La exfiscal anticorrupción fue ligada a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones y está en prisión preventiva desde hace más de tres meses, pues, aunque en varias ocasiones la defensa a solicitado el arresto domiciliario, esa medida le ha sido negada.
La diligencia se coloca una vez más en la agenda de dicho juzgado, luego de que el juez a cargo se excusara y luego de una actividad procesal defectuosa de la Fundación Contra el Terrorismo que fue rechazada.
Laparra cumplió el 23 de mayo último tres meses en prisión desde que fue encarcelada por un supuesto delito administrativo al denunciar a un juez, pese a las peticiones de liberación por parte de entidades locales e internacionales.
Laparra fue detenida el 23 de febrero y permanece en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en la Ciudad de Guatemala, donde se encuentran sin libertad alrededor de 250 reos de alto perfil.
De acuerdo con la organización guatemalteca JusticiaYa, protagonista de las manifestaciones anticorrupción que en 2015 provocaron la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina, la acusación en contra de Laparra obedece a que el Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras “busca complacer a criminales”.
Bajo prisión preventiva
Laparra, quien no tiene acceso a más de una hora de sol diaria según denunciaron diversas fuentes, está acusada por una decisión a su cargo cuando era fiscal en 2019 al solicitar dos denuncias administrativas contra un juez, por lo que ha reiterado desde prisión en una carta que “eso no es un delito”.
Según diversas fuentes, dichas denuncias administrativas fueron en contra de un juez por jurisprudencia y por la incorporación de declaraciones a un expediente sin notificarlo.
Laparra indicó en una carta desde prisión en abril pasado que se encuentra tras las rejas “por faccionar cuatro denuncias administrativas contra un juez penal de mayor riesgo” y que su encarcelamiento es “desproporcionado” a los hechos que se le imputan.
El pasado 20 de abril, el presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, Marco Antonio Sagastume Gemmell, calificó como una “vergüenza” la prisión preventiva que enfrenta Laparra, tras visitarla en la cárcel.
“Es una verdadera vergüenza para la Justicia guatemalteca lo que están haciendo con la prisión provisional”, dijo Sagastume Gemmell a periodistas.
Laparra fue parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, que entre 2014 y 2020 emprendió una histórica lucha contra la corrupción en el país que imputó a más de 200 personas entre altos funcionarios y miembros de la élite empresarial.
Sin embargo, en 2021 dicha fiscalía fue desarticulada por decisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y sus trabajadores, a juicio de expertos y diversos sectores sociales, han sido perseguidos de manera criminal.
Porras fue sancionada con la remoción de su visa en septiembre de 2021 por parte de Estados Unidos, acusada de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto en Guatemala.
Pese a ello, Porras fue reelegida el pasado 16 de mayo para un segundo período de cuatro años por decisión del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
Un día después de reelegir a Porras, Giammattei dijo en un acto diplomático que Estados Unidos “no lo iba a invitar” a la Cumbre de las Américas en junio próximo, aunque de igual forma indicó que “yo ya mandé a decir que no voy a ir”.
Al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos se encuentran en el exilio por la presunta persecución de Porras, según denunció la semana pasada la exfiscal general Thelma Aldana.
Con información de EFE
