El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público (MP) ha registrado en lo que va del año 45 mil 982 víctimas de delitos de violencia contra la mujer y 337 casos de femicidio.
Según la página del MP, reciben 232 denuncias diarias de las cuales el 24 por ciento se ha solucionado. Sin embargo, esa “solución” hace referencia a sobreseimientos, desestimaciones, remisión a otros juzgados o, en pocos casos, la sentencia.
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Pero el atraso que tienen los casos de femicidios no es solo efecto de la pandemia que obligó a muchos juzgados a reagendar las audiencias previstas, sino por estrategias de la defensa que obligan a las familias de las víctimas a esperar más para que se haga justicia.
En el caso del femicidio de Luz María López Morales, la audiencia de etapa intermedia para definir si su esposo Jorge Rafael Zea Mejía va a juicio por ser el principal sospechoso de su muerte, estaba programada para mayo de 2021 y hasta el momento no se ha logrado llevar a cabo.
López Morales desapareció el 20 de enero de este año, tres días después su cuerpo apareció en una alcantarilla a pocas cuadras de su lugar de trabajo, ella laboraba en el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público en la zona 2 capitalina.
Ese mismo día, las autoridades capturaron al esposo de López Morales como el principal sospechoso del crimen y, aunque esté caso ha ido con celeridad, la audiencia de etapa intermedia ha sido suspendida en varias ocasiones por la defensa.
Este 16 de septiembre se llevaría a cabo la audiencia, sin embargo, se volvió a suspender ya que sea no se presentó con sus abogados. Uno de sus defensores alegó estar contagiado de covid-19, pero no presentó ningún certificado médico que avalara dicho extremo.
El segundo abogado se excusó diciendo que estaba en Zacapa. De esta forma Zea consiguió que se reprograme la audiencia al 17 de diciembre.
Otro caso que ejemplifica los atrasos es el de la niña Chelsiry de León, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue localizado calcinado en febrero del 2020. El principal sospechoso es su tío Edgar Leonel Marroquín Barrera.
Desde diciembre de 2020, el Ministerio Público espera que inicie el juicio que ha sido atrasado en, al menos, siete ocasiones.
El Juzgado Pluripersonal de Femicidio de Guatemala decretó la clausura provisional en enero de 2021 atribuyendo falta de pruebas. Tras la apelación de esta resolución, las partes procesales esperan que el juicio pueda iniciar a finales de este año.
Impunidad
En los últimos 20 años, el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)ha documentado la muerte violenta de 12 mil 494 mujeres y según Giovana Lemus, directora de la institución, los casos que llegan a una sentencia condenatoria son la excepción a la regla ya que la impunidad se mantiene en un 97 por ciento.
“Depende del muro de impunidad al que nos enfrentemos, pero en promedio toma cinco años para que un proceso llegue a juicio, todavía tenemos que ver de cuánto es la mora por la pandemia porque hay muchos procesos que están empantanados”, dijo Lemus.
Pero agregó que, así como un juicio puede llegar en cinco años, hay otros que deben esperar más de una década.
Esteban Celada, abogado de Mujeres Transformando al Mundo (MTM) contó que lleva un proceso de violencia física e intento de femicidio de una mujer que se salvó de morir a machetazos por su pareja. La denuncia se presentó en 2010, el debate fue en 2015 y el juicio aún no ha llegado a término porque el tribunal en lugar de imputar el delito de intento de femicidio, imputó un delito por violencia física.
“Mientras se consigue una sentencia condenatoria, las víctimas se siguen exponiendo y no se corrigen las situaciones en el sistema de justicia que hace que se atrasen los casos”, explicó Celada.
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Muchos de los vicios que existen en este tipo de casos, dicen Lemus y Celada, es que los jueces cambian los delitos por unos más laxos y no se condena al agresor como se esperaría en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.
“Hay actitudes de resistencia pasiva de algunos operadores de justicia que terminan revictimizando a las sobrevivientes de violencia y esto ha ralentizado y condicionado los avances en la aplicación de la ley y que inciden directamente en la prevención y erradicación de la violencia”, agregó Lemus.
Para tratar de garantizar justicia, muchas de los familiares de las víctimas o sobrevivientes de la violencia de género han acudido a redes sociales para provocar una auditoría pública a los procesos judiciales.
“Hay muchos reproches de parte de los operadores de justicia hacia las víctimas u organizaciones porque dicen que la justicia se busca en los tribunales y no en redes sociales, pero con todo lo que está pasando y la corrupción que hay en el sistema, ¿qué garantías de seguridad las familias?”, agrega Celada.
Esto es lo que ha ocurrido en el caso de Luz María que tiene una cuenta de Facebook manejada por la familia para informar del proceso, cuenta fue hackeada en una ocasión para evitar que existiera un seguimiento al caso.
