Los expositores fueron Victoria Sandoval, abogada de derechos humanos; José Rolando Alvarado, abogado de la familia, y Bill Browder, un millonario y conocido detractor del presidente ruso Vladimir Putin.
“Fue una tortura”
La primera intervención estuvo a cargo de Sandoval, quien afirmó que se violaron los derechos de la familia rusa desde que fueron trasladados a la carceleta de Torre de Tribunales hasta la fecha, porque no se tomaron en cuenta los problemas mentales de Anastasia Bitkov.
Sandoval relató los días que los rusos estuvieron retenidos previo a conocer las razones por las que habían sido capturados.
Su discurso se centró en los padecimientos mentales de Anastasia, que supuestamente fueron “ignorados” por las autoridades y que empeoraron en el transcurso de los días, hasta que autorizaron el traslado a un hospital, donde no fueron aceptadas junto con su madre Irina.
La defensora afirmó que las mujeres fueron recluidas en un área anexa para hombres, donde no tenían privacidad, “lo que significa que los hombres tenían contacto directo con ellas, no tenían baño privado, fue una tortura para ellas”.
Abuso de autoridad y extralimitación de funciones
Rolando Alvarado, abogado de la familia, dijo que conoció a Irina y Anastasia dos años antes de su captura y desde el 2015 es tutor legal del hijo de los esposos Bitkov, quien actualmente tiene 6 años.
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Relató que la familia fue condenada en enero de 2018 por uso de documentos y pasaportes falsos que fueron emitidos por el Estado de Guatemala, pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) argumentaron que fueron emitidos ilegalmente.
La Cicig y el MP iniciaron una persecución penal “notoriamente desproporcionada, como si se tratara de delitos de alto impacto como narcotráfico o terrorismo”, enfatizó Alvarado.
El defensor agregó que la Cicig canalizó su persecución penal a tribunales especiales que conocen crímenes de mayor riesgo, lo cual constituye una falta de derecho migratorio.
“Cicig no debía ser querellante en este caso porque el mandato dice que la comisión tiene competencia para investigar delitos por integrantes de aparatos clandestinos de seguridad y no fue acusada por ese tema, por lo tanto, no encuadra en ninguna de las funciones de la Cicig, extralimitándose en sus facultades e incurrió en abuso de autoridad”, destacó el abogado.
Además de violar el acuerdo de su creación, violó la convención de Palermo porque deliberadamente acusó a los migrantes y no a los victimarios, en este caso los representantes de la firma Cutino International, reiteró Alvarado.
Habla Browder
Browder conoció el caso de la familia rusa desde 2015 y en octubre de ese año envío una carta al entonces presidente Alejandro Maldonado, en la cual muestra su solidaridad y respalda la versión de los Bitkov-Bitkova de que se vieron obligados a escapar de Rusia debido a que, supuestamente, funcionarios cercanos a Putin les robaron sus empresas.
En la misiva, Browder afirmó que se identificó con el caso porque él también fue víctima.
“Mi abogado ruso, Sergei Magnitsky, fue encarcelado, torturado y asesinado luego de que expuso el robo de US$230 millones de oficiales corruptos del gobierno ruso”, aseguró.
Browder en su intervención resaltó que la Cicig en Guatemala es bien aceptada y que consideraba que muchas personas “no estarán de acuerdo con él”, pero argumentó que el caso evidencia faltas graves por parte de la comisión, por lo tanto, presentaron las pruebas correspondientes ante la comisión.
Vuelven a vincular a Mayra Véliz
El nombre de Mayra Véliz, secretaria General del Ministerio Público, volvió a relucir, porque según los abogados de la familia Bitkov, ella firmó la extradición cuando trabajaba en el departamentos de extranjería de la Dirección de Migración.
Alvarado comentó que recientemente un abogado visitó a Igor a prisión y le dijo que el gerente de la empresa confesó que emitió miles de pasaportes falsos y señaló que la Dirección General de Migración emitía entre uno y cuatro pasaportes ilegales por semana.
El abogado comentó a Igor que durante el tiempo que Véliz trabajó en Migración firmó documentos para extranjeros árabes y le dijo también que firmó documentos para militantes del grupo terrorista Estado Islámico.
El abogado dejó su nombre y teléfono, pero no quiere ser testigo en Guatemala porque corre peligro su vida, por lo que solicita que EE. UU le brinde seguridad y pueda hablar de esa estructura criminal.
Los congresistas, luego de escuchar los testimonios, indicaron que este es el primer paso y analizarán todas las pruebas para verificar su fundamento.
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