa instancia ya fue superada. Aquí no estamos discutiendo un delito contenido en la Ley contra la Narcoactividad. En este caso el criterio de oportunidad es una medida alterna, no es necesario que exista un auto de procesamiento. La pena no supera los cinco años de prisión”, explicó.
Javier Estrada, defensor de Paiz del Carmen, expuso: “En la audiencia de etapa intermedia el ente investigador está formulando una nueva acusación en cuanto a la aplicación del criterio de oportunidad. Los puntos son la medida desjudicializadora, el fin doctrinal, el análisis del tipo penal, los requisitos de procedencia y es viable su aplicación”. Agregó: “La facultad es exclusiva del MP después de analizar el caso, en este caso solicitar el criterio de oportunidad. El fundamento jurídico es que los delitos de acción pública que no superen los cinco años de prisión como requisito para admitir el criterio. En la práctica están otros requisitos como los antecedentes penales, los antecedentes policiales, elementos que son necesarios para la aplicación de un criterio de oportunidad”.
El abogado Mario Castañeda, quien defiende a Torrebiarte, se refirió a la lealtad procesal. “Es una actitud de mi patrocinado y las demás personas que se encuentran procesadas dentro del presente proceso. Hemos tenido una concordancia de principio, incluso, antes que se iniciar con las etapas procesales”.
“El principio de lealtad, de respeto y en todos esos principios hemos venido actuando. Respetamos su judicatura, siempre aplicando los principios que nuestra Constitución y el Código Procesal Penal recoge en cuanto a nuestros patrocinados. Al haber arribado a la petición del criterio de oportunidad, no es algo que se haya querido negociado, estos acuerdos fueron solicitado antes de la reforma del artículo 407 y eso consta en la judicatura. Si en aquel momento consideramos que había un criterio, no digamos en este momento”, aseguró Castañeda.
Por su parte el abogado Romeo Montoya, en defensa de Castillo dijo que sí es procedente en aras de una medida desjudicializadora. “No hay negociaciones ocultas, solo estamos haciendo un requerimiento púbico que le MP ya sabía. Los coimputados en una conferencia de prensa se refirieron al hecho”.
“Lo que se hizo fue una colecta para el pago de tráfico y alimentación para fiscales de partido para verificar si la boleta estaba marcada, no se estaba tergiversando el proceso electoral anterior. Era almuerzo y transporte, no era otra cosa. Tenemos que concentrarnos en las medidas reparadoras que sean viables, lógicas para la sociedad. En ningún momento hubo negociaciones, simplemente estamos actuando conforme a la ley. No hay negociaciones ocultas, todas las partes tenían conocimiento”, dijo Montoya.
Por último, el abogado Julio García, en defensa de Bosch se adhirió a las peticiones del MP y mostró la carencia de antecedentes penales y policiales de su cliente. “Desde hace 10 años empezaron reformas al Código Procesal Penal con la creación de juzgados especializados por la saturación de los juzgados”.
“Las salidas alternas son de poca utilidad lo cual tiene como consecuencia la saturación de los juzgados. Este caso es un delito menos grave por definición, tiene una pena de uno a cinco años de prisión. Continuar con enviar a juicio, como se ha demostrado que se gasta Q1 millón por caso debido a que dura muchos años. El criterio de oportunidad es viable”.
El señalamiento
El señalamiento es por haber ocultado financiamiento electoral a la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó a la presidencia a Jimmy Morales en 2015.
El Ministerio Público y la Cicig señalaron al partido que llevó a la Presidencia a Morales de no haber reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q15 millones que gastó en las elecciones de 2015.
El 26 de febrero del 2018, Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López, llegaron de manera voluntaria al MP para aportar información importante sobre el financiamiento de la campaña de Morales con el partido FCN Nación.
Tanto Paiz como López presentaron documentos, correos y facturas que respaldaban sus declaraciones, ambas con cargos de gerencia en Novaservicios Sociedad Anónima, empresa que recibió los aportes para la campaña de Morales.
La investigación llamada Financiamiento Ilícito FCN-Nación tiene relación con el pago para fiscales electorales de mencionado partido y pago de publicidad durante la primera y segunda vuelta electoral de la campaña de 2015.
A ambas empresarias ya se les archivó el caso.
Se disculpan
El pasado 19 de abril los empresarios ofrecieron disculpas a Guatemala por los errores cometidos cometidos, con garantía de que no se repetirán.
Argumentaron que era su deseo asumir un rol activo en el desarrollo y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, ante el debilitamiento institucional y la erosión ciudadana en la confianza a las instituciones.
“Ante el entorno electoral del 2015, los aquí presentes o representados, decidimos participar facilitando la movilización de fiscales electorales para el partido FCN-Nación. Dicho partido no contaba con fiscales en las mesas electorales que resguardaran la voluntad de cada voto. Este esfuerzo y esta decisión, fue apoyada por este grupo de empresarios, que hoy estamos frente a ustedes, comprometidos con el desarrollo, progreso y bienestar de Guatemala. Las acciones respondieron al momento histórico de crisis política que existía en nuestro país y la premura bajo la cual se dieron estas acciones”.
Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Ramiro Castillo, Herbert Gonzalez, Stefano Olivero, Salvador Paiz, Jose Miguel Torrebiarte y Fraterno Vila firmaron la disculpa.
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