La primera es que descubrieron en Estados Unidos a una testigo protegida, que según explicó el Ministerio Público abandonó, quien decidió decir la verdad, lo cual era un serio motivo para reabrir el caso por la muerte del obispo Juan Gerardi, por el cual había sido condenado a 20 años de cárcel.
“A la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado no le iba a gustar; esa ha sido su bandera insignia”, expresó.
Agregó que la testigo era empleada pública y estuvo en reuniones donde se sabía que el crimen habría sido por el robo de imágenes por la banda Valle del Sol y no político.
“En el sistema jurídico de Guatemala existe la revisión, y esa revisión funciona cuando hay una prueba extraordinaria; esto era una prueba extraordinaria, el FBI -Buro Federal de Investigaciones- le tomó la declaración a esta persona y el informe vino al MP donde se pidió que se reabra el caso”, dijo Luis Lima.
Segunda: Por dar información
La segunda es que trabajaba con una unidad que analiza pandillas en Washington y que en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte le pidieron a Lima apoyo para efectuar un análisis del Sistema Penitenciario (SP), con el fin de contar la situación de prisiones y las mafias que se manejan dentro.
El pasado viernes, según contó luis, un funcionario -extranjero- visitó a su hermano y hablaron sobre el tema carcelario.
“Una operación de esa no la hace cualquier delincuente tiene que haber alguien atrás con recursos, con logística, con permisos para ingresar armas y granadas, porque las armas y pistolas no entra caminando, y todo está entre la gente de la guardia penitenciaria.
Tercera: “Ejecución extrajudicial”
La última hipótesis es que hace casi dos semanas Luis Lima recibió información de una fuente del Ejecutivo de que planificaban matar a su hermano y que se haría una operación al estilo Boquerón y Pavo Real, para justificar la reforma del SP.
“Ellos se refirieron a mi hermano como el cáncer a extirpar”, indicó.
Luis Lima señaló que le advirtió a su hermano y por eso Byron usaba un chaleco blindado. Además responsabilizó al Estado de “la ejecución extrajudicial” de su hermano y no descartó la vinculación de otros sectores y exfuncionarios.