“Exigimos libertad, ya es demasiado tiempo, ya es mucho tiempo, nadie pide que no se lleven a cabo los procesos de justicia, pero tampoco es justo que las personas estén encerradas sin que se lleven a cabo los procesos adecuados para que sean juzgados como debe ser”, manifestó.
“Nosotros tenemos que ver cómo salir como familia y nos ha costado demasiado, mis hijos y yo dependíamos del sueldo de mi esposo. Yo adentro del -Mariscal- Zabala tengo un negocio de granizadas y tacos y ahí trabajamos con mi esposo porque eso nos ha ayudado”, añadió.
Martínez coment�� que ayer se tendría que haber dado la apertura a juicio, pero, tentativamente, se pasó para el 11 de agosto.
Oliva, a quien le imputan el delito de fraude, tiene 26 meses de estar en la prisión Mariscal Zavala, según su esposa.
“Ese delito tiene derecho a una medida sustitutiva, nosotros también pedimos eso. Uno entiende que algunos procesos se lleven tanto tiempo, entonces que les den una medida sustitutiva y que les den oportunidad de trabajar y aportar al país”, insistió.
El jefe de la PDH, Jorge de León Duque, comentó que el retraso en algunos casos es por “litigio malicioso” y en otros por acumulación de trabajo.
“Lamentablemente es una realidad en casi todos los procesos, los atrasos y el incumplimiento de los plazos”, dijo el procurador.
De León explicó que se investigará las causas del incumplimiento.
“Tenemos un antecedente de acumulación de casos en los que declaramos violación al debido proceso e hicimos recomendaciones al Organismo Judicial”, agregó.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contrató en forma irregular a la empresa Pisa para proveer un tratamiento a enfermos renales, de los cuales varios fallecieron.
El vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda, tenía apagado el celular al llamarlo para consultarle acerca del retraso en el proceso.
