“No existe peligro de fuga ni de intervención en la investigación, pues toda su participación y pruebas presentadas ya estaban documentadas en las actas de la Junta Directiva del Seguro Social”, señaló Guido Ricci, abogado del empresario, en una conferencia de prensa.
La petición de los familiares y amigos hace referencia a que Quirin fue beneficiado con libertad condicional el día que fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión incomutables por el caso Igss-Pisa. El beneficio fue otorgado por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal para que el empresario pudiera estar en su casa mientras quedaba en firme la sentencia.
No obstante, esta resolución no se ha cumplido porque la Fiscalía acusa a los exmiembros de la junta directiva, incluido Quirin, en otro caso que tiene que ver con la compra de ambulancias sobrevaloradas, al que se le denominó Igss-Ambulancias.
“Este segundo caso señala supuestas anomalías en la autorización, de parte de la Junta Directiva, de dos compras y un arrendamiento por parte del Igss. Al igual que en el primer caso, Max Quirin está dispuesto a demostrar ante los tribunales que todo su actuar, como representante patronal en la directiva, se apegó siempre a la ley”, señala un comunicado de familiares y conocidos.
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Los familiares de Quirin señalaron que, desde octubre del 2018, por orden de juez, él puede salir de prisión. “En este caso, el sistema de justicia ha denegado, de forma insensata, las medidas solicitadas por otros dos acusados, lo que ha derivado en la muerte de dos médicos, Raúl Castañeda Pineda y Jesús Oliva Leal”, en el 2016 y 2018, respectivamente. Ambos eran señalados también en el caso Igss- Pisa.
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Durante la conferencia de prensa ofrecida por los allegados al empresario también se indicó que, según la Ley, la prisión preventiva está limitada a un año, pero en el caso de Quirin lleva tres años y ocho meses en esa condición debido a supuestas fallas administrativas.
Quirin fue presidente de Anacafé y también fue miembro del Consejo Asesor de Seguridad del 2004 al 2008. Además, integró el Comité Ejecutivo de Pronacom y fue representante de empresarios ante la Junta Monetaria.
Los casos
El caso Igss-Pisa fue presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el 2015, cuando se indicó que la empresa Pisa, de origen mexicano, accedió a pagar como soborno el 16 por ciento de un contrato por Q116 millones.
La intención fue, según las investigaciones, que los integrantes de la junta directiva del Seguro Social les concediera el contrato para prestar servicios de diálisis peritoneal a pacientes renales de esa institución.
El nuevo caso, Igss-Ambulancias, se presentó en marzo del 2017 y señaló a los miembros de la Directiva del Igss de autorizar el arrendamiento irregular por US$30 mil – unos Q231 mil 709.80- de un edificio en la zona 9 capitalina. Además se señaló la sobrevaloración de 50 ambulancias para esa entidad -Q880 mil- y la compra, sin justificación, de un sistema informático valorado en Q250 millones.
En ese caso, los funcionarios fueron ligados a proceso y permanecen en prisión preventiva.
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