La acción judicial que firmó la fiscal fue recibida el 22 de agosto de 2019 en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público (MP) y se supo que ya fue remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos, que dirige Melvin Medina y señala hechos por posible abuso de autoridad.
Los hechos denunciados por Monterroso aluden a hechos supuestamente ocurridos después de una audiencia del caso “Asalto al Ministerio de Salud”, el 5 de agosto anterior.
De acuerdo con la fiscal, luego de que Aifán suspendió la diligencia por cuestiones de agenda la citó a su despacho junto a otros representantes de instituciones del estado para hacerle varios cuestionamientos, entre ellos que debía imputar los delitos por los que se habían autorizado las órdenes de captura del caso pues de lo contrario “tendría que declarar varias faltas de mérito”.
Se consultó a Julia Barrera, vocera del MP, el 28 de agosto, para conocer los motivos de la denuncia, pero aún estaba verificando el caso.
Esta es la denuncia completa de la fiscal en contra de la jueza.
Ni la fiscal Monterroso ni Juan Francisco Sandoval, quien dirige la Feci, proporcionaron detalles del caso. Para “no entorpecer” el avance de las pesquisas se ha evitado aclarar el motivo de la denuncia, se indicó.
- Monterroso al insistir en una postura compartió el 29 de agosto del 2019: “Que confío en la objetividad del Ministerio Público para la investigación de la denuncia que al final, la agraviada por hechos así no soy yo. Es la administración de justicia”.
Un detalle relevante es que la denuncia contra Aifán sucede durante la invitación a los abogados a participar como candidatos a magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo plazo para postularse finalizará el próximo viernes 30 de agosto y para el cual Aifán hizo los trámites pues se sabe que se postulará.
Casos donde está Monterroso y Aifán
Monterroso es quien tiene a su cargo la investigación del caso Fénix, que también fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La audiencia de más de 30 personas, incluido Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera -con orden de aprehensión-, inició el 12 de abril pasado cuando se conocieron los primeros detalles de esta investigación.
Monterroso utilizó cinco días para imputar a los señalados y la audiencia se ha extendido debido a las intervenciones de los defensores.
En 2008 Gustavo Herrera habría llegado a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución en su contra por su supuesta responsabilidad en el desfalco de Q350 millones al IGSS, no imaginó que años más tarde la justicia lo buscaría otra vez por ese caso, pero no por peculado, como en aquella ocasión; sino junto a otras 31 personas, y se le sindica de lavado de dinero u otros activos.
La investigación conjunta entre la Feci y la Cicig concluyó en la solicitud de captura de 19 personas y la citación de 33 más, entre personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.
Otro caso que también conoce la fiscal Monterroso es Asalto al Ministerio de Salud, cuya audiencia comenzó el 14 de agosto pasado. Ese día compareció la fiscal Claudia Carrera y Monterroso estuvo ausente.
El caso se conoció el 16 de julio pasado cuando fueron detenidas 19 personas y una semana después se entregó el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.
Los señalamientos implican al exministro de Salud Jorge Villavicencio en una presunta estructura de corrupción en esa cartera.
También está señalada la hija de este, Saraí Villavicencio Delgado, y al exdiputado Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos, así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.
Según el MP, la investigación está fundamentada con miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.
¿Quién es la jueza?
Erika Lorena Aifán Dávila, conocida como “la jueza de hierro” y “la jueza rebelde” está fuera del país y en la judicatura desconocen lo sucedido.
Nació en la Ciudad de Guatemala y se graduó de maestra de primaria y maestra de educación en la Fe en Casa Central.
Estudios
- Es abogada y notaria graduada en 1999 en la Usac
- Tiene una maestría orientada al derecho laboral y otra de administración financiera por la misma universidad.
- Es doctora en ciencias penales, graduada en la sede de la Usac de Quetzaltenango.
Cargos
- En 2002 fue nombrada jueza en Ixchiguán, San Marcos.
- En 2006 fue trasladada al Juzgado de Primera Instancia en Jutiapa
- En 2014 integró el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Rosa
- En 2016 designada en el Juzgado de Mayor Riesgo D
En sus manos tuvo el expediente de antejuicio en contra del exdiputado Manuel de Jesús Castillo Medrano, “Manolino”, condenado a 203 años de cárcel por su participación en el asesinato de tres diputados del Parlamentro Centroamericano (Parlacen) en 2007.
Esta nota se reeditó el 29 de agosto de 2019, a las 9.30 horas, para incluir algunos detalles de la denuncia y adjuntar el documento completo a la misma.
