“Al efectuar las modificaciones se incrementaron los costos y la obra, por ende, quedó inconclusa. Al emitir el decreto, prácticamente los responsables del negocio quedaron amparados”, comentó el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, fiscalía encargada del caso.
La Fiscalía no descarta fraude, retorno de dinero hacia funcionarios públicos o enriquecimiento ilícito. Por eso considera necesario investigar los movimientos financieros de diputados, ministros y familiares en la época de aprobación, afirmó.
Durante la autorización del decreto, en el Legislativo se denunció que cada parlamentario que votara a favor recibiría Q250 mil. Solo se opusieron Encuentro por Guatemala (EG) y Libertad Democrática Renovada. La Fiscalía busca reunirse con la diputada Nineth Montenegro, de EG.
Pondrá denuncia
Odebrecht construyó 49 de los 140 kilómetros contratados para ampliar la ruta CA-2 Occidente por las modificaciones al contrato, según el ministro de Comunicaciones, Aldo García, quien se espera que presente hoy una denuncia en el Ministerio Público.
La denuncia busca que se investigue la cadena de funcionarios y exfuncionarios que permitieron las modificaciones al contrato, el 22 de noviembre del 2013, 13 meses después de que el Congreso aprobó el proyecto y su financiamiento.
Según García, cuando suspendió el contrato, incluidos los compromisos de pago, el avance financiero era de 70% mientras que el físico de 35%.
Aparte, ingenieros de la Contraloría General de Cuentas verifican esta semana la obra física, para actualizar datos.
Estas personas eran funcionarios durante la aprobación de la obra.
- Alejandro Sinibaldi y Jesús Insúa, ministros de Comunicaciones.
- Rubén Mejía y Miguel Cabrera, viceministros de Comunicaciones.
- Pavel Centeno, ministro de Finanzas, ya fallecido, renunció un mes antes de las modificaciones.
- María Castro sustituyó a Pavel Centeno.
